Por Daniel Romero
El DNU 867/2026 reforzó en casi $218.000 millones las partidas vinculadas con Defensa y asignó otros $85.499 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, donde uno de los ejes es el desarrollo de cuatro satélites SARE II A de arquitectura segmentada. El movimiento presupuestario combina recuperación de capacidades militares, vigilancia, tecnología satelital e inteligencia, pero también abre una pregunta estratégica que Argentina lleva demasiado tiempo postergando: si el país puede diseñar radares, satélites, sensores, helicópteros no tripulados y sistemas de observación, ¿por qué no avanzar hacia una industria nacional de drones capaz de abastecer a las Fuerzas Armadas, custodiar las riquezas ictícolas, vigilar fronteras, controlar incendios y, además, competir en el mercado internacional?
Buenos Aires – 6 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – El Gobierno de Javier Milei acaba de introducir una de las modificaciones presupuestarias más significativas del año en materia de capacidades estratégicas. El Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, publicado el 4 de septiembre en el Boletín Oficial, amplió recursos para Defensa, inteligencia y actividad espacial con el argumento de fortalecer capacidades operativas, incorporar y recuperar equipamiento y sostener proyectos tecnológicos que el Estado considera esenciales.
El conjunto de modificaciones vinculadas con el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto ronda los $217.954 millones, aproximadamente US$140 millones según el tipo de cambio utilizado en las estimaciones difundidas. El dato importante no está solamente en la magnitud, sino en la composición: unos $206.373 millones aparecen como aplicaciones financieras destinadas a adelantos a proveedores y contratistas de largo plazo, una herramienta que permite comprometer proyectos cuya ejecución se extenderá durante varios ejercicios.
La mayor partida, de aproximadamente $114.733 millones, quedó directamente bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. Otros $60.429 millones fueron asignados al Ejército y $31.211 millones a la Fuerza Aérea. En el caso de la Armada, el refuerzo se concentra principalmente en alistamiento operacional, mantenimiento, servicios y equipamiento, mientras el Estado Mayor Conjunto recibió recursos adicionales para planeamiento y personal.
Fuentes oficiales vincularon una porción relevante del esquema de adelantos con proyectos estratégicos como la Base Naval Integrada de Ushuaia y con procesos de reequipamiento que incluyen sistemas de artillería, vehículos, helicópteros y armamento individual. El decreto, sin embargo, no detalla en su texto principal cada compra particular: lo que establece formalmente es que el refuerzo busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas mediante incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento.
La modificación llega además en un contexto de recuperación gradual de capacidades que habían quedado severamente degradadas durante décadas. En abril, INVAP entregó al Ejército los primeros dos radares móviles RPA-200M, desarrollados y fabricados en el país, capaces de detectar y seguir simultáneamente más de mil blancos y concebidos para operar con mínima dotación y rápido despliegue. El dato demuestra que Argentina todavía conserva una base tecnológica nacional capaz de desarrollar sistemas militares complejos cuando existe continuidad presupuestaria y definición política.
Pero quizás el movimiento más interesante del nuevo presupuesto esté fuera de las partidas estrictamente militares.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales – CONAE recibe alrededor de $85.499 millones, con recursos destinados, entre otros programas, al diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites SARE II A, dentro de la denominada arquitectura segmentada.
El proyecto busca reemplazar progresivamente el concepto tradicional de un gran satélite que concentra todos sus sistemas por una arquitectura formada por plataformas más pequeñas capaces de volar coordinadamente, compartir información y recursos e incorporar nuevas cargas útiles con mayor rapidez. La CONAE define el concepto como un conjunto de segmentos que pueden proporcionar capacidades equivalentes o incluso superiores a las de plataformas monolíticas mucho mayores.
La serie SARE está concebida precisamente para observación de la Tierra y tendrá configuraciones ópticas y de microondas, incluyendo radares de apertura sintética – SAR. Entre sus aplicaciones previstas aparecen agricultura, hidrología, cartografía, emergencias, seguridad, análisis costero y, de manera explícita, detección de pesca ilegal.
