Pablo Moyano anunció asambleas, movilizaciones y un posible cese de actividades para forzar la inclusión de indemnizaciones a unos 6.000 recolectores de residuos porteños que conservarían sus puestos con las nuevas concesiones. La denominada “Ley Moyano” no es una norma sancionada por el Congreso ni por la Legislatura: nació como una práctica gremial impuesta desde fines de los años 90 y vuelve a escena mientras Hugo Moyano y su entorno familiar aparecen bajo investigaciones y cuestionamientos por millonarios movimientos de fondos del sindicato hacia empresas y fideicomisos vinculados a su esposa, Liliana Zulet.
Buenos Aires – 29 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – Pablo Moyano volvió a activar una de las herramientas de presión más características del Sindicato de Camioneros: la denominada “Ley Moyano”, una regla que lleva el apellido de la familia sindical pero que, pese a su nombre, nunca fue sancionada como ley y carece de una norma general que obligue automáticamente a aplicarla cada vez que cambia una concesión o el control de una empresa.
El mecanismo consiste en que, cuando termina una concesión, los trabajadores sean formalmente desvinculados, cobren una indemnización completa y luego sean incorporados nuevamente por la empresa adjudicataria o por la misma prestadora bajo el nuevo contrato. De esa manera, una persona puede mantener su empleo y, simultáneamente, percibir indemnizaciones sucesivas cada vez que cambia el esquema empresario. El propio Pablo Moyano reconoció públicamente que existen trabajadores que cobraron “tres o cuatro indemnizaciones” durante su trayectoria. Eso sí, los trabajadores mantienen la antiguedad para vacaciones.
La práctica comenzó a consolidarse en 1998, después de la finalización de la concesión de Manliba, y fue extendiéndose mediante negociaciones, conflictos y acuerdos a distintas actividades. En 2005, acuerdos celebrados entre empresas recolectoras y Camioneros contemplaron indemnizaciones conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo para trabajadores que pasaban de una prestataria a otra. Más tarde, en 2012, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, la Legislatura porteña autorizó un bono de $220 millones para afrontar pagos asociados al cambio de concesiones. Es decir, aunque la llamada “Ley Moyano” nunca adquirió carácter de ley general, la presión gremial consiguió convertirla reiteradamente en un costo asumido por empresas o por el Estado.
El nuevo conflicto se abrió porque el Gobierno de Jorge Macri prepara los pliegos para las concesiones de higiene urbana correspondientes al período 2028-2038 y los borradores conocidos hasta ahora no contemplan expresamente las indemnizaciones finales que reclama Camioneros. La Ciudad convocó oficialmente a una audiencia pública virtual para el próximo 5 de octubre, donde se analizarán los proyectos de pliegos del servicio.
Pablo Moyano respondió anunciando asambleas en las empresas recolectoras, movilizaciones y la posibilidad de interrumpir el servicio. El dirigente adelantó que la disputa será contra el Gobierno porteño, los empresarios y eventualmente la Justicia, y reconoció que un conflicto de esa magnitud tendría consecuencias directas para los vecinos de Buenos Aires.
El centro de la discusión es económico. Alrededor de 6.000 trabajadores quedarían alcanzados por el nuevo proceso licitatorio y, de acuerdo con las estimaciones difundidas en los últimos días, el costo total de las indemnizaciones podría rondar los US$200 millones. La paradoja es que esos trabajadores mantendrían sus puestos cuando entren en vigencia las nuevas concesiones en 2028, ya sea en sus actuales empresas o en las futuras adjudicatarias. El reclamo sindical consiste, por lo tanto, en cobrar una indemnización por una relación laboral que, en los hechos, tendría continuidad.
El pliego actualmente vigente sí contempla las llamadas “Indemnizaciones Finales”: establece que al finalizar el contrato cada adjudicataria calculará los montos correspondientes y que, una vez auditados, será el Gobierno porteño quien transfiera el dinero a las empresas para que paguen a sus trabajadores. Es precisamente esa cláusula la que Camioneros pretende conservar en la futura licitación y que la administración de Jorge Macri analiza eliminar o modificar.
