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La Asamblea General votó por mayoría dos resoluciones de cara a los muy cuestionados sufragios que se celebrarán en ambos países
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles con 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones una resolución que pide “condiciones democráticas mínimas” para el reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela programadas para el 6 de diciembre y en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas.
En concreto, el texto presentado por Colombia establece que el reconocimiento de los comicios “dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”.
Sin embargo, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos. El régimen de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea (UE), pero lo hizo fuera de plazo.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XINXXUNMP2EPMVEZG5ICELKY6U.jpg)
FOTO DE ARCHIVO- La intervención de Nicolás Maduro en la 75a Asamblea General anual de la ONU desde el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 23 de septiembre de 2020. (Palacio de Miraflores / Handout vía REUTERS)
Por tanto, en términos prácticos, el texto de la OEA establece una base jurídica que sirva para desconocer los resultados de las elecciones de diciembre y el posible retorno de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) a manos chavistas, tras cinco años en poder de la oposición.
De hecho, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió explícitamente al resto de naciones que “no reconozcan las elecciones ilegítimas de Venezuela, pasadas o presentes”.
Por otro lado, la Asamblea General también aprobó este miércoles -con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones- una resolución para pedir una reforma electoral y el despliegue de una misión de observación en las elecciones previstas para 2021 en Nicaragua.:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/E4UW34YVIRAJFDVCYLCCBBZSZM.jpg)
Imagen de archivo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda durante una ceremonia por el 199 aniversario de la independencia del país, en Managua, el 15 de septiembre de 2020. (Nicaragua’s Presidency/Cesar Perez/Handout via REUTERS)
El texto, que pide una reestructuración del Consejo Supremo Electoral -controlado por el oficialismo- para garantizar que funcione de forma independiente, transparente y responsable, fue aprobado por 20 países, con dos votos en contra y 12 abstenciones.
La resolución de Nicaragua fue impulsada por seis países: Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, EEUU y Venezuela, que en la OEA está representada por un enviado del presidente interino Juan Guaidó, ya que el régimen de Nicolás Maduro abandonó el organismo por iniciativa propia en abril de 2019. Nicaragua, junto a San Vicente y las Granadinas, votó en contra y 12 países se abstuvieron, incluyendo Argentina, México y Honduras.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones en noviembre de 2021, unos comicios en los que probablemente Daniel Ortega, en el gobierno desde 2007, busque un nuevo mandato. Estos serán los primeros comicios desde la ola de protestas que sacudió el país en 2018, un movimiento que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma del seguro social y que derivó en una movilización más amplia de rechazo al gobierno y cuya represión dejó al menos 328 muertos.
La iniciativa de la OEA insta a “que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”.
La resolución también pide al régimen nicaragüense que acepte el despliegue “amplio y efectivo” de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes. Asimismo, consideró “esencial” que el proceso electoral “conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos”.
También pide a Ortega que permita la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes, así como la distribución de tarjetas de identificación. Y se pide un recuento de los resultados que sea transparente y cuyos resultados sean retransmitidos en tiempo real.
Con información de AFP y EFE