Allí aparece una oportunidad que excede largamente la discusión presupuestaria.
Argentina posee una de las mayores superficies marítimas de la región, miles de kilómetros de frontera terrestre, enormes extensiones agrícolas, recursos energéticos dispersos, instalaciones críticas, bosques expuestos a incendios, una plataforma continental gigantesca y un Atlántico Sur donde centenares de buques extranjeros operan regularmente en las inmediaciones de la milla 200.
La defensa de semejante territorio no puede descansar exclusivamente en patrulleros oceánicos, aviones tripulados y satélites.
En lo que va de 2026, el Estado endureció el sistema de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina – ZEEA. La Disposición 20/2026 estableció criterios objetivos para presumir actividad pesquera ilegal a partir de la velocidad, trayectoria y comportamiento de buques extranjeros, y otorgó mayor valor probatorio a los registros electrónicos y satelitales utilizados por Prefectura.
El resultado ya es concreto. Prefectura detectó durante el año varios buques extranjeros mediante monitoreo electrónico, entre ellos el arrastrero español Playa de Galicia, mientras en agosto el pesquero Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu, se convirtió en el cuarto buque sancionado durante 2026, con una multa de $1.833 millones.
La Armada también mantiene operaciones periódicas Mare Nostrum con patrulleros oceánicos y aeronaves P-3C Orion para vigilar la concentración de pesqueros extranjeros cerca del límite de la ZEE. En mayo, la operación Mare Nostrum XI combinó un patrullero oceánico con medios aeronavales y personal especializado para vigilancia, identificación y eventual abordaje.
Ese sistema funciona, pero consume horas de vuelo, combustible, mantenimiento, tripulaciones y disponibilidad de unidades navales costosas.
Un dron de gran autonomía equipado con cámaras electroópticas, infrarrojas, identificación automática de buques, enlaces satelitales y eventualmente radar puede permanecer durante muchas horas sobre una zona de interés a un costo sensiblemente inferior al de una aeronave tripulada. No reemplaza al patrullero que debe interceptar ni al avión que necesita confirmar determinadas situaciones, pero puede convertirse en el primer eslabón permanente de detección e identificación concreta y seguimiento.
Argentina, además, no parte de cero.
Hace más de una década el país impulsó el Sistema Aéreo Robótico Argentino – SARA, concebido para desarrollar vehículos aéreos no tripulados de clases II y III destinados precisamente a vigilancia de grandes espacios terrestres, marítimos y aéreos. El programa involucraba a INVAP, FAdeA, Fabricaciones Militares, CITEDEF y otras instituciones nacionales, con la idea de transferir posteriormente la ingeniería necesaria para producción seriada.
El Ejército desarrolló también la familia Lipán, destinada a vigilancia, reconocimiento e inteligencia. El Lipán M3 posee aproximadamente cinco horas de autonomía, mientras versiones posteriores fueron concebidas para ampliar alcance, automatización y capacidad de carga.
A ello se suma el RUAS-160, desarrollado entre INVAP, Cicaré y Marinelli Technology, un helicóptero no tripulado de arquitectura coaxial pensado para operar con sensores electroópticos, LiDAR, radares livianos y diferentes módulos de misión. Su propia configuración admite aplicaciones militares, vigilancia fronteriza, operaciones marítimas, incendios, agricultura e inspección de infraestructura.
INVAP y FAdeA firmaron además años atrás un acuerdo para trabajar conjuntamente en vehículos no tripulados, cargas útiles y radares SAR destinados a esas plataformas, es decir, exactamente la combinación tecnológica que hoy está modificando la guerra y la vigilancia en todo el mundo.
Incluso el Ministerio de Defensa acaba de incorporar el manejo de drones a la formación de los liceos militares. Desde septiembre, los cadetes reciben capacitación específica y el Gobierno anunció la distribución de 135 drones entre establecimientos educativos militares, señal de que la tecnología ya dejó de ser considerada un complemento ocasional para convertirse en una competencia básica del personal del futuro.
