A una comisión le falta solo la guillotina

Por Joaquín Morales Solá

Las revoluciones son crueles. Y lo son más aún cuando se trata de revoluciones que solo existen en la fantasía, cuando son una creación imaginaria de los que se benefician de ellas. El ejemplo histórico más clásico es el que protagonizó Robespierre durante los años del Terror de la Revolución Francesa. Ejecutó en la guillotina a una cantidad enorme de supuestos enemigos de la revolución, incluidos viejos amigos y compañeros suyos. Aquí y ahora, se acaba de conocer el dictamen final de una comisión bicameral de control de los servicios de inteligencia. Esa comisión ya existía, pero su actual presidente, el diputado hipercristinista Leopoldo Moreau, elevó las funciones reglamentarias del cuerpo y reclamó la constitución de otra comisión bicameral (con mayoría –cómo no– del kirchnerismo) para investigar el trabajo de jueces y fiscales durante el gobierno de Mauricio Macri. De paso, garabateó el futuro cuando en ese dictamen señaló que los medios periodísticos –y los periodistas, obviamente– son parte de “un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de las prácticas mafiosas”. El próximo pedido de Moreau será seguramente para conformar una comisión bicameral de investigación del periodismo en los años de Macri. Una primera sorpresa: es increíble que el término “plan sistemático” haya sido usado por dirigentes de la democracia argentina. Así se calificó el plan del último régimen militar para exterminar a la insurgencia armada.

Jueces, fiscales y periodistas desfilando ante una comisión parlamentaria, sometidos a la indagatoria y al escarnio, sería un show perfecto para la vicepresidenta y sus seguidores. Sin embargo, el principal problema de la comisión Moreau es que le falta rigor, la permanente penuria intelectual del cristinismo. Ya hay ejemplos notables de lo que puede cometer esa comisión. Hace poco, trató en supuesta sesión secreta la causa que se ventilaba en Lomas de Zamora por el presunto espionaje ilegal en tiempos de Macri. Esa causa pasó ahora a la Justicia Federal de la Capital por orden de la Cámara de Casación. Durante el debate, uno de los legisladores kirchneristas dijo que un periodista (nos reservamos el nombre para no ser cómplices) había sido espiado, y los espías habían analizado la posibilidad de colocarle en su casa una bomba de trotyl. El periodista, que es parte de la causa porque realmente fue espiado, recurrió al expediente judicial. Tiene acceso a él. En ninguna de sus muchas hojas encontró la referencia a una bomba de trotyl. En la misma reunión se mencionó el nombre de un editor periodístico al que supuestamente habían amenazado también con colocarle una bomba de trotyl en su casa. Ni el nombre del editor ni la bomba de trotyl están en el expediente. Si existiera la guillotina, la comisión Moreau ya habría segado varias cabezas con esos datos falsos.

Los representantes de la oposición en esa comisión, los diputados José Cano y Cristian Ritondo, firmaron un dictamen en minoría en el que señalan que la comisión Moreau se extralimitó en sus funciones. Encima, denunciaron, algunos de sus miembros ventilaron secretos de Estado, pidieron expedientes judiciales y luego los devolvieron con nuevas pruebas, facultad que la comisión no tiene. También citaron a imputados en la causa, espías de los servicios de inteligencia, cuando no pueden hacerlo. Moreau y los diputados también cristinistas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, miembros de esa comisión, recorrieron los canales de televisión cercanos al kirchnerismo para hablar de causas, testimonios y supuestas culpabilidades que son secretas. Ahora bien, ¿para qué serviría la comisión bicameral de investigación de jueces y fiscales? Ya existe el Consejo de la Magistratura para investigar y sancionar a los jueces. Y también existe una comisión bicameral de control del Ministerio Público (es decir, de los fiscales). ¿Cuántas veces quieren investigar a jueces y fiscales que trabajaron en la instrucción de las causas de corrupción en los gobiernos de los Kirchner? La propuesta de la comisión Moreau es el programa de un espectáculo. Nada más.

Jueces, fiscales y periodistas desfilando ante una comisión parlamentaria sería un show perfecto para la vicepresidenta

En un giro inesperado, la diputada Graciela Camaño, que entró a la Cámara por el lavagnismo y ahora dice que se representa solo a sí misma, hizo aprobar en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura una resolución para investigar al juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani por una denuncia de violencia de género. La resolución ordena una encuesta anónima en esa Cámara sobre Gemignani y les pide la opinión a los sindicatos. Una encuesta anónima en una institución de la Justicia es un inédito contrasentido. La Justicia reclama testimonios y pruebas concretas para acusar y condenar a cualquiera. Una encuesta anónima podría abrir la puerta para la delación de quienes simplemente no quieren al juez. Solo un representante de los jueces, el magistrado Ricardo Recondo, votó en contra de ese esperpento jurídico. El cristinismo se alineó detrás del proyecto de Camaño, que fue aprobado por mayoría simple. ¿La delación es una herramienta legítima de la democracia? ¿O, acaso, solo sirve cuando no hay pruebas suficientes para sancionar a alguien?

Tanto ADEPA, que nuclea a los medios periodísticos de todo el país, como Fopea, que agrupa a cientos de periodistas argentinos, denunciaron con duros términos la alusión de la comisión Moreau a los medios y a los periodistas. Moreau le contestó a ADEPA con una carta también llena de inexactitudes. Dice, por ejemplo, que la denuncia del lawfare (guerra judicial) es una práctica que fue denunciada por el propio papa Francisco. La única mención del Pontífice al lawfare fue una advertencia sobre su uso en el mundo; nunca pronunció esa palabra para referirse a la Argentina. En la misma carta hace alusión (sin nombrarlo) al periodista Marcelo Longobardi, a quien acusa de haber dicho que “había que formatear autoritariamente a nuestra sociedad”. Longobardi no dijo eso. Señaló que la pobreza es funcional al populismo, y que este necesita de más autoritarismo cuando no puede conformar las necesidades de los pobres. Fue la denuncia de un sistema, no su defensa. Es probable que no lo haya dicho con la claridad necesaria, aunque es una conclusión obvia para cualquiera que lo conoce o lo escucha. Pero el propio periodista pidió disculpas de inmediato por la manera como se expresó. La realidad tiene un problema: los cristinistas escuchan una sola vez, y escuchan lo que quieren escuchar.

En Twitter, Moreau acusó al periodista Daniel Santoro de haber participado en operaciones de inteligencia ilegales. En la carta a ADEPA, el legislador recordó que Santoro está procesado por la Justicia. En efecto, Santoro fue procesado sin pruebas, solo con deducciones, por el juez federal Luis Rodríguez, eternamente vinculado a los servicios de inteligencia y al operador kirchnerista Javier Fernández. Pero Santoro fue procesado por supuesta extorsión, no por espionaje ilegal. Santoro apeló esa decisión de Rodríguez.

La función de la comisión Moreau es controlar el funcionamiento de la AFI, como se llama ahora la ex SIDE. Solo esa. No figura entre sus menesteres meterse en causas judiciales o aportar pruebas a la Justicia, salvo cuando tropieza con un delito nuevo. La mayoría cristinista se pavoneó diciendo que esa agencia había donado el año pasado 80 millones de pesos para la lucha contra la pandemia. No contó, en cambio, que le aumentaron el presupuesto durante este año en 3000 millones de pesos. La revolución es cruel y el show es caro.

Fuente La Nación