Por RR
La demanda civil que Vialidad Nacional había iniciado para recuperar miles de millones de pesos por los daños atribuidos a la corrupción en la obra pública santacruceña terminó sin sentencia porque el propio Estado dejó transcurrir los plazos procesales. Durante el gobierno de Alberto Fernández, políticamente asociado a Cristina Kirchner y con Carlos Zannini al frente de la Procuración del Tesoro, la falta de impulso del expediente resulta comprensible desde la lógica de los intereses que estaban en juego, aunque ello no exime las responsabilidades institucionales. Lo difícil de explicar es lo ocurrido después: Javier Milei llegó al poder prometiendo enfrentar al kirchnerismo, pero su administración tampoco realizó a tiempo la actuación necesaria para preservar la demanda. El resultado puede costarle ahora al Estado cerca de US$10 millones en honorarios para los abogados de Cristina Kirchner y otros demandados. La inexplicable inacción deja abierta una pregunta incómoda: ¿hubo desconocimiento, negligencia burocrática o alguien consiguió que el expediente siguiera durmiendo?
Buenos Aires – 6 de septiembre de 2026 – Total News Agency – TNA – El Estado argentino inició un juicio para recuperar parte del perjuicio económico causado por las irregularidades investigadas en la causa Vialidad, lo mantuvo prácticamente inmóvil durante el gobierno de Alberto Fernández, dejó pasar después otra oportunidad decisiva durante la administración de Javier Milei y terminó convirtiéndose en potencial deudor de los abogados de aquellos a quienes había llevado ante la Justicia.
La secuencia resulta particularmente difícil de justificar porque atraviesa dos gobiernos políticamente enfrentados pero produjo exactamente el mismo resultado procesal: Vialidad Nacional no impulsó a tiempo la demanda.
La causa civil había comenzado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando la Dirección Nacional de Vialidad, conducida por Javier Iguacel, reclamó aproximadamente $22.300 millones contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros exfuncionarios vinculados con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. El objetivo era obtener un resarcimiento por los daños atribuidos a contratos adjudicados entre 2005 y 2015, obras inconclusas y fondos destinados a compañías del grupo Austral.
El expediente quedó durante años sometido a discusiones de competencia hasta que la Corte Suprema resolvió en diciembre de 2022 que debía continuar ante la Justicia Civil y Comercial Federal. Para entonces, el Tribunal Oral Federal 2 ya había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa penal Vialidad.
El Estado tenía, por lo tanto, una demanda civil propia, una sentencia penal que reforzaba el sustento del reclamo y una definición de la Corte que permitía continuar el proceso.
Sin embargo, el expediente prácticamente dejó de moverse.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner como vicepresidente y Carlos Zannini, histórico funcionario del kirchnerismo, al frente de la Procuración del Tesoro, la demanda contra la propia ex presidente perdió impulso. El último acto que posteriormente fue considerado judicialmente apto para hacer avanzar efectivamente el proceso quedó fechado el 17 de marzo de 2023.
La coincidencia política resulta evidente. El organismo estatal estaba litigando contra quien ocupaba la Vicepresidencia de la Nación y ejercía una influencia decisiva dentro de la coalición gobernante. No puede ignorarse el evidente conflicto político existente: el Estado conducido por sus propios aliados dejó prácticamente paralizado un juicio destinado a reclamarle personalmente una indemnización multimillonaria.
Desde aquel 17 de marzo comenzó a correr el plazo procesal que posteriormente permitiría pedir la caducidad de la instancia.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación permite declarar la caducidad cuando una causa permanece durante determinado tiempo sin actuaciones idóneas para impulsarla. Vialidad realizó algunas presentaciones, pero los tribunales entendieron posteriormente que no eran suficientes para conducir el expediente hacia una sentencia.
Hasta allí, la explicación política resulta relativamente sencilla: el juicio perdió movimiento durante una administración en la que la principal demandada era, además, la vicepresidente y principal referente de la coalición gobernante.
Lo verdaderamente desconcertante ocurrió después.
Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 prometiendo terminar con el kirchnerismo, revisar el funcionamiento del Estado y perseguir los privilegios de la denominada “casta”. Sin embargo, la llegada de la nueva administración tampoco produjo una reacción suficientemente rápida para proteger una demanda en la que estaban en juego miles de millones de pesos del patrimonio público.
Una primera discusión sobre la caducidad mantuvo suspendido parcialmente el expediente y terminó el 17 de marzo de 2025. Desde ese momento, Vialidad volvía a quedar en condiciones de impulsar de inmediato el juicio.
No lo hizo a tiempo.
Entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, ya con Milei instalado desde hacía quince meses en la Casa Rosada, el organismo tampoco realizó la actuación considerada necesaria para impedir que se completara el plazo de inactividad.
Esas tres semanas resultaron determinantes.
La mayor parte del período computado para la caducidad había transcurrido durante el gobierno de Fernández, pero la administración Milei todavía tuvo la posibilidad concreta de evitar que aquella parálisis terminara convirtiéndose definitivamente en la pérdida del juicio. En esos tiempor la causa Vilidad era de tratamiento de los medios con mucha frecuencia.
No ocurrió.
