Por Daniel Romero
Buenos Aires – 24 Octubre 2026 – Total News Agency – TNA. La amenaza de asesinato denunciada por las autoridades polacas contra el primer ministro Donald Tusk y su ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, volvió a colocar en primer plano una modalidad de confrontación que Rusia ha desarrollado intensamente desde la invasión de Ucrania: la guerra híbrida, mediante asesinatos selectivos, sabotajes, operaciones clandestinas y ataques contra infraestructuras estratégicas destinados a debilitar a Europa sin desencadenar necesariamente una guerra convencional.
El pasado 11 de octubre, los servicios de seguridad polacos anunciaron la detención de Krzysztof N., de 66 años, vinculado con un movimiento ultranacionalista y antiucraniano. La Fiscalía le atribuye preparativos de atentados y actividades extremistas. El 14 de octubre, la Justicia ordenó su prisión preventiva durante dos meses.
Aunque todavía no se ha acreditado una conexión operativa entre el sospechoso y los servicios rusos, el episodio adquiere gravedad por los antecedentes de asesinatos ejecutados en territorio europeo mediante operaciones atribuidas judicialmente a organismos de inteligencia de Moscú.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del exagente ruso Alexander Litvinenko, asesinado en Londres en noviembre de 2006, después de ingerir té contaminado con polonio-210, una sustancia radiactiva extremadamente peligrosa. Una investigación oficial británica concluyó en 2016 que los responsables materiales fueron Andréi Lugovói y Dmitri Kovtun, y que la operación del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) probablemente había sido autorizada por el entonces director del organismo, Nikolái Pátrushev, y por el propio Vladímir Putin.
El precedente volvió a repetirse en Berlín el 23 de agosto de 2019, cuando Zelimkhan Khangoshvili, ciudadano georgiano de origen checheno, fue ejecutado a tiros en un parque público. La Justicia alemana condenó a prisión perpetua al ciudadano ruso Vadim Krasikov y estableció que el asesinato había sido ordenado por organismos estatales de la Federación Rusa.
En este caso no se trató únicamente de una sospecha de inteligencia: un tribunal europeo declaró probado que el crimen había sido decidido por autoridades rusas y ejecutado mediante un agente enviado con documentación falsa.
Otro episodio tuvo lugar en Salisbury, Inglaterra, en marzo de 2018, cuando el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con Novichok, un agente nervioso de uso militar. Ambos sobrevivieron, pero meses después Dawn Sturgess, una ciudadana británica ajena a la operación, murió al entrar en contacto accidental con el veneno.
Una investigación pública británica, difundida en diciembre de 2025, concluyó que Putin había autorizado la operación ejecutada por agentes de la inteligencia militar rusa (GRU). El caso demuestra que estas acciones no solamente persiguen a objetivos determinados: también pueden provocar víctimas civiles y afectar a comunidades enteras.
A estos antecedentes se suman las denuncias sobre intentos de asesinato contra empresarios vinculados con el suministro de armamento a Ucrania.
El Financial Times publicó recientemente una investigación basada en información proporcionada por cinco servicios de inteligencia europeos, cuyos funcionarios advirtieron que Moscú estaría intensificando sus planes contra directivos de la industria de defensa continental.
El precedente más significativo fue el complot ruso descubierto en 2024 contra Armin Papperger, director ejecutivo del grupo alemán Rheinmetall, uno de los principales fabricantes europeos de armamento.
La estrategia es comprensible desde la perspectiva militar: si Moscú no puede impedir mediante una confrontación directa que Europa fabrique y entregue armas a Ucrania, puede intentar intimidar a quienes dirigen esas empresas, afectar sus instalaciones y aumentar los costos de mantener el respaldo a Kiev.
Un relevamiento del Centro Internacional de Contraterrorismo (ICCT), con sede en Países Bajos, identificó 141 ataques consumados y otros 45 planes fallidos o frustrados vinculados con operaciones rusas en Europa desde el comienzo de la invasión de Ucrania.
La inteligencia militar rusa, particularmente el GRU y su conocida Unidad 29155, ocupa un lugar central en las investigaciones occidentales sobre operaciones clandestinas. Tras la expulsión de numerosos agentes rusos de las capitales europeas, Moscú comenzó a utilizar con mayor frecuencia intermediarios reclutados mediante redes sociales y plataformas de mensajería.
El caso del británico Dylan Earl, condenado por organizar un incendio contra instalaciones vinculadas con suministros destinados a Ucrania, constituye un ejemplo documentado de esa modalidad. Las autoridades británicas establecieron que había mantenido contactos mediante Telegram con operadores vinculados con el grupo Wagner.
