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Por Johan Obdola-Para Total News Agency
La violencia de los combates en el estado venezolano de Apure (en la frontera con Colombia) no deja de crecer y las Fuerzas Armadas, que luchan contra los disidentes de las FARC, se han visto obligadas este martes a enviar más tropas mientras expanden un manto de opacidad que ha incluso llevó a que no se hiciera público el número de víctimas.
Hasta el momento, la información difundida por fuentes oficiales o militares ha sido muy escasa y se desconoce el número de soldados desplegados en la zona o si cuentan con algún apoyo adicional, a pesar de que varias organizaciones han asegurado que la fuerza de élite ha sido desplegada de la Policía, conocida como FAES. Este grupo policial ha sido denunciado por numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido su desmantelamiento.
Como parte de esta opacidad informativa, ninguna fuente oficial o militar ha confirmado a qué grupo armado se enfrentan, a pesar de que los militares han difundido fotos con uniformes incautados con los logotipos y siglas de la ex guerrilla de las FARC.
La estrategia es una orden del régimen venezolano es silencio. Ni un solo dato revela la atrocidad de la carnicería que ocurre en Apure con los militares venezolanos cuando la guerrilla colombiana los ataca ferozmente desde el viernes 24 de abril.
Las autoridades informaron, el 5 de abril, de la muerte de ocho militares y nueve “terroristas” en los enfrentamientos, bajas registradas desde el 21 de marzo a esa fecha.
Venezuelan soldiers killed by FARC-AP from Johan Obdola on Vimeo.
Soldados venezolanos portando el cuerpo de sus compañeros
El lunes pasado, las fuerzas venezolanas confirmaron la muerte de varios militares sin determinar el número de bajas o heridos que se suman a los confirmados hasta el 5 de abril.
El último enfrentamiento agregó información de la FANB, comenzó el jueves y se desarrolló “en sectores despoblados” cerca de la vereda La Victoria, que forma parte del municipio de Páez en el estado Apure.
Durante la misma, aseguraron que han “infligido un número significativo de bajas” entre sus rivales, “logrando la destrucción de instalaciones temporales que pretendían utilizar para sus actividades delictivas”, pero tampoco determinaron cuántas han perdido la vida. .
Artillería del ejército venezolano atacando áreas controladas por las FARC.
La publicación del informe coincidió con un informe de Human Rights Watch (HRW), en el que se acusa a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, detenciones arbitrarias y torturas, entre otros “abusos aberrantes” contra la población de Apure en el marco de los combates fronterizos.
La organización solicitó al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Misión de Investigación de la ONU para Venezuela que investigaran el asunto.
“Las atrocidades cometidas contra los residentes de Apure no son incidentes aislados de agentes insubordinados, sino que son consistentes con abusos sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro”, dijo el director de HRW Américas, José Miguel Vivanco, citado en el informe. . EFE.
Entre el 21 de marzo y el 5 de abril murieron ocho soldados y nueve “terroristas”, según un saldo ofrecido en la segunda fecha. Desde entonces se habían vivido lo que parecían momentos de paz hasta el pasado jueves, cuando se reanudaron los enfrentamientos, pero se desconoce el número de muertos.
Combatientes colombianos de las FARC portando el cuerpo de soldados venezolanos muertos en combate.
La zona de conflicto es un “paso clave para las rutas del narcotráfico”. Así lo sostiene la BBC, que describe la geografía como un punto medio en las “cadenas montañosas y la sabana tropical”.
Durante años, dice el medio, el lugar estuvo controlado por el Ejército de Liberación Nacional, grupo terrorista colombiano, que en los últimos tiempos ha tenido que enfrentarse a disidentes de las FARC.
Esto ha provocado que la paz conquistada gracias a “arreglos a veces tácitos de reparto de rentas y control territorial” entre la guerrilla colombiana y las autoridades venezolanas se derrumbe.
Ahora, es el Décimo Frente de las FARC, que busca apoderarse del territorio.
Asesinato de una familia campesina
Las ejecuciones mencionadas afectaron a cuatro campesinos de la misma familia. Las FAES se los llevaron el 25 de marzo desde su domicilio en La Victoria, indica el informe.
«Encontraron los cadáveres a kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas dislocaciones óseas. Los peritos forenses concluyeron que trasladaron los cuerpos y que colocaron las armas de fuego y las granadas que se ven junto a sus manos ”, dice el texto.
