El primer ministro israelí acusó al Comité Nobel de haber perdido su brújula moral al premiar a Navi Pillay, a quien responsabiliza de difundir acusaciones falsas contra Israel y de proporcionar argumentos al exfiscal de la Corte Penal Internacional, destituido por conducta indebida grave tras denuncias de índole sexual. La cuestión estalló el mismo día en que Donald Trump impuso severas sanciones contra la institución judicial de La Haya.
Jerusalén – 10 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. La concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay desató una ofensiva política y diplomática del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien acusó al Comité Noruego del Nobel de haber perdido su autoridad moral al distinguir a una figura que, según denunció, construyó parte de su trayectoria internacional difundiendo acusaciones contra el Estado de Israel. El enfrentamiento adquirió una dimensión todavía mayor cuando el mandatario vinculó a la galardonada con Karim Khan, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) destituido en julio pasado por conducta indebida grave tras una investigación originada en denuncias de índole sexual.
La declaración de Netanyahu fue una de las más severas dirigidas por un jefe de Gobierno contra una decisión del Comité Nobel. El primer ministro afirmó que la institución había concedido su máxima distinción a una persona que, a su juicio, había promovido libelos de sangre contra el único Estado judío, una expresión de profunda significación histórica por su asociación con las antiguas acusaciones antisemitas utilizadas para justificar persecuciones contra las comunidades judías.
El mandatario fue todavía más lejos al relacionar directamente la actuación de Pillay con las investigaciones promovidas por Khan contra dirigentes israelíes. Según su interpretación, la jurista habría contribuido a legitimar al exfiscal y a proporcionar argumentos para las actuaciones de la Fiscalía contra Israel, mientras Khan enfrentaba acusaciones de conducta sexual indebida formuladas por personas vinculadas con el propio tribunal.
“Pillay proporcionó las mentiras. Khan las convirtió en armas”, sostuvo Netanyahu en una frase que condensó el núcleo de su denuncia política. También acusó a los integrantes del Comité Nobel de homenajear a una figura que, según sus palabras, había contribuido a la demonización de los judíos y a una perversión de la justicia.
La reacción israelí se produjo después de que el Comité Nobel anunciara el viernes 9 de octubre que Pillay, de 85 años, recibiría el galardón por sus esfuerzos en favor de la paz y del derecho internacional. La institución destacó su trayectoria en la persecución de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, así como su participación en algunos de los principales organismos judiciales internacionales.
Nacida en Durban, Sudáfrica, durante el régimen del apartheid, Pillay desarrolló una carrera jurídica que incluyó la defensa de activistas contra la segregación racial, su participación en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, su desempeño como jueza de la Corte Penal Internacional y su gestión como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.
Sin embargo, el aspecto más controvertido de su trayectoria reciente es su actuación como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. En septiembre de 2025, esa comisión presentó un informe que concluyó que las operaciones israelíes en Gaza reunían elementos constitutivos de genocidio, una conclusión rechazada categóricamente por el Gobierno israelí.
Israel cuestionó tanto los fundamentos jurídicos del informe como la imparcialidad de sus responsables. La controversia se desarrolla en el contexto de la guerra iniciada después de los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas en Israel y otras 251 fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.
El Gobierno israelí sostiene que sus operaciones militares tuvieron como objetivo desarticular la estructura terrorista y militar de Hamás, recuperar a los rehenes y evitar nuevos ataques contra su población. La comisión presidida por Pillay, en cambio, examinó las consecuencias de las operaciones sobre la población palestina, la destrucción de infraestructura civil, las restricciones humanitarias y las declaraciones de autoridades israelíes para fundamentar sus conclusiones.
La distinción entre esas actuaciones y las decisiones de la CPI resulta esencial para comprender el enfrentamiento. Pillay presidió una comisión investigadora de Naciones Unidas, mientras que Khan dirigía la Fiscalía de un tribunal internacional independiente. Netanyahu estableció una conexión política entre ambas actividades, pero los procedimientos institucionales y las competencias jurídicas de esos organismos son diferentes.
El escándalo de Karim Khan incorporó a la disputa un componente especialmente delicado. El 24 de julio de 2026, la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, integrada por los países miembros de la CPI, resolvió destituirlo de su cargo después de una investigación disciplinaria por denuncias de conducta sexual indebida.
La decisión fue respaldada por 82 Estados, que determinaron que Khan había incurrido en conducta indebida grave e incumplimiento grave de sus obligaciones, conforme al artículo 46 del Estatuto de Roma. La investigación había examinado, entre otros hechos, una relación sexual inapropiada y presuntamente no consentida con una abogada subordinada del tribunal.
Khan negó las acusaciones y sus representantes anunciaron que cuestionarían la decisión. La destitución fue una sanción institucional, distinta de una condena penal, y la propia Asamblea de Estados Partes precisó que el procedimiento disciplinario era independiente de las investigaciones y causas judiciales de la CPI.