Los cables submarinos, otro frente de la guerra híbrida
Una de las amenazas más sensibles se encuentra bajo el mar. Europa depende de una extensa red de cables submarinos de telecomunicaciones, interconexiones eléctricas y gasoductos cuyo funcionamiento resulta indispensable para sus economías, sistemas financieros, comunicaciones gubernamentales y capacidades militares.
El 17 y 18 de noviembre de 2024, dos cables submarinos de comunicaciones fueron dañados en el mar Báltico: el BCS East-West Interlink, que conecta Suecia con Lituania, y el C-Lion1, que une Finlandia con Alemania. Las autoridades europeas iniciaron investigaciones conjuntas para determinar las circunstancias de ambas interrupciones.
El episodio más significativo ocurrió el 25 de diciembre de 2024, cuando resultaron dañados el cable eléctrico Estlink 2, que conecta Finlandia con Estonia, y cuatro cables de telecomunicaciones.
Las investigaciones finlandesas identificaron al petrolero Eagle S, vinculado con la denominada flota fantasma rusa, utilizada para transportar hidrocarburos eludiendo sanciones occidentales. Los especialistas encontraron sobre el lecho marino marcas de arrastre de un ancla durante decenas de kilómetros, compatibles con la trayectoria del buque.
La operación provocó la intervención de las autoridades finlandesas, que abordaron el petrolero y lo trasladaron para su investigación. Aunque los daños materiales fueron constatados, la intencionalidad y una eventual orden del Kremlin no pueden descartarse.
Un antecedente adicional ocurrió en octubre de 2023, cuando resultaron dañados el gasoducto Balticconnector, entre Finlandia y Estonia, y cables de telecomunicaciones. La investigación identificó movimientos del buque NewNew Polar Bear, de bandera hongkonesa, cuyo recorrido fue relacionado con el arrastre de un ancla. Tampoco en ese caso quedó acreditada una operación organizada por Moscú.
La sucesión de incidentes motivó una respuesta de la OTAN, que en enero de 2025 puso en marcha la operación Baltic Sentry, destinada a proteger infraestructuras submarinas mediante fragatas, aeronaves de patrulla marítima, sistemas de vigilancia y vehículos navales no tripulados.
El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, recordó entonces que más del 95% del tráfico intercontinental de datos depende de cables submarinos y que aproximadamente 1,3 millones de kilómetros de estas conexiones permiten sostener transacciones financieras internacionales estimadas en billones de dólares diariamente.
La vulnerabilidad no reside únicamente en la posibilidad de dejar sin Internet a una población. Una interrupción coordinada de comunicaciones submarinas puede afectar centros financieros, sistemas de pagos, infraestructura energética, logística militar y coordinación de operaciones defensivas.
Aun cuando existen rutas redundantes, los daños simultáneos contra varios puntos estratégicos podrían generar dificultades considerables para la seguridad europea.
La limitación militar rusa, el futuro de Putin y la respuesta de la OTAN
Existe una razón estratégica para que Moscú privilegie estos procedimientos. Rusia no dispone actualmente de una capacidad convencional suficiente para afrontar con perspectivas razonables de éxito una guerra generalizada contra el conjunto de las fuerzas europeas de la OTAN, especialmente mientras mantiene comprometidos recursos militares considerables en Ucrania.
Europa reúne una capacidad económica, industrial, naval y aérea considerable. Sin embargo, conserva deficiencias en coordinación militar, producción de municiones, inteligencia satelital y defensa antimisiles, además de una importante dependencia de Estados Unidos.
Esto no significa que Rusia carezca de capacidad para atacar territorio europeo, lanzar operaciones limitadas o recurrir a su arsenal nuclear. Significa que una confrontación convencional de gran escala contra la alianza occidental plantea costos y dificultades militares muy superiores a los de una campaña clandestina de sabotajes.
Pero existe otro factor que resulta indispensable considerar: el futuro personal de Vladímir Putin está estrechamente ligado al resultado de la guerra que decidió iniciar contra Ucrania.
Después de más de cuatro años de enfrentamientos, enormes pérdidas humanas, costos económicos y aislamiento internacional, Putin necesita presentar ante la sociedad rusa, las Fuerzas Armadas y los sectores más nacionalistas del régimen un resultado que pueda justificar semejante sacrificio.
Perder incluso el control del Donbás, territorio que Moscú considera central para sus objetivos bélicos, podría representar una derrota política de consecuencias extraordinarias para Putin. No se trataría solamente de una retirada militar, sino del derrumbe de una de las principales justificaciones de la invasión.
