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Por Lucía Salinas
Lo hace a través del área de recupero de activos, en una causa paralela donde se busca determinar si el empresario K adquirió propiedades como testaferro de la vicepresidenta.
Tras la condena de Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado, un expediente pone el foco en los presuntos negocios del empresario con Cristina Kirchner y su familia. En la mira, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan tienen una serie de intercambios comerciales, compra y ventas de inmuebles entre otras transacciones que vinculan a los Báez y los Kirchner. El expediente es el 2146/2019 y allí el empresario K condenado y la vicepresidenta están imputados por lavado de dinero.
El expedientes viene avanzando a paso firme y allí Marijuan y Casanello buscan determinar si los bienes por más de 205 millones de dólares que adquirió el contratista K son producto de un ilícito y si actuó como testaferro de los ex presidentes. Esta semana después de la dura condena contra Báez, se sumó nueva documentación al caso.
Lázaro Báez aún no se recupera de la sentencia dictada el miércoles pasado por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que lo acusó de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Lo condenaron a doce años de prisión. Sus cuatro hijos también fueron condenados con penas diferentes.
Esa causa, conocida como la Ruta del Dinero K, tuvo entre sus ejes centrales la determinación de a cuánto ascendía el patrimonio de Lázaro Báez. Hubo un paralelismo que se investigó: mientras su firma insignia Austral Construcciones recibía licitaciones viales del gobierno kirchnerista, parte de esos fondos los volcó a las maniobras de lavado. Las mismas incluyeron la compra compulsiva de propiedades y diversos bienes: 1.412 en ocho distritos diferentes.
Muchas de esas compra ventas de casas, terrenos y negocios celebrados comercialmente, se realizaron con Austral Construcciones, piedra angular de las operaciones investigadas en la Ruta del Dinero. Pero a su vez, muchas de esa adquisición de propiedades, como la venta de otras, se concretaron con la familia Kirchner.
Por ese motivo y a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión macrista, se abrió una nueva investigación que se desprendió de la causa principal cuyo juicio oral concluyó el miércoles pasado. El expediente actual se concentra exclusivamente en la fortuna del empresario K.
En la causa sólo están imputados Báez y Cristina Kirchner por decisión del fiscal Guillermo Marijuan y se investigan las operaciones “de adquisición de bienes en el país mediante sociedades del Grupo Báez” como también a título personal.
La fiscalía pidió a los colegios de Escribanos de al menos ocho provincias que remitan toda la documentación vinculada a la compra de propiedades por parte de Austral Construcciones, los dueños de la misma y demás integrantes de la compañía. La documentación comenzó a llegar la semana pasada, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
No descartan, desde la investigación, que el patrimonio de Báez sea aún mayor como también que aparezcan más nexos y operaciones cruzadas con la familia Kirchner.
El análisis de la documentación, estará a cargo del área de Recupero de Activos, dependiente de la Procuración, y tiene como finalidad determinar la cantidad de nexos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez respecto al acervo patrimonial y así poder llegar a responder el planteo central de este expediente: el origen de los bienes adquiridos y si el empresario K actuó como una “persona interpuesta”, es decir, como un testaferro, en esta caso, de la ex Presidenta.
La Justicia determinó que la fortuna de Báez en bienes registrados y detectados por la fiscalía asciende a 205.134.525 dólares, que “fueron adquiridos con dinero desviado de las arcas del Estado mediante maniobras de asignación irregular de obra pública, siendo Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner”, remarcó la UIF al pedir la investigación.
Para determinar los puntos que dieron origen a la causa, el fiscal Marijuan inició un relevamiento de todos los bienes registrados a nombre de Báez como de su grupo empresarial. “No se descarta que la fortuna supere los 205 millones de dólares, y que aparezcan más propiedades que deberán tasarse”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Ese cuantioso y millonario patrimonio quedó decomisado por orden del TOF 4 al entender que Báez lavó 60 millones de dólares, que debe afrontar una multa de 480 millones de dólares y además, otra correspondiente Austral Construcciones por 120 millones de dólares.
Ahora el área especializada de la Procuración, realiza los entrecruzamientos entre los nexos que tienen el empresario K y la vicepresidenta. Para ello, se requirió información a áreas de catastro de diferentes lugares, principalmente Santa Cruz, para determinar bien las fechas de las operaciones, quiénes intervinieron en las mismas, los montos implicados y de dónde provino el dinero comprometido.
El patrimonio de Báez se compone de terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron en 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones
Fuente Clarin
