Por Darío Rosatti
Buenos Aires – 13 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación judicial por las presuntas irregularidades cometidas durante la compra de vacunas contra el COVID-19 continuará este martes con la declaración indagatoria de la ex asesora presidencial Cecilia Nicolini, mientras el empresario farmacéutico Hugo Sigman permanece sin una nueva fecha para comparecer después de haber conseguido postergar en tres oportunidades su presentación ante el juez federal Ariel Lijo.
Nicolini deberá concurrir a las 11 a los tribunales federales de Comodoro Py, donde será interrogada sobre su intervención en las negociaciones mantenidas durante el gobierno de Alberto Fernández con fabricantes y proveedores de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.
La causa fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien procura determinar si la estrategia oficial de adquisición de vacunas respondió exclusivamente a criterios sanitarios, epidemiológicos y contractuales o si existió un direccionamiento destinado a favorecer los intereses de determinados laboratorios y empresarios locales.
Nicolini tuvo una participación directa en las tratativas con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el Instituto Gamaleya para la adquisición de Sputnik V. Durante la emergencia sanitaria mantuvo comunicaciones frecuentes con autoridades rusas, realizó viajes vinculados con las negociaciones y fue una de las principales interlocutoras del Poder Ejecutivo en la búsqueda de dosis.
La Justicia busca reconstruir las decisiones adoptadas durante los meses más críticos de la pandemia, cuando la Argentina enfrentaba una fuerte competencia internacional por las vacunas y el Gobierno demoró la celebración de un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer.
Entre los puntos bajo análisis figuran las modificaciones introducidas en la legislación para limitar la responsabilidad patrimonial de los fabricantes, las diferencias contractuales con Pfizer, la elección de otros proveedores y los vínculos previos de funcionarios del Ministerio de Salud con empresas y fundaciones del sector farmacéutico.
En el expediente también fueron citados el ex subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud Mauricio Alberto Monsalvo, el ex director nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli y la ex subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica Sonia Gabriela Tarragona.
Monsalvo se presentó la semana pasada ante el juzgado, entregó un escrito con su descargo y se negó a responder preguntas. Tarragona fue directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013, entidad presidida por Silvia Gold, esposa y socia de Sigman, circunstancia señalada por la fiscalía dentro del conjunto de vínculos que pretende analizar.
La situación más controvertida continúa siendo la de Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud y titular de mAbxience, la empresa elegida para producir en la Argentina el principio activo de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.
Sigman había sido convocado inicialmente para declarar el 19 de mayo, pero su defensa consiguió postergar la audiencia. Una segunda citación tampoco pudo concretarse y, cuando debía presentarse finalmente el 29 de junio, promovió un recurso ante la Cámara Federal.
Lijo admitió la presentación y suspendió la indagatoria hasta que el tribunal de alzada resolviera el planteo. Desde entonces no fijó una nueva fecha para escuchar al empresario, quien permanece formalmente imputado pero todavía no respondió personalmente a las acusaciones.
La sucesión de postergaciones generó cuestionamientos sobre la capacidad de Sigman para dilatar su comparecencia en una causa sensible y sobre la tolerancia del juzgado frente a las maniobras procesales planteadas por su defensa.
La presentación de recursos constituye un derecho de cualquier imputado y no puede ser considerada por sí misma una prueba de culpabilidad. Sin embargo, la diferencia entre la situación de Sigman y la de los ex funcionarios que ya comenzaron a declarar alimentó las sospechas políticas sobre la existencia de un tratamiento privilegiado.
La fiscalía sostiene como hipótesis que durante la pandemia pudo haberse demorado la adquisición de vacunas de Pfizer para favorecer proyectos industriales vinculados con empresarios argentinos. Esa acusación deberá ser demostrada mediante contratos, comunicaciones oficiales, pericias y documentación empresarial.
La compañía mAbxience produjo el ingrediente farmacéutico activo de la vacuna AstraZeneca en su planta de Garín, provincia de Buenos Aires. El producto debía ser enviado posteriormente a México para su fraccionamiento y envasado por el laboratorio Liomont, dentro de un acuerdo financiado por la fundación del empresario mexicano Carlos Slim.
El proyecto sufrió demoras en la etapa de formulación y envasado desarrollada fuera de la Argentina, mientras el país aguardaba la llegada de millones de dosis comprometidas. Sigman sostuvo públicamente que su empresa había cumplido con la producción y el envío del principio activo y que no intervenía en la compra estatal ni en la distribución final.
El empresario y su esposa controlan uno de los conglomerados farmacéuticos más poderosos de la región. Además de mAbxience, el Grupo Insud participa en compañías de medicamentos, biotecnología, producción veterinaria, agronegocios, actividad forestal, cine y medios culturales.
Sigman también comparte la propiedad de Laboratorios Elea-Phoenix con las familias Gold y Sielecki. Ese grupo amplió recientemente sus negocios regionales mediante la adquisición de una participación mayoritaria en la farmacéutica brasileña Cellera Farma.
Algunas versiones mencionan la relación de un empresario del sector y pariente de Sigman, quién está muy vinculado al juez Lijo, podría ser el motivo por el que aún no tiene nueva fecha de presentación.
Por otro lado, están acreditadas las relaciones societarias entre los Sigman, los Gold y los Sielecki y la extensa red de contactos políticos del grupo, que mantuvo vínculos con distintas administraciones nacionales, desde el kirchnerismo hasta gobiernos de signo contrario.
El expediente dirigido por Lijo intenta determinar responsabilidades penales por supuestas negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, administración fraudulenta y direccionamiento de contrataciones durante la emergencia sanitaria.
Además de Nicolini y Sigman, fueron convocados la ex ministra de Salud Carla Vizzotti, Silvia Gold y otros funcionarios y ejecutivos que participaron en las negociaciones, autorizaciones y contratos.
Las defensas sostienen que las decisiones fueron adoptadas en un escenario excepcional, marcado por la urgencia sanitaria, la incertidumbre científica, la escasez mundial de vacunas y la competencia entre países por asegurar las primeras entregas.
La fiscalía, en cambio, considera necesario establecer si esas circunstancias fueron utilizadas para justificar decisiones que beneficiaron a actores privados con vínculos previos con funcionarios del área de Salud.
La declaración de Nicolini será una instancia central para reconstruir las negociaciones con Rusia y determinar por qué determinadas vacunas fueron priorizadas mientras el acuerdo con Pfizer quedó paralizado durante varios meses. En Estados Unidos siguen el expediente empresarios y agencias.
La atención también permanecerá sobre Lijo, quien deberá decidir cuándo volverá a citar a Sigman. Mientras ex funcionarios y técnicos comienzan a responder ante la Justicia, el empresario más poderoso involucrado en el expediente continúa sin sentarse frente al juez.
Ampliaremos.
