El Tribunal Oral Federal 4 retomará hoy el juicio contra el empresario santacruceño Lázaro Báez, por la causa conocida como “la ruta del dinero K“. Será la última audiencia de un juicio gigantesco y complejo, en la que dos acusados dirán sus últimas palabras, y se espera que, para la tarde, tras un cuarto intermedio, los jueces den a conocer el veredicto.
Además del fiscal Abel Córdoba, que pidió para Báez la pena más alta -12 años-, intervienen como acusadores en este juicio la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tres organismos dependientes del Poder Ejecutivo.
La multiplicidad de acusadores fue uno de los motivos de queja de las defensas a lo largo del proceso. Los organismos del Estado pidieron una condena de entre ocho y nueve año de cárcel para Báez, que está detenido desde 2016 con prisión preventiva. Ahora cumple arresto domiciliario en su casa.
La causa investiga la expatriación y repatriación parcial de más de 50 millones de dólares de origen ilícito que fueron suministrados por el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Para el fiscal Abel Córdoba, la maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866.
Según acreditó la Justicia, el dinero circuló desde Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá. Luego fue repatriado a través de la compra de bonos argentinos.
La audiencia para dar a conocer la sentencia, que inicialmente estaba programada para el miércoles 10 de febrero, fue postergada dos semanas por inconvenientes técnicos, según explicó en ese momento el TOF 4.
El tribunal oral analiza cuál es el delito precedente del presunto lavado: si la defraudación al Estado causada por el presunto direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, investigado en el caso conocido como Vialidad, en el que Cristina Kirchner está acusada, o la evasión impositiva de Austral Construcciones a través del uso intensivo de facturas truchas, investigada en los tribunales de Bahía Blanca.
El TOF está integrado por el juez Néstor Costabel y las juezas Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti.
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