El antecedente adquiere relevancia porque Khan había solicitado en mayo de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad vinculados con el conflicto de Gaza. El 21 de noviembre de 2024, una sala de jueces de la Corte emitió las órdenes después de examinar las solicitudes y los elementos presentados por la Fiscalía.
Israel rechazó esas decisiones, cuestionó la jurisdicción del tribunal y denunció una utilización política de los mecanismos de justicia internacional. La salida de Khan reavivó el debate sobre su conducta personal y la credibilidad institucional de la Fiscalía, aunque la Asamblea que lo destituyó dejó expresamente establecido que la investigación disciplinaria no alteraba la independencia de las actuaciones judiciales del organismo.
Para Netanyahu, la coincidencia entre las acusaciones formuladas contra Khan y las actuaciones internacionales relacionadas con Israel constituye un elemento central de su crítica. El primer ministro sostiene que el exfiscal recurrió a las acusaciones difundidas por Pillay para impulsar una causa contra dirigentes israelíes mientras intentaba enfrentar las denuncias personales que pesaban sobre él. Esa interpretación forma parte de la denuncia del Gobierno israelí y no fue establecida como conclusión del procedimiento disciplinario.
La controversia escaló todavía más cuando, pocas horas después del anuncio del Nobel, la administración del presidente estadounidense Donald Trump comunicó una nueva batería de sanciones contra la Corte Penal Internacional, esta vez dirigidas contra la institución en su conjunto y no solamente contra magistrados o fiscales individuales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones destinadas a impedir operaciones financieras y comerciales con el tribunal, incluyendo limitaciones sobre servicios estadounidenses, tecnología y transacciones en dólares. La medida contempla autorizaciones transitorias para determinadas actividades durante un período de 180 días, pero representa una ampliación sustancial de la presión económica de Washington sobre la institución.
Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y rechaza que la CPI pueda ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos en las circunstancias cuestionadas por Washington. La administración Trump también objeta las actuaciones contra dirigentes israelíes y considera que el tribunal ha excedido sus atribuciones.
La decisión fue celebrada por Netanyahu, quien comparte con Washington el cuestionamiento a la jurisdicción de la Corte sobre Israel. La coincidencia de posiciones consolidó una ofensiva diplomática contra una institución que cuenta con el respaldo de 125 Estados miembros y que fue creada para investigar y juzgar los delitos internacionales más graves cuando se cumplen los requisitos de su competencia.
La CPI rechazó las sanciones estadounidenses y advirtió que afectan el funcionamiento de un organismo judicial establecido mediante un tratado internacional. Su presidenta, Tomoko Akane, ratificó la continuidad de las tareas del tribunal, mientras gobiernos europeos, Canadá y Japón manifestaron preocupación por el impacto de las restricciones y reafirmaron su respaldo a la justicia penal internacional.
El enfrentamiento también provocó una reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que cuestionó duramente la decisión del Comité Nobel. La cartera diplomática llegó a mencionar al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels para expresar su rechazo al reconocimiento concedido a Pillay, profundizando el carácter excepcionalmente áspero de la disputa.
Por su parte, el Comité Noruego defendió la trayectoria de la galardonada y destacó la importancia de fortalecer el derecho internacional en un escenario de creciente presión política sobre los tribunales y las instituciones multilaterales. Pillay recibió el anuncio durante una actividad en Alemania y manifestó su sorpresa por la distinción, cuya ceremonia formal está prevista para el 10 de diciembre en Oslo.
El episodio deja planteada una confrontación que excede ampliamente la entrega de un premio. Israel cuestiona la legitimidad de determinadas investigaciones internacionales sobre su actuación militar, Estados Unidos utiliza instrumentos económicos para presionar a la CPI y varios gobiernos europeos consideran indispensable preservar la independencia de los organismos judiciales internacionales. En el centro de esa disputa aparece ahora una jurista cuya trayectoria fue distinguida por el Comité Nobel, mientras la destitución de Khan introduce interrogantes adicionales sobre los mecanismos de control interno y la responsabilidad de quienes ejercen funciones de acusación en tribunales de alcance mundial.
La próxima etapa del conflicto tendrá consecuencias concretas para el funcionamiento de la Corte: sus autoridades deberán evaluar cómo sostener operaciones, contrataciones, sistemas tecnológicos y mecanismos de cooperación internacional bajo las nuevas restricciones estadounidenses, al mismo tiempo que continúa el procedimiento para elegir al sucesor de Khan y permanecen abiertas las controversias judiciales vinculadas con la guerra de Gaza.
Fuentes consultadas: Comité Noruego del Nobel, Oficina del Primer Ministro de Israel, Corte Penal Internacional, comunicado institucional sobre las sanciones estadounidenses; Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, resolución y declaración del 24 de julio de 2026 sobre Karim Khan; Departamento de Estado de Estados Unidos, declaración de Marco Rubio y documento informativo del 9 de octubre; Associated Press, EFE, The Guardian.
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