Sobre el filo de los plazos, el Gobierno presentó sus argumentos ante la Corte Suprema de Justicia con los que quiere suspender las clases presenciales en la Ciudad y dejar vigente el decreto de restricciones dictado por Alberto Fernández ante la segunda ola de coronavirus.
La presentación la realizó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, cerca de las 23 de este lunes, en una presumible estrategia para dilatar al límite los plazos, cuyos vencimientos estipulados eran la mañana de este martes.
En un documento de más de 100 páginas, el Gobierno nacional argumentó su posición para rebatir la postura ya presentada por el equipo de la Ciudad, encabezado por el procurador porteño Gabriel Astarloa, en representación de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Astarloa había objetado el cierre de las escuelas porteñas por considerarlo una decisión “inconstitucional”, “arbitraria” e “irrazonable”.
“Es evidente que la protección de la salud pública y de la vida justifica la limitación del derecho a circular”, argumenta el equipo de Zannini en el escrito.
Y aclara: “La restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas; así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases”.
En el documento oficial, también solicitan que la Corte cite a la gobernación bonaerense de Axel Kicillof como “tercero de la intervención obligada”.
Según Zannini, “cualquier decisión que eventualmente adopte” la Corte sobre el alcance del decreto “tendrá efectos ineludiblemente, de una u otra manera, sobre la esfera de la Provincia de Buenos Aires”.
Para el Gobierno, si el decreto se dejara sin efecto afectaría a la Provincia.
“De ese modo aumentaría la circulación entre las jurisdicciones involucradas y, por lo tanto, se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios poniendo en riesgo así la salud de la población y el sistema sanitario no solo de la CABA, sino también de la Provincia”, expuso la Nación.
Y también pidió que el máximo tribunal “rechace tanto el pedido de medida cautelar” presentado por el Gobierno porteño como la “demanda interpuesta”.
El escrito tiene 113 páginas, fue presentado vía mail y lleva la firma de los abogados del Estado, Carolina Maidana, Axel Monsech Páez y Santiago Herrera, además de la del subprocurador Horacio Diez y la del procurador K.
Zannini habría dilatado la presentación judicial como parte de una estrategia procesal.
Además, adjuntaron como prueba informes del Ministerio de Salud de la Nación y un dictamen de la Comisión Bicameral Permanente emitido hace cuatro días sobre el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia.
Zannini también desconoció toda la prueba documental presentada por Astarloa.
Se trata de 22 documentos que había anexado la Ciudad. Entre ellos, una declaración de la Academia Nacional de Educación y dos documentos de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de los cuales fue elaborado en conjunto con Unicef.
Los argumentos de la Ciudad
Son tres los ejes del amparo que había presentado la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de ellos era la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad: “La decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal”.
Además, señalaba una violación al principio de razonabilidad. “La suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos”, explicaron en aquella oportunidad.
Por último, mencionaban la violación del principio de supremacía federal, según el cual “se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino”.
Ahora, con su presentación, Zannini busca controvertir esos tres puntos centrales.
Se espera que la Corte pida la opinión del procurador general Eduardo Casal, que de todos modos no es vinculante.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que ese paso no está contemplado como obligatorio, lo que agilizará los plazos para la toma de una decisión. Cuatro de los cinco ministros de la Corte se encontraban el viernes trabajando en sus respectivos votos.
DS
Fuente Clarin