La ofensiva sindical aparece, además, en un momento especialmente delicado para el clan Moyano. Durante 2026 se conocieron millonarias transferencias desde cuentas del Sindicato de Camioneros y de su obra social hacia empresas y fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y administradora de un conglomerado de compañías que desde hace años presta servicios al propio gremio.
Entre el 29 de abril y el 1° de junio de este año se registraron transferencias por alrededor de $2.580 millones hacia estructuras relacionadas con empresas controladas por Zulet y su familia. Una operatoria similar se había detectado durante septiembre de 2025, cuando se giraron aproximadamente $900 millones en apenas doce días hacia fideicomisos vinculados con ese mismo entramado empresario. En septiembre de este año también se conoció la existencia de un cuarto fideicomiso y un pico de transferencias que durante junio habría superado los $4.156 millones.
Entre las firmas que aparecen vinculadas al circuito figuran Iarai S.A., dedicada a prestaciones médicas y encargada de administrar servicios de la obra social camionera; Aconra S.A., del rubro de la construcción, y Dixey S.A., dedicada a la actividad textil. En sus directorios aparecen Zulet y familiares directos. Los fondos sindicales fueron canalizados también mediante fideicomisos cuyos domicilios coinciden con las oficinas de esas empresas.
La situación se vuelve todavía más llamativa porque Oschoca, la obra social de Camioneros, atraviesa desde hace años una profunda crisis financiera. Fuentes sindicales y periodísticas estimaron pasivos por decenas de miles de millones de pesos, caída en la cantidad de aportantes y restricciones en distintos servicios médicos, mientras el gremio continuó transfiriendo sumas millonarias hacia sociedades administradas por el entorno familiar de Moyano.
A ese cuadro se suma una investigación judicial en Mar del Plata por un presunto fraude en el Hotel 15 de Diciembre, propiedad del Sindicato de Camioneros. La Justicia ordenó una pericia contable para determinar el monto del supuesto desvío y dentro del propio gremio se habló inicialmente de cifras cercanas a los US$10 millones. Posteriormente, investigadores tributarios analizaron una hipótesis de desvíos por al menos $13.000 millones mediante facturación atribuida a proveedores que serían inexistentes o carecerían de capacidad operativa.
También continúa bajo análisis judicial el entramado patrimonial y societario que rodea a la familia Moyano. En una causa que tramita en Morón se investigaron operaciones vinculadas con propiedades en Parque Leloir y la posible utilización de fondos originados en estructuras del sindicato y la mutual. Parte de esas propiedades fue adquirida a través de sociedades relacionadas con Zulet y sus hijos.
En ese contexto, Pablo Moyano vuelve ahora a colocar a la Ciudad frente a una vieja fórmula de presión gremial: aceptar una indemnización extraordinaria para miles de trabajadores que conservarían sus empleos o enfrentar asambleas, movilizaciones y eventualmente la interrupción de un servicio esencial como la recolección de residuos.
El punto que deberá definirse en la nueva licitación excede por eso una simple disputa laboral. Si el futuro pliego reproduce el mecanismo vigente, el costo de la denominada “Ley Moyano” terminaría nuevamente trasladándose directa o indirectamente al presupuesto porteño. Si la Ciudad lo elimina, Camioneros ya anticipó que utilizará toda su capacidad de movilización para impedirlo, mientras sobre la conducción histórica del gremio avanzan investigaciones y cuestionamientos por el destino de miles de millones de pesos administrados dentro de un entramado en el que sindicato, obra social, empresas familiares y fideicomisos vuelven a aparecer estrechamente vinculados.
Fuentes consultadas: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Boletín Oficial porteño; legislación laboral y antecedentes de acuerdos colectivos; La Nación; Infobae; documentación judicial y antecedentes públicos del Sindicato de Camioneros.
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