Frente a esa acumulación de capacidades, la pregunta empieza a resultar inevitable: ¿por qué Argentina sigue comprando drones cuando podría plantearse seriamente fabricarlos?
La discusión no debería limitarse al dron de combate.
El mercado verdaderamente amplio está en los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento – ISR, patrulla marítima, control fronterizo, agricultura, minería, hidrocarburos, vigilancia de oleoductos y gasoductos, detección de incendios, búsqueda y rescate, cartografía, protección de infraestructura y seguridad.
Un programa argentino bien estructurado podría combinar plataformas producidas por FAdeA y empresas privadas, sensores y radares de INVAP, capacidades electrónicas y de comunicaciones nacionales, software de navegación autónoma, inteligencia artificial y datos provenientes de la CONAE.
Satélites y drones no deberían ser concebidos como proyectos separados.
Un satélite SARE puede detectar patrones, identificar una concentración sospechosa de barcos o generar información sobre una zona de interés. Un dron puede ser enviado después para reconocerla a menor altura, obtener imágenes de mayor resolución, seguir blancos durante horas y transmitir información en tiempo real. Un P-3 Orion, un patrullero oceánico de la Armada o una unidad de Prefectura sólo necesitarían intervenir cuando exista una situación que justifique emplear medios mucho más costosos.
Ese concepto se conoce internacionalmente como vigilancia multicapa y es precisamente hacia donde evolucionan las principales fuerzas militares.
Argentina posee además una ventaja geográfica para probar este tipo de sistemas: desde la Puna hasta Tierra del Fuego, desde la Cordillera hasta el Atlántico Sur, el país reúne prácticamente todos los escenarios posibles de operación.
La Patagonia ofrece enormes distancias y condiciones meteorológicas severas. El litoral marítimo permite ensayar patrulla oceánica. El norte requiere vigilancia fronteriza. La zona central demanda aplicaciones agrícolas. Vaca Muerta y los corredores energéticos necesitan inspección permanente de infraestructura. Los incendios forestales de Córdoba y Patagonia presentan otra necesidad concreta donde aeronaves no tripuladas pueden detectar focos y operar cuando volar con tripulación resulta peligroso.
El potencial exportador tampoco debería despreciarse.
Argentina ya demostró que puede vender tecnología compleja. INVAP exportó reactores nucleares, radares y sistemas tecnológicos, mientras la industria aeronáutica conserva capacidades de ingeniería, mantenimiento e integración. La fabricación de drones podría ocupar un espacio intermedio particularmente atractivo: sistemas suficientemente sofisticados para vigilancia civil y militar pero de costo competitivo frente a productos estadounidenses, europeos o israelíes.
La experiencia internacional demuestra además que los drones dejaron de ser un nicho reservado a grandes potencias. Turquía convirtió en pocos años esa industria en una herramienta de exportación, influencia diplomática y desarrollo tecnológico. Ucrania transformó la producción masiva de vehículos no tripulados en una de las industrias estratégicas surgidas de la guerra. China ofrece plataformas para prácticamente todos los segmentos del mercado.
Argentina, mientras tanto, posee buena parte de las piezas tecnológicas pero no terminó de convertirlas en una política industrial continuada.
Ese es probablemente el desafío que plantea el DNU 867 más allá del aumento de partidas.
Comprar sistemas ATMOS, Stryker, Black Hawk, fusiles o cualquier otro equipamiento necesario puede recuperar capacidades perdidas, pero difícilmente genere por sí solo una nueva industria nacional. Invertir simultáneamente en radares, satélites, inteligencia artificial, vehículos autónomos y sensores sí puede hacerlo, siempre que exista un programa que trascienda administraciones y evite la historia argentina de prototipos prometedores que nunca alcanzan producción seriada.
