Una acusación federal estadounidense sostiene que una red vinculada con los servicios de inteligencia rusos intentó contratar sicarios para asesinar a un opositor del Kremlin en Washington por US$40.000. Los mensajes interceptados revelan que los reclutadores aseguraban disponer de hombres en México, país que desde hace años preocupa a Washington por la elevada presencia de personal ruso bajo cobertura diplomática.
Washington – 1 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- Una investigación federal estadounidense expuso uno de los episodios más graves atribuidos a la inteligencia rusa en territorio norteamericano: una red vinculada con los servicios de seguridad de Moscú habría intentado contratar asesinos para eliminar a un destacado opositor del Kremlin en Washington y llegó a ofrecer US$40.000 por ejecutar el crimen.
La acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York identifica a cinco integrantes de lo que los fiscales denominan RIS Network, una estructura que operaría desde al menos 2024 realizando vigilancia, sabotajes y preparativos de asesinatos contra disidentes rusos y objetivos vinculados con países que respaldan a Ucrania.
Entre los acusados aparecen Yuri Khrameev, de 63 años, señalado como ex coronel de los servicios de inteligencia rusos; su hijo Kirill Khrameev, de 27 años y oficial del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB); los cubanos Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suarez, alias “Viking”; y el venezolano Angel Eduardo Castro. Los cinco permanecen fuera de Estados Unidos.
El expediente describe un mecanismo especialmente inquietante: los operadores rusos no intentaban necesariamente trasladar agentes profesionales hasta Estados Unidos, sino utilizar intermediarios latinoamericanos para contratar residentes locales capaces de efectuar vigilancia previa y posteriormente ejecutar los asesinatos.
Durante julio de 2026, Castro contactó desde Rusia a un residente venezolano que vivía en Brooklyn y le pidió conseguir una persona de confianza en Washington. Las tareas iniciales fueron descriptas mediante lenguaje codificado: fotografiar domicilios y oficinas era “medir un terreno”, mientras asesinar al objetivo era realizar la “construcción”.
Después de recibir imágenes y videos del posible blanco, la red ofreció al reclutado US$40.000 para matarlo. El hombre se negó y los operadores comenzaron a buscar otra alternativa.
Fue entonces cuando apareció México.
Uno de los mensajes incorporados al expediente contiene una frase particularmente reveladora: “Tengo gente en México ahora mismo y están demorados. Sólo necesito una respuesta para saber si alguien puede hacer el trabajo”. La conversación muestra que los integrantes de la red contemplaban recurrir a ejecutores disponibles en territorio mexicano antes de continuar buscando asesinos dentro de Estados Unidos.
Ese elemento no prueba por sí solo que México funcionara como centro operativo formal del complot, pero se incorpora a una preocupación de inteligencia que Washington arrastra desde hace años: la utilización del territorio mexicano como plataforma privilegiada para operaciones rusas dirigidas hacia Estados Unidos.
Un estudio internacional sobre influencia rusa calcula que la presencia diplomática rusa acreditada en México creció cerca de 60% después de las expulsiones masivas de funcionarios rusos desde países europeos y llegó a aproximadamente 86 personas. Parte de ese incremento fue asociado por analistas occidentales con agentes del GRU, el servicio de inteligencia militar ruso.
La advertencia no es nueva. Ya en 2022, el entonces jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glen VanHerck, había afirmado ante el Congreso que México concentraba la mayor cantidad de integrantes de la inteligencia militar rusa desplegados fuera de Rusia. Distintos análisis posteriores mantuvieron esa evaluación y señalaron que la proximidad geográfica con Estados Unidos convierte al país en una plataforma especialmente atractiva para Moscú.
También existen antecedentes concretos. En 2022, el científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes fue condenado en Estados Unidos después de admitir que había actuado siguiendo instrucciones de una persona a la que identificó como integrante del gobierno ruso para vigilar a un informante estadounidense que había aportado datos sobre actividades de inteligencia de Moscú.
