El juez Guillermo Atencio denunció por presunto encubrimiento a autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense después de que el cuerpo archivara el pedido judicial destinado a identificar quiénes firmaron los contratos de los empleados cuyas tarjetas administraba Julio “Chocolate” Rigau. La maniobra fue incorporada dentro de un expediente con casi 8.000 resoluciones y aprobada en apenas segundos por más de dos tercios de los presentes. La votación no fue nominal: sólo Christian Castillo dejó registrado su rechazo. Detrás del caso aparecen Claudio y Facundo Albini, históricamente vinculados al Frente Renovador de Sergio Massa.
Por RR
La Plata – 25 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– El caso Julio “Chocolate” Rigau, que hace tres años expuso una presunta estructura de recaudación mediante los salarios de empleados fantasma de la Legislatura bonaerense, acaba de abrir un nuevo frente judicial que ya no apunta únicamente a los operadores de la maniobra, sino a la propia Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció este viernes a autoridades legislativas por el presunto delito de encubrimiento después de comprobar que el cuerpo había archivado el pedido de la fiscal Betina Lacki para conocer quiénes fueron los legisladores que solicitaron la designación de aproximadamente medio centenar de contratados vinculados con la trama.
La nueva denuncia quedó radicada ante la UFI 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y constituye un desprendimiento de la investigación original por presunta defraudación contra la administración pública. Atencio sostuvo que la decisión legislativa podría haber significado un ocultamiento de pruebas y un entorpecimiento de la pesquisa, porque impidió acceder precisamente al documento capaz de responder una de las preguntas que persigue al expediente desde 2023: quién puso a los supuestos empleados dentro de la Legislatura.
El origen del escándalo se remonta a septiembre de 2023, cuando Rigau fue sorprendido frente a cajeros del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata, con decenas de tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara baja. La investigación determinó que el puntero retiraba mensualmente los salarios de esas cuentas y que los movimientos presentaban una mecánica reiterada: extracciones concentradas en determinados días, muchas de ellas fuera del horario bancario, sin el uso normal que tendría una cuenta sueldo.
La pesquisa terminó identificando como piezas centrales a Claudio Albini, histórico funcionario del área de Personal de Diputados; a su hijo Facundo Albini, exconcejal platense y dirigente del Frente Renovador; y al propio Rigau. Los tres están encaminados a juicio oral. La fiscalía anticipó pedidos de pena de alrededor de seis años y cuatro meses para Claudio Albini, más de cinco años para Rigau y cuatro años y tres meses para Facundo Albini. Actualmente permanecen bajo arresto domiciliario mientras el expediente avanza hacia un debate que podría recién concretarse en 2027.
Una pericia de la división especializada en lavado de activos estimó que sólo entre enero de 2022 y septiembre de 2023 el perjuicio neto habría alcanzado aproximadamente $395,4 millones, cifra que debe actualizarse por inflación y que no incluye eventuales maniobras realizadas durante años anteriores. En distintas etapas judiciales se manejaron cálculos mucho mayores, incluso cercanos a los $2.800 millones, al proyectar el funcionamiento prolongado del mecanismo.
La investigación mostró además que Rigau no actuaba como un simple cobrador aislado. Los mensajes extraídos de su teléfono revelaron una relación estrecha con los Albini, conversaciones sobre dinero, rendiciones y actividad política. En uno de esos intercambios, Facundo Albini le reprochaba que cobraba $200.000 mensuales desde hacía años y reclamaba su disponibilidad; en otros registros aparecieron referencias a dirigentes políticos y a la organización territorial del espacio en La Plata.
Es en ese punto donde aparece Sergio Massa, aunque con una precisión imprescindible: Massa no está imputado ni acusado penalmente en la causa Chocolate. La vinculación sería política y de proteccion. Facundo Albini fue dirigente y apoderado del Frente Renovador, espacio fundado por Massa, y también apoderado de Unión por la Patria en la provincia. Fotografías y antecedentes partidarios lo muestran participando de actividades con el exministro de Economía y candidato presidencial con una relación muy estrecha. Claudio Albini también fue señalado históricamente como un hombre relacionado con esa estructura política.
El propio Facundo Albini, antes de quedar detenido, reclamó que la investigación avanzara “hacia arriba” y planteó públicamente que debía determinarse quién había firmado cada contratación. Esa afirmación adquiere ahora una dimensión inesperada porque eso es exactamente lo que la fiscalía intentó establecer mediante los denominados “memos de propuesta de designación”.