La propia evolución de la arquitectura SARE ofrece una posible hoja de ruta. La CONAE busca construir satélites más pequeños, modulares, baratos y rápidamente reemplazables, que compartan recursos y puedan incorporar distintas cargas útiles. Esa filosofía es prácticamente idéntica a la que domina la industria moderna de drones: plataformas modulares, producción seriada, sensores intercambiables y software como elemento central del sistema.
En lugar de pensar exclusivamente en fabricar “un dron argentino”, podría desarrollarse una familia nacional de sistemas no tripulados: pequeños aparatos tácticos para unidades militares, drones medianos para fronteras y fuerzas de seguridad, plataformas navales para operar desde patrulleros, aeronaves de gran autonomía para el Atlántico Sur y versiones civiles destinadas al agro, minería, energía y protección ambiental.
Parte de esos sistemas podría exportarse y generar escala industrial. Otra parte permitiría reducir importaciones. Y los modelos más sofisticados podrían integrarse con la red de radares nacionales, la futura constelación SARE y los sistemas de comando y control de las Fuerzas Armadas.
La inversión espacial refuerza todavía más esa posibilidad porque disponer de observación satelital propia proporciona independencia en la adquisición de información estratégica. Los SARE con radar SAR estarán especialmente preparados para aplicaciones donde la nubosidad o la oscuridad limitan los sensores ópticos, una condición particularmente relevante en vigilancia marítima. La CONAE contempla explícitamente entre sus usos seguridad y pesca ilegal.
La incorporación de drones permitiría acercar esa observación desde cientos de kilómetros de altura hasta pocos miles de metros sobre el objetivo.
No se trata de reemplazar hombres por máquinas ni de imaginar que un enjambre de drones resolverá todas las carencias de Defensa. Se trata de utilizar recursos tecnológicos para que cada avión, barco o unidad terrestre sea empleado donde realmente resulte indispensable.
Un país con millones de kilómetros cuadrados de espacios marítimos y terrestres no puede pretender vigilar cada punto enviando permanentemente patrulleros y aviones tripulados.
El DNU 867/2026 colocó dinero nuevamente en Defensa y, paralelamente, reforzó un programa espacial que puede convertirse en uno de los pilares tecnológicos de la próxima década. La decisión que falta es vincular esas capacidades dentro de una estrategia industrial única.
Argentina ya tiene empresas capaces de producir radares, construir satélites, integrar aeronaves y diseñar vehículos no tripulados. Tiene Fuerzas Armadas que necesitan esos sistemas, una Prefectura que puede emplearlos, organismos científicos que pueden desarrollar sensores y un territorio que demanda vigilancia permanente. También posee un mercado regional donde muchos países necesitan herramientas de control fronterizo, marítimo, agrícola y ambiental sin poder pagar siempre los sistemas más caros disponibles en Estados Unidos o Europa.
La cuestión, entonces, dejó de ser si Argentina sabe fabricar tecnología de ese nivel. Los radares de INVAP, los satélites de CONAE y los desarrollos existentes de VANT ya respondieron esa pregunta. Lo que debe decidir el Estado es si continuará comprando soluciones aisladas en el exterior o aprovechará el actual ciclo de reequipamiento para construir una industria capaz de producirlas, perfeccionarlas y venderlas. Si el país logra integrar drones, satélites, radares y sistemas de información dentro de una misma arquitectura, el refuerzo presupuestario de 2026 podrá terminar significando algo mucho más importante que nuevas adquisiciones militares: el comienzo de una capacidad tecnológica nacional destinada simultáneamente a defender el territorio, proteger los recursos del Mar Argentino y competir en uno de los mercados estratégicos que definirán las próximas décadas.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina; Decreto 867/2026; Ministerio de Defensa; Comisión Nacional de Actividades Espaciales – CONAE; Prefectura Naval Argentina; Armada Argentina; Ejército Argentino; INVAP; FAdeA; Cicaré; normativa sobre control de pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina; antecedentes de los programas SARA, Lipán, RUAS-160 y Arquitectura Segmentada SARE.
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