La ofensiva comenzó con el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras, pero ya apunta mucho más lejos: sectores del peronismo, la izquierda y bloques opositores convocaron a Diputados para intentar derribar íntegramente el DNU 70/2023, una de las principales bases jurídicas de la desregulación impulsada por Javier Milei. El argumento de una inminente “extranjerización” generalizada encuentra un contraste importante en los datos oficiales: hasta agosto de 2025 ninguna provincia superaba el límite histórico del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, aunque sí existían más de treinta departamentos por encima de ese nivel. La Corte, además, no declaró constitucional la derogación: se limitó a rechazar la demanda por falta de legitimación del actor.
Buenos Aires – 4 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA- Lo que comenzó como una batalla alrededor de la Ley de Tierras Rurales terminó transformándose en una ofensiva política mucho más ambiciosa: distintos sectores de la oposición buscan utilizar el fallo reciente de la Corte Suprema como plataforma para intentar que la Cámara de Diputados rechace completamente el DNU 70/2023, pieza central del programa de desregulación con el que Javier Milei inició su gobierno.
La discusión inmediata gira alrededor del artículo 154 del decreto, que derogó la Ley 26.737, sancionada en 2011 y destinada a limitar la propiedad o posesión extranjera de tierras rurales. Pero el objetivo legislativo que comenzó a tomar forma va bastante más allá de restablecer esa norma: la sesión especial convocada para el 15 de octubre pretende llevar nuevamente al recinto la totalidad del DNU, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024.
La diferencia es decisiva. Bajo la Ley 26.122, un DNU permanece vigente mientras no sea rechazado por ambas cámaras. El Senado ya lo hizo por 42 votos contra 25 y cuatro abstenciones; si Diputados replicara ese rechazo, el decreto perdería vigencia legislativa.
Por eso, lo que formalmente reapareció como una controversia sobre tierras rurales podría convertirse en una discusión sobre centenares de reformas económicas y regulatorias que nada tienen que ver con la propiedad rural.
El detonante fue el fallo de la Corte que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Pero existe un punto jurídico que resulta central: el máximo tribunal no resolvió que el artículo 154 del DNU sea constitucional. Los jueces concluyeron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación suficiente para promover esa acción y, por lo tanto, no existía un “caso o controversia” que habilitara un pronunciamiento sobre el fondo.
La consecuencia práctica fue que volvió a quedar operativa la derogación dispuesta por Milei, pero jurídicamente permanece abierta la posibilidad de que otros actores con legitimación diferente intenten cuestionarla.
La reacción opositora fue inmediata.
Dentro de las 48 horas posteriores al fallo comenzaron los cálculos parlamentarios y la convocatoria a una sesión especial. La estrategia política consiste en presentar la cuestión de las tierras como puerta de entrada para rechazar íntegramente el decreto. El propio material político que circula alrededor de la convocatoria reconoce que una parte de los gobernadores y bloques provinciales podría estar dispuesta a discutir específicamente la Ley de Tierras, pero no necesariamente a acompañar la caída completa del DNU 70.
Ahí aparece el principal problema para la oposición.
Una cosa es defender restricciones a la adquisición extranjera de tierras rurales y otra muy distinta es votar contra un decreto que, además de ese capítulo, modificó reglas sobre alquileres, comercio, tarjetas de crédito, energía, transporte, minería, medicamentos, relaciones laborales y numerosas actividades económicas.
La estrategia obliga así a legisladores provinciales y bloques dialoguistas a decidir si una controversia puntual justifica derribar un paquete normativo mucho más amplio.
También merece revisión el argumento de que Argentina se encontraría ante una extranjerización generalizada o fuera de control de su territorio rural.
Los últimos datos oficiales disponibles muestran que ninguna provincia superaba, a agosto de 2025, el límite del 15% establecido por la Ley 26.737. El registro nacional sí muestra una situación diferente cuando el análisis baja al nivel departamental: existen más de treinta departamentos que superaban aquel porcentaje, lo cual demuestra que el fenómeno no es inexistente pero tampoco permite describir a todo el territorio argentino como próximo a quedar mayoritariamente en manos extranjeras.
La antigua ley establecía un límite nacional, provincial y municipal del 15%, restringía además al 30% de ese cupo la participación correspondiente a personas de una misma nacionalidad extranjera y fijaba, con equivalencias territoriales, un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero.
Los registros disponibles indican que actualmente existen alrededor de 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras. Durante la administración Milei fueron otorgados 111 certificados de habilitación para adquisiciones por extranjeros: 35 en 2024, 29 durante 2025 y 47 hasta agosto de 2026. Esa cifra muestra operaciones concretas y permite discutir su conveniencia, localización y naturaleza, pero no acredita por sí misma la existencia de una transferencia masiva e inmediata del territorio nacional.
El debate, por lo tanto, tiene dos planos que la disputa política intenta superponer.
Uno es legítimo y específico: qué límites debería imponer Argentina a la compra extranjera de tierras rurales, especialmente en zonas fronterizas, áreas con reservas de agua, recursos minerales o territorios de particular valor estratégico.
El segundo es mucho más amplio: si esa discusión debe convertirse en el instrumento para eliminar de una sola vez el DNU 70.
En el Gobierno analizan distintas salidas para evitar que ambos asuntos queden políticamente atados. Una posibilidad es incorporar una nueva regulación sobre tierras dentro del proyecto de Ley de Soberanía Nacional; otra consiste en reabrir proyectos que establezcan nuevas garantías sobre propiedad y límites territoriales; y una tercera alternativa sería que el propio Ejecutivo modifique o elimine el artículo 154, aislando así el punto que alimentó la ofensiva parlamentaria.
La Casa Rosada tiene además una ventaja numérica inicial: según los cálculos parlamentarios recogidos en las últimas horas, los sectores que buscan rechazar todo el decreto todavía no reunirían por sí solos los votos necesarios y dependen de gobernadores y legisladores provinciales cuyos intereses no coinciden necesariamente con los del kirchnerismo o la izquierda.
El Gobierno llega a esa pulseada después de exhibir en París una escena política distinta. Milei compartió actividades con trece gobernadores y abrió negociaciones sobre inversiones, reformas y acuerdos electorales, en un contexto en el que la Argentina Week dejó compromisos privados por decenas de miles de millones de dólares. Esa interlocución provincial puede convertirse ahora en una pieza decisiva para impedir que el malestar por la Ley de Tierras se transforme en una mayoría contra todo el andamiaje del DNU.
El riesgo para la oposición es terminar convirtiendo una controversia concreta en una votación sobre numerosas reformas que varios gobernadores apoyaron, aceptaron o incorporaron a sus propias estrategias de desarrollo. El riesgo para el Gobierno es el inverso: insistir en defender sin modificaciones un artículo controvertido y darle a sus adversarios la oportunidad de reunir detrás de la bandera de la tierra rural a diputados que jamás habrían coincidido en derribar íntegramente el DNU 70.
La batalla legislativa que se aproxima, por eso, ya no será solamente sobre quién puede comprar campos argentinos. Será sobre si la oposición consigue transformar ese tema en el punto de apoyo necesario para derribar de una vez una de las principales herramientas jurídicas de la administración Milei, o si el Gobierno logra separar ambas discusiones antes de que lleguen juntas al recinto.
Fuentes consultadas: Corte Suprema de Justicia de la Nación; Cámara de Diputados; Senado de la Nación; Ley 26.122; Ley 26.737; Registro Nacional de Tierras Rurales; Ministerio de Justicia; documentación legislativa y judicial; información de Total News Agency; Noticias Argentinas; Chequeado; antecedentes parlamentarios relevados por TNA.
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