La solicitud judicial llevaba más de un año y medio sin obtener respuesta cuando finalmente se conoció que la Cámara había dispuesto archivarla durante la sesión del 28 de mayo de 2026. El mecanismo utilizado resulta uno de los aspectos más llamativos del nuevo escándalo. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto destinado formalmente a ratificar decisiones administrativas de la mesa directiva. Dentro de un anexo que contenía aproximadamente 7.800 resoluciones y actuaciones, quedaron incluidos los expedientes relacionados con los oficios judiciales del caso Rigau. El texto fue incorporado fuera de término, tratado sobre tablas y aprobado en aproximadamente 38 segundos, sin debate público sobre los documentos que se estaban archivando.
La resolución posterior enviada a la Justicia fue terminante: el cuerpo había decidido, con el voto favorable de más de dos tercios de los miembros presentes, aprobar lo actuado y archivar las actuaciones. De esa manera, la Cámara se negó en los hechos a entregar la trazabilidad documental que permitiría saber qué diputado, autoridad legislativa o bloque había solicitado la contratación de cada uno de los supuestos empleados fantasma.
Pero determinar ahora quiénes votaron individualmente a favor presenta una dificultad que forma parte del propio escándalo: la votación no fue nominal.
El mecanismo habitual utilizado por la Cámara bonaerense es la votación “por signos”, en la que el acta deja registrado si un proyecto quedó aprobado o rechazado, pero no necesariamente cómo votó cada diputado. El Diario de Sesiones permite establecer quiénes se encontraban presentes, pero no identificar a los integrantes de esos dos tercios que acompañaron la resolución. La grabación tampoco permite reconstruir con certeza cada voto individual.
Sí existe una excepción documentada. Christian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, utilizó el mecanismo reglamentario que permite dejar asentada una posición individual y aparece expresamente registrado en contra. En el recinto había representantes de Unión por la Patria/Fuerza Patria, La Libertad Avanza, PRO, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y otros espacios. También estaba presente, entre otros, el diputado libertario Francisco Adorni, quienes no dejaron asentado su rechazo. La documentación disponible sólo acredita que más de dos tercios lo hicieron y no identifica nominalmente quiénes integraron esa mayoría.
Tignanelli queda inevitablemente en el centro político porque fue quien impulsó el proyecto que permitió archivar los expedientes. La Cámara está presidida por Alejandro Dichiara, mientras la respuesta formal comunicando a la Justicia que la documentación había quedado archivada fue cursada desde la Secretaría Legislativa. Ahora la fiscalía deberá determinar qué funcionarios tuvieron conocimiento específico de que dentro de aquel gigantesco paquete administrativo se encontraban los pedidos de información del caso Chocolate y quién decidió incorporarlos.
Ese punto será determinante para configurar o descartar el delito de encubrimiento, pero la lógica indicaría que quienes no dejaron asentado su rechazo son también responsables. No basta con demostrar que los diputados votaron una resolución administrativa: para determinar responsabilidades penales deberá establecerse quién sabía que el procedimiento podía impedir el acceso de la Justicia a documentos relevantes, quién preparó el anexo, quién decidió introducir los expedientes judiciales entre miles de resoluciones y si existió una decisión deliberada de ocultar la identidad de quienes habían pedido los contratos.
La nueva causa puede convertirse así en el camino que finalmente permita atravesar el techo político que la investigación original nunca consiguió perforar. Rigau fue encontrado con las tarjetas; los Albini quedaron procesados como presuntos organizadores o receptores del dinero; los titulares de las cuentas fueron identificados. Pero continúa sin conocerse oficialmente quién solicitó que esas personas fueran designadas y qué estructura política se beneficiaba finalmente con el dinero.
Tres años después de que un hombre con decenas de tarjetas y una bolsa de efectivo expusiera accidentalmente la mecánica, la pregunta central sigue siendo prácticamente la misma. Sólo que ahora la Justicia ya no investiga únicamente al cobrador y sus presuntos jefes: también debe establecer si una mayoría legislativa utilizó una votación no nominal, escondida dentro de miles de actuaciones administrativas, para impedir que se conocieran los nombres que podían conducir al verdadero origen de los contratos. La causa Chocolate comenzó frente a un cajero automático y terminó golpeando la puerta del recinto que debía explicar de dónde habían salido esas tarjetas.
Fuentes consultadas: expediente judicial del caso Julio Rigau; Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y Diario de Sesiones; Ministerio Público Fiscal bonaerense; documentación judicial vinculada con Betina Lacki, Guillermo Atencio y Álvaro Garganta; pericias de la Policía Federal Argentina; antecedentes públicos del Frente Renovador y de los dirigentes involucrados.
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