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La presidente de la TV Pública, que viene de ser noticia por el retiro de 11.400.000 en bolsos de las cuentas del estado, le cedió sus acciones a Alejandro Stillman dos días después de asumir, y luego lo nombró en la RTA con un jugoso sueldo.
Si hay algo que difícilmente pueda sorprender en la órbita de un gobierno relacionado al kirchnerismo, es la aparición de bolsos con dinero. Desde los fajos de Felisa Miceli a la escapada nocturna de José López, los escándalos relacionados a grandes sumas de dinero sueltas, sin registrar, que alguna vez fueran propiedad del estado –y por ende, de todos los argentinos –y luego terminan en otras manos, es parte de un escabroso día a día.
En los últimos días, la presidente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), Rosario Lufrano, designada por el presidente Alberto Fernández, quedó en el centro de la polémica cuando un directivo de la TV Pública retiró un bolsos 11.400.000 de pesos en efectivo de la cuenta del canal en el Banco Itaú. Según aseguró el acusado, el dinero estaba destinado a pagar los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano, aunque está terminantemente prohibido el pago en efectivo en medios públicos, por lo que la Justicia inició inmediatamente una investigación para arrojar algo de luz sobre los hechos.
Como presidente de la RTA, Lufrano cobra un impactante salario de 367.884 pesos de bolsillo por mes. Para acceder del mismo, como toda persona cuando asume un cargo público, tuvo que desprenderse de su empresa, Puerto Canal SRL. Sin embargo, en una maniobra por demás polémica, Rosario Lufrano -junto a su hermano Roberto Lufrano– le cedió la totalidad de sus cuotas y el cargo de gerente al padre de sus hijos, Alejandro Stilman, con quien, junto con Daniel Llermanos, llevan adelante otro emprendimiento llamado Balcarce 666. De este modo, la nueva presidente de RTA se liberó de su empresa, pero se encargó de dejarla dentro de los negocios de la familia.
Además, Lufrano modificó el domicilio de su empresa Puerto Canal SRL dos días después de asumir en el cargo, ubicándola en la calle San José al 124, del barrio de Monserrat. Insólitamente, es la dirección en la que vive el propio Stilman.
Las coincidencias y vericuetos económicos de Lufrano no terminan ahí. A poco de asumir, nombró al padre de sus hijos y nuevo propietario de su empresa, Alejandro Stilman, dentro de la RTA con un jugoso salario de 312.536 pesos.
Pero, además, el domicilio de Alejandro Stilman es utilizado en otra empresa que este comparte con el hermano de Lufrano: se trata de Multiner SAS, que, según su estatuto, está abocada a un amplio abanico de actividades, que incluyen “la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculos, editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte”.
De los movimientos empresariales y financieros de Lufrano se desprende que, en tan sólo el lapso de unos pocos meses, asumió como presidente de la RTA, para evitar independizarse realmente de su empresa se la cedió al propio padre de sus hijos, modificó el domicilio de la empresa para que coincida con la de su pareja, luego lo nombró dentro del organismo que preside, lo bendijo con un sueldo de más de 300 mil pesos y finalmente, entre tantos trámites, se olvidó notar que uno de sus directivos sacaba más de 11.400.000 de pesos en tres extracciones (dos por 5 millones y una por 1.400.000) en bolsos para costear algo que no se puede pagar en efectivo.
Una vez más, la política, al menos en Argentina, demuestra ser el arte de lo posible. Lamentablemente, los funcionarios parecieran insistir en torcer esa imposibilidad hacia el lado del delito.
Fuente Realpolitik