La administración de Claudia Sheinbaum mantiene una política particularmente sensible respecto de la presencia de agentes extranjeros. México exige que cualquier funcionario de inteligencia que opere en su territorio sea acreditado formalmente, y este año expulsó a agentes estadounidenses que habían ingresado sin autorización específica para realizar tareas operativas.
El contraste genera interrogantes porque informes estadounidenses sostienen que México no expulsó a diplomáticos rusos identificados previamente por Washington como integrantes de servicios de inteligencia. Un informe reciente del Congressional Research Service recordó que esas advertencias se remontan a 2022 y que las autoridades mexicanas no adoptaron una expulsión comparable a las realizadas por numerosos gobiernos europeos.
La identidad del objetivo principal del complot estadounidense permanece oficialmente protegida bajo la denominación “Víctima 1”. Informaciones posteriores señalaron al ex diputado ruso Ilya Ponomarev, crítico del presidente Vladimir Putin, como posible blanco de la operación de Washington. Otros dirigentes opositores, entre ellos el excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, fueron advertidos por servicios de seguridad estadounidenses y europeos sobre amenazas contra sus vidas.
Vladimir Kara-Murza, liberado de una prisión rusa en el intercambio de detenidos de 2024, también aparece mencionado entre los potenciales objetivos evaluados en distintas investigaciones, aunque no existe confirmación oficial de que fuera la persona cuya muerte se negociaba por US$40.000 en Washington.
El expediente revela además que el mismo entramado buscó asesinar a otro opositor instalado en Lituania. Allí, Yuri Khrameev habría ofrecido US$25.000 a un ciudadano estadounidense para matar a un hombre al que acusaba de “difamar” a Rusia. Cuando el reclutado rechazó el homicidio, se le ofreció alternativamente incendiar depósitos o infraestructura eléctrica en países favorables a Ucrania.
Las acusaciones describen así algo más amplio que un atentado frustrado. Para Washington, se trata de una red capaz de combinar inteligencia estatal, ciudadanos cubanos y venezolanos, reclutamiento criminal, sabotajes europeos y potenciales sicarios disponibles en América Latina.
El Kremlin rechazó las imputaciones estadounidenses y exigió pruebas antes de aceptar las acusaciones. Moscú ha negado reiteradamente ordenar asesinatos políticos en el exterior.
El significado estratégico del caso reside precisamente en el territorio elegido. Durante la Guerra Fría existió una regla tácita entre las grandes potencias: podían espiarse agresivamente dentro de sus respectivos países, pero ordenar asesinatos en territorio del adversario implicaba atravesar un umbral capaz de provocar una escalada imprevisible. Especialistas occidentales consideran que el expediente estadounidense muestra que aquella barrera podría estar desapareciendo.
Si la acusación judicial se prueba, el episodio colocará además a México frente a una cuestión difícil de ignorar. Su territorio no sólo sería utilizado como espacio de inteligencia próximo a Estados Unidos, sino como eventual reserva de reclutamiento para operaciones violentas. La combinación entre agentes extranjeros, redes criminales transnacionales y organizaciones del narcotráfico ofrecería a cualquier servicio de inteligencia una infraestructura clandestina especialmente peligrosa.
El verdadero problema para Washington y Ciudad de México ya no sería entonces contar cuántos diplomáticos rusos existen detrás de los muros de una embajada, sino determinar cuántos de ellos están utilizando estructuras criminales latinoamericanas para proyectar operaciones hacia territorio estadounidense. El complot descubierto este año muestra que esa hipótesis dejó de pertenecer exclusivamente a los manuales de contrainteligencia y comenzó a aparecer en expedientes judiciales federales.
Fuentes consultadas: Departamento de Justicia de Estados Unidos; Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York; FBI; Congressional Research Service; Comando Norte de Estados Unidos; Gobierno de México; Center for the Study of Democracy; documentación judicial federal estadounidense.
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