Emir Remolina, de 26 años, reconoció los cuerpos como los de sus padres, su hermano y su tío. Y al menos 13 personas entrevistadas por HRW afirmaron que las víctimas no eran guerrilleros, “sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años”.
Las poblaciones afectadas fueron La Victoria, El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. En estas zonas rurales, los agentes “entraron a la fuerza en varias casas”. Nunca mostraron una orden de registro. Detuvieron a los residentes, en su mayoría campesinos. Esas son prácticas comunes aplicadas en todo el país por aquellas fuerzas de seguridad que siguen órdenes de Maduro.
“Los oficiales ordenaron a los detenidos que se cubrieran la cabeza con sus camisetas. Luego los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos “, dice el informe de Human Rights Watch.
Dos detenidos que fueron liberados posteriormente confirmaron que “estaban recluidos en instalaciones militares”. Y los abusos también incluyeron el saqueo de sus hogares y la destrucción de “efectos personales, alimentos y enseres domésticos”.
Pandillas criminales, otra seria amenaza para el régimen
En tanto, el régimen venezolano se encuentra, según informó este lunes el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Penales (CICPC), Douglas Rico, en un “proceso de conversación” con la “organización criminal” que tiene el control de una zona de Caracas, al que, incluso, las fuerzas de seguridad del Estado han prohibido el acceso.
“Hay, en este momento, un proceso de conversación con esta organización criminal para que, en principio, depongan su actitud y entreguen sus armas”, explicó Rico, refiriéndose a la pandilla liderada por Carlos Luis Revete, alias “el Coquí “. quien mantiene atemorizados a los habitantes de la zona, conocida como Cota 905, y barrios aledaños.
Quién es Carlos Luis Revete, AKA el Coqui
Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, es uno de los criminales más buscados en Venezuela, y el líder de la mega-pandilla que controla el sector Cota 905, al suroeste de Caracas.
El nombre de Carlos Luis Revete, alias el Coqui, cabecilla de una pandilla en la Cota 905 de Caracas, comenzó a escucharse en 2013. Han pasado siete años desde su ascenso al poder en una de las mega-bandas criminales de esa ciudad.
El 26 de febrero de 2020, la banda El Coqui paralizó la carretera Francisco Fajardo, cerca de la salida a Valle-Coche, cuando enfrentaron a oficiales de la Fuerza de Acción Especial (Faes) con armas largas y granadas. la Policía Nacional Bolivariana.
El viernes 26 de julio de 2020 volvió a ser noticia cuando se enfrentó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Penales (Cicpc) en el sector Los Laureles de Las Quintas. El incidente dejó a cuatro funcionarios heridos sin que las tropas lograran la búsqueda del sospechoso.
El martes 25 de agosto, la pandilla Cota 905 enfrentó nuevamente a miembros de tres cuerpos policiales, con el resultado de que un miembro de Faes resultó muerto y otro funcionario herido. Según fuentes policiales, todo comenzó cuando desconocidos intentaron apoderarse del cuartel general y empezaron a disparar armas de alto calibre contra los funcionarios. La situación obligó a las Faes y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a apoyar la escena.
A pesar de tener cargos en su contra desde 2013, por delitos como robo, homicidio y narcotráfico, Revete goza de gran impunidad. El pacto de no agresión que alcanzó con las autoridades venezolanas demuestra la abdicación casi total del Estado en los barrios marginados controlados por mega-pandillas.
A pesar de ser uno de los criminales más buscados en Venezuela, Revete parece haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Maduro, que le permite operar con casi total impunidad. Además, se ha mostrado dispuesto a defender violentamente este pacto cuando sea necesario. En febrero de 2019, su banda asesinó a siete miembros de un grupo más pequeño liderado por Elvis Eduardo Castro Troya, alias “El Culón”. Se cree que esta masacre fue en represalia por el asesinato de dos militares por parte de la banda Castro Troya, que violó los términos de la “pax mafiosa” entre las bandas del occidente de Caracas y el estado venezolano.
Revete también está dispuesto a trabajar con otros líderes de pandillas para expandir su imperio criminal. Los informes de inteligencia del gobierno en 2019 indican que se ha aliado con Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi”, y Garbis Ochoa Ruiz, alias “El Garbis”, para formar una pandilla aún mayor de unos 180 miembros.
Nicolás Maduro, quien ha armado a estos grupos criminales para someter a la población venezolana, ha estado enfrentando desafíos por parte de estos grupos que han expresado que están dispuestos a luchar contra el régimen venezolano porque ha destruido el país.
Otro atentado de “El Coqui” en Caracas.
