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Por Mariano Gaik Aldrovandi
La norma, dictada en 2017, simplificaba el trámite de expulsión para condenados por delitos, imputados en causas penales y acusados de infringir la Ley de Migraciones.
La finalidad del decreto 70/2017, derogado este viernes por Alberto Fernández, era agilizar las expulsiones de los extranjeros. Alcanzaba a los acusados de haber cometido un delito como también a los infractores de la Ley de Migraciones 25.871.javascript:false
Durante el Gobierno de Mauricio Macri unos 3.000 extranjeros fueron expulsados del país. Vale decir que también fueron radicadas 820.000 personas, según datos oficiales de la gestión anterior .
De los 3.000 deportados, la gran mayoría fue durante la vigencia de la norma derogada hoy. Esa cifra se desprende de datos oficiales: en 2016 habían sido expulsadas 323 personas. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2017. A partir de entonces, la cantidad de migrantes que fueron obligados a volver a su país creció exponencialmente.
En abril de 2019, Clarín consignó una expulsión cada 13 horas, de acuerdo a las cifras de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que arrojaban un total de 156 en el primer trimestre de ese año.
La cifra representaba un ritmo de crecimiento del 43 %. Con el decreto 70/17, los expulsados pasaron de 239 en 2015 a 703 en 2018. Y hasta el primer trimestre de 2019 habían sido expulsadas 1.600 personas. Ese año se dio el grueso de las deportaciones cuando terminó el trámite de revisión de unas 1.500 personas que estaban en infracción a la ley migratoria y de 300 que estaban enmarcados en la figura del extrañamiento aplicada a personas condenadas que cumplieron la mitad de la pena en el país.
Wado De Pedro, actual ministro del Interior, de cuya área depende Migraciones.
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación también muestra cómo se aceleró el proceso de expulsión de los detenidos en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal (SPF). De 217 detenidos expulsados en 2017 pasaron a 300 en 2018, 453 en 2019 y en 2020 empezaron a descender y fueron 323.
Uno de los argumentos del Gobierno de Alberto Fernández para derogar el decreto fue “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa”.
Sin embargo, un ex funcionario de la gestión anterior desmintió ese argumento. “El objetivo del decreto era agilizar las expulsiones y, de hecho, las agilizó. Siempre respetando el debido proceso. La gente tenía derecho a la defensa, a tener un abogado defensor, la doble instancia administrativa y la doble instancia judicial. Ninguna persona fue expulsada sin conocimiento ni aceptación ni pronunciamiento de un juez. Ningún caso fue sin revisión judicial”, dijo la fuente consultada por este diario.
El peruano Arce León y el uruguayo Betancor Delgado, acusados de delitos, fueron expulsados en 2019.
La Dirección de Migraciones puede dictar la expulsión de un ciudadano extranjero cuando está en infracción a la Ley de Migraciones 25.871 o imputada en una causa penal. Esa decisión siempre necesita de una orden de “retención” firmada por un juez para que la persona sea trasladada a su país de origen.
En la práctica el decreto 70/17 no modificó nada de lo que ya existía pero endureció los controles para ingresar al país y simplificó el trámite de deportación. Lo que decía el macrismo es que antes un trámite de expulsión podía durar años por la gran cantidad de veces que un ciudadano extranjero podía apelar en la Justicia.
En 2019, la mayoría de las expulsiones fueron de ciudadanos chinos. La mayoría estaba enmarcada en casos de “tráfico de personas”. Luego, los países de la región son los que mayor cantidad de deportados tenían.
Oscar Andrés Scanziani (42), de nacionalidad uruguaya, fue deportado en 2019 en un ferry. Tenía cinco condenas por robo y había sido expulsado dos veces del país.
En la práctica, las medidas que hicieron subir la cantidad de deportaciones fueron, por un lado, un convenio para integrar la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) a la de Migraciones. Así la DNM puede saber en tiempo real si un extranjero está involucrado en una causa penal en el país.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había presentado un amparo para declarar inconstitucional al decreto 70/17. La Cámara de Apelaciones declaró le dio la razón pero el tema había escalado hasta la Corte Suprema.
Amnistía Internacional Argentina, uno de los organismos de derechos humanos que acompañó esa presentación, celebró la derogación de la norma. “No podemos más que celebrar el fin de este decreto, que fue acompañado de discursos xenófobos y discriminatorios por parte de autoridades estatales, que buscaban asociar la migración con la delincuencia”, dijo en un comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía.
Según las últimas estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) que datan de 2019, la población de extranjeros en las cárceles argentinas era del 6 %.
Esos datos varían de acuerdo a la jurisdicción. En las cárceles federales, donde hay detenidos por delitos como narcotráfico o trata de personas, la población migrante es del 18 %, la mayoría de países limítrofes. Pero en la Provincia de Buenos Aires, los ciudadanos extranjeros privados de la libertad rondaban el 5 %, de acuerdo al SNEEP.
La cifra va en sintonía con los datos de Amnistía Internacional que arrojan que la población migrante en la Argentina es del 5 % sobre el total, mientras que la participación de extranjeros en el delito es del 6 %.
En tanto, en la Ciudad, fuentes policiales señalaron que cerca del 18 % de los delitos son protagonizados por inmigrantes. También remarcaron que las últimas expulsiones se concretaron durante el Gobierno anterior.
PS
Fuente Clarin
