El Gobierno español aprobó dos decretos separados para intentar salvar parte de su paquete de vivienda. El primero reúne las medidas con más posibilidades de obtener apoyo parlamentario; el segundo contiene la renovación automática de los alquileres, exigida por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, pero llega al Congreso sin respaldo asegurado. Pedro Sánchez vuelve así a enfrentarse a la fragilidad de su mayoría mientras crece la presión social por el precio de la vivienda.
Madrid – 29 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sumó este martes un nuevo problema político en uno de los asuntos que más desgaste está provocando a su administración: la vivienda. El Consejo de Ministros aprobó finalmente dos reales decretos separados después de una negociación contrarreloj entre el PSOE y Sumar, una fórmula que permite intentar salvar las medidas con mayor consenso y, al mismo tiempo, aislar la controvertida renovación automática de los contratos de alquiler, cuya aprobación parlamentaria continúa en duda.
La decisión deja expuesta la dificultad del Ejecutivo para transformar un acuerdo dentro de la coalición en una mayoría efectiva en el Congreso de los Diputados. El primer decreto incluye la ampliación hasta 2030 de determinadas protecciones frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, restricciones temporales a determinadas compras residenciales por fondos de inversión y la prórroga extraordinaria durante dos años de contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. El Gobierno considera que ese paquete tiene mayores posibilidades de atraer el respaldo de fuerzas indispensables para la legislatura, entre ellas Junts.
El segundo texto contiene la medida que más tensión generó durante las últimas horas: la renovación automática de los alquileres. La propuesta impulsada por Sumar busca que el arrendatario que cumpla sus obligaciones pueda permanecer en la vivienda y que el propietario necesite justificar determinadas causas para recuperar el inmueble. El modelo responde también a una de las principales exigencias del Sindicato de Inquilinas, que lleva semanas reclamando mayor estabilidad contractual. Sin embargo, la propia ministra de Vivienda reconoció que ese segundo decreto no había sido negociado previamente con el resto de los grupos parlamentarios, por lo que su futuro inmediato permanece abierto.
La maniobra recuerda lo ocurrido apenas cinco meses atrás. El 28 de abril, el Congreso derogó el Real Decreto-ley 8/2026, que contemplaba una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler y limitaba algunas actualizaciones de renta al 2%. El texto obtuvo 166 votos favorables, 177 en contra y cinco abstenciones. PP, Vox y Junts votaron contra la convalidación, mientras el PNV se abstuvo. Aquel antecedente explica buena parte de la cautela actual de Moncloa y la decisión de dividir las medidas para evitar que el rechazo a una de ellas arrastre al resto.
Junts se ha convertido nuevamente en una pieza decisiva. Después de tumbar el decreto de marzo, su portavoz Míriam Nogueras aclaró que el partido no rechazaba necesariamente una prórroga de los alquileres, pero reclamaba correcciones, entre ellas garantías para los propietarios que necesiten recuperar la vivienda y mecanismos frente a impagos. Esa posición explica por qué el PSOE intenta separar las medidas de mayor alcance intervencionista de aquellas que podrían obtener apoyo transversal.
El nuevo conflicto llega además bajo una fuerte presión callejera. Cientos de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol después del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años cuyo caso se convirtió en símbolo de las dificultades de acceso y permanencia en la vivienda. Las protestas se extendieron a otras ciudades y sectores de la izquierda parlamentaria elevaron la presión sobre el PSOE para que endureciera el decreto. Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG reclamaron medidas más amplias y advirtieron que no aceptarían un texto limitado.
La situación también refleja una contradicción más profunda en la política de vivienda de Sánchez. En 2023, el Gobierno presentó la Ley de Vivienda como una transformación estructural destinada a contener alquileres y ampliar la protección de los inquilinos. Tres años después, su aplicación sigue siendo desigual porque buena parte de las competencias recaen en las comunidades autónomas, varias de las cuales se negaron a declarar zonas de mercado tensionado, mientras las nuevas medidas dependen nuevamente de mayorías parlamentarias que el Ejecutivo no controla de manera estable.
El propio Sánchez reconoció durante septiembre que el mercado inmobiliario no estaba funcionando adecuadamente y defendió una mayor intervención pública. Su Gobierno puso en marcha el portal de viviendas de CASA47 y anunció contratos públicos de alquiler de larga duración, pero la presión social continúa creciendo y los precios siguen siendo una de las principales preocupaciones económicas de los españoles.
La urgencia política quedó demostrada con otra decisión poco habitual: en lugar de utilizar los treinta días disponibles para llevar los decretos a convalidación, el Gobierno solicitará un pleno extraordinario este viernes. Sánchez necesita comprobar cuanto antes qué parte del paquete puede sobrevivir al Congreso y evitar prolongar una negociación que ya exhibió públicamente las diferencias entre PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios.
El problema de fondo para Moncloa no es solamente jurídico ni inmobiliario, sino político. La vivienda se ha convertido en un terreno donde el Ejecutivo recibe presiones simultáneas desde posiciones contrapuestas: la izquierda reclama congelaciones, contratos más estables y mayor intervención sobre grandes propietarios; Junts y otros grupos exigen mayores garantías para la propiedad; mientras PP y Vox cuestionan que nuevas restricciones solucionen la escasez de oferta. Sánchez deberá reunir votos entre fuerzas que mantienen diagnósticos y soluciones muy diferentes justo cuando las movilizaciones trasladaron el problema desde el mercado inmobiliario hasta la estabilidad parlamentaria de su Gobierno.
El viernes, por tanto, no se votará solamente un nuevo régimen transitorio para los alquileres. La sesión servirá también para medir nuevamente hasta dónde llega la capacidad de Sánchez para convertir los acuerdos internos de su coalición en legislación efectiva después de que el mismo Congreso ya frustrara una iniciativa similar en abril.
Fuentes consultadas: Congreso de los Diputados; Presidencia del Gobierno de España – La Moncloa; RTVE; Europa Press; legislación española sobre arrendamientos urbanos y antecedentes parlamentarios del Real Decreto-ley 8/2026.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de TotalNewsAgency.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