En un régimen caracterizado por las disputas entre servicios de inteligencia, mandos militares y círculos de poder, una derrota semejante podría desencadenar enfrentamientos internos e incluso poner en peligro la propia supervivencia del presidente ruso.
Putin debe saber que, si no consigue al menos conservar el Donbás, podría terminar no solamente desplazado del poder, sino víctima de una represalia de los mismos sectores que hoy sostienen su régimen. En términos extremos, podría terminar colgado por quienes le exigirían cuentas por la derrota. No se trata de un desenlace inevitable ni de una amenaza documentada contra su persona, sino de una hipótesis sobre las consecuencias que podría tener una fractura violenta del poder ruso.
La rebelión del jefe del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, en junio de 2023, demostró que incluso un sistema construido alrededor de una autoridad presidencial aparentemente indiscutible puede enfrentar desafíos provenientes de su propio aparato militar.
Ese antecedente ayuda a explicar por qué Putin mantiene exigencias territoriales que dificultan cualquier acuerdo de paz. Moscú no reclama únicamente conservar las posiciones ocupadas: también exige el reconocimiento de territorios que todavía no controla completamente.
Así, la continuidad de la guerra puede responder tanto a los objetivos estratégicos del Kremlin como a la necesidad de Putin de evitar una derrota que comprometa su permanencia en el poder.
En ese escenario adquiere importancia fundamental el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque armado contra uno de sus integrantes será considerado un ataque contra todos.
Su aplicación no está limitada a una invasión terrestre. La propia OTAN reconoce que ciberataques graves y otras operaciones híbridas pueden alcanzar, según su magnitud y consecuencias, el umbral necesario para activar la defensa colectiva.
Pero esa decisión requiere una evaluación específica. No todo sabotaje activa automáticamente el artículo 5, ni su invocación implica necesariamente una respuesta militar inmediata de todos los aliados.
Precisamente allí aparece una de las principales ventajas de la guerra híbrida: operar mediante acciones cuya autoría resulte difícil de demostrar y cuya gravedad individual pueda quedar por debajo del umbral que justificaría una respuesta colectiva.
Un incendio industrial, el asesinato de un empresario o la interrupción de un cable submarino pueden producir efectos importantes sin ofrecer pruebas inmediatas que permitan atribuirlos jurídicamente al Kremlin.
Moscú puede explotar esa incertidumbre para imponer costos y sembrar temor sin asumir abiertamente las consecuencias de una agresión militar contra la OTAN.
Europa, por su parte, enfrenta el desafío de proteger infraestructuras interconectadas y garantizar que sus servicios de inteligencia puedan detectar amenazas antes de que se concreten.
La respuesta occidental requiere cooperación efectiva entre los servicios de inteligencia europeos, fortalecimiento de la contrainteligencia, protección de infraestructura crítica y una coordinación mucho más profunda entre Estados Unidos, Europa y Canadá.
La defensa colectiva no puede limitarse al despliegue de divisiones blindadas, que al día de hoy generan muchas dudas, o sistemas antiaéreos. Debe incluir la capacidad de identificar a quienes financian, organizan y ejecutan operaciones clandestinas dentro del territorio aliado.
El desafío para Europa no consiste exclusivamente en prepararse para una eventual invasión rusa, sino en impedir que Moscú utilice una sucesión de agresiones encubiertas para erosionar gradualmente su seguridad y su voluntad política.
Europa deberá demostrar, tarde o temprano, que los asesinatos, atentados y sabotajes atribuidos a operaciones estatales extranjeras tienen consecuencias concretas, mediante respuestas proporcionales y suficientemente disuasorias.
Los antecedentes de Londres, Salisbury y Berlín, junto con los episodios registrados en las comunicaciones submarinas del Báltico, muestran que la confrontación entre Rusia y Occidente ya ha traspasado las fronteras de Ucrania.
En este contexto, la amenaza investigada contra Tusk adquiere un significado que excede las fronteras polacas: recuerda que la confrontación puede desarrollarse mucho antes de que un solo tanque atraviese una frontera, mientras la discusión sobre la aplicación del artículo 5 se convierte en una cuestión decisiva para la credibilidad de la disuasión atlántica.
Fuentes consultadas: investigaciones oficiales del Gobierno británico sobre Litvinenko y Dawn Sturgess, sentencia del Tribunal Superior Regional de Berlín, International Centre for Counter-Terrorism (ICCT), Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), OTAN, Policía Nacional de Investigación de Finlandia, Servicio de Seguridad Interior de Estonia, Council on Foreign Relations, Institute for the Study of War, Centre for Eastern Studies (OSW), TVP Polonia y material de VisualPolitik.
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