La defensa de Cristina Kirchner volvió a pedir la caducidad y esta vez consiguió que prosperara.
El juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 2, declaró extinguida la instancia. Posteriormente, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la decisión por mayoría. Los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Gottardi entendieron que se había cumplido el período de inactividad exigido por la ley, mientras Florencia Nallar votó en disidencia.
La consecuencia fue extraordinaria: el Estado perdió sin que los jueces llegaran siquiera a analizar el fondo de su propia demanda.
No se decidió que Cristina Kirchner tuviera razón. Tampoco que los daños reclamados no hubieran existido. El proceso terminó porque quien debía impulsarlo —Vialidad Nacional— no lo hizo dentro de los plazos necesarios.
La gestión libertaria intentó reaccionar cuando el problema ya estaba planteado. Vialidad sostuvo que existían actuaciones que interrumpían la caducidad, incorporó antecedentes de la causa penal y recurrió las decisiones adversas. Ahora presentó una queja ante la Corte Suprema. Algo qué dificilmente propsper.
Pero la ofensiva posterior no despeja la pregunta anterior: ¿por qué nadie advirtió a tiempo que estaba por perderse un juicio de semejante importancia económica y política?
La cuestión resulta particularmente llamativa porque no se trataba de un expediente burocrático desconocido. Era una acción derivada de uno de los casos de corrupción más importantes de las últimas décadas, vinculada directamente con una ex presidente ya condenada penalmente y seguida permanentemente por medios, dirigentes políticos y organismos judiciales. Difícilmente pueda sostenerse que dentro del Gobierno de Milei nadie conociera la existencia de la causa Vialidad.
Entonces quedan abiertas otras posibilidades.
Una primera explicación es la impericia administrativa: funcionarios que no controlaron los plazos de una demanda extraordinariamente sensible y permitieron que la maquinaria burocrática siguiera funcionando con la misma desidia heredada de la administración anterior.
Otra posibilidad es una grave falla de coordinación jurídica entre Vialidad, sus abogados, la Procuración del Tesoro y las autoridades políticas responsables de proteger los intereses patrimoniales del Estado.
Y existe una tercera hipótesis que inevitablemente comienza a circular políticamente: si determinados sectores vinculados con el kirchnerismo conservaron dentro de estructuras estatales suficiente influencia como para favorecer la continuidad de aquella parálisis.
Hasta ahora no existe evidencia pública que permita afirmar que hubo lobby kirchnerista, una orden secreta o una operación deliberada dentro del gobierno de Milei para beneficiar a Cristina Kirchner. Afirmarlo sin pruebas sería irresponsable.
Pero la ausencia de evidencia tampoco elimina la obligación de investigar cómo pudo ocurrir. El interrogante se vuelve todavía más relevante porque el fracaso procesal tendrá consecuencias económicas concretas.
Al haber terminado el juicio por caducidad, Vialidad quedó expuesta al pago de costas y honorarios de los abogados de los demandados. La regulación realizada alcanzó aproximadamente $13.614 millones, cifra cercana a los US$10 millones al considerar impuestos y las conversiones utilizadas en las liquidaciones difundidas.
El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, aparece como principal beneficiario de las regulaciones, con alrededor de $3.714 millones más un adicional por su actuación como apoderado. Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora tienen asignados aproximadamente $1.857 millones cada uno, mientras otros defensores de Nelson Periotti, Abel Fatala, José López y distintos demandados recibieron regulaciones por cientos de millones de pesos.
Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, tienen regulados conjuntamente alrededor de $880,9 millones. Fueron precisamente quienes consiguieron que la demanda terminara por caducidad y ahora reclaman que se destrabe el pago de sus honorarios.
El 4 de agosto acudieron directamente a la Corte Suprema denunciando una supuesta “privación de justicia” porque la Cámara decidió mantener congeladas las regulaciones hasta que el máximo tribunal resuelva el recurso presentado por Vialidad.
La paradoja resulta difícil de exagerar.
Por un lado, el Estado intenta ejecutar el decomiso penal impuesto a Cristina Kirchner y los demás condenados por la causa Vialidad, cuyo monto actualizado alcanza centenares de miles de millones de pesos y ha sido estimado en aproximadamente US$587 millones.
Por otro, ese mismo Estado podría terminar pagando alrededor de US$10 millones a los abogados de quienes fueron demandados civilmente porque su propio organismo dejó vencer el expediente destinado a recuperar dinero público.
Los dos procesos son jurídicamente independientes. La pérdida de la demanda civil no extingue el decomiso penal ni modifica la condena contra Cristina Kirchner. Pero políticamente exhiben una contradicción formidable.
Durante el gobierno de Alberto Fernández puede identificarse con claridad el enorme conflicto político existente alrededor de una demanda contra quien era su propia vicepresidente. La inacción resulta compatible con los intereses políticos del kirchnerismo, aunque la determinación de responsabilidades concretas requeriría conocer quién tomó —o dejó de tomar— cada decisión administrativa.
En el período de Milei, en cambio, esa explicación desaparece.
El Presidente construyó buena parte de su discurso precisamente sobre la denuncia de la corrupción kirchnerista. Su Gobierno tenía razones políticas, jurídicas y económicas para mantener viva la demanda. Y, sin embargo, cuando llegó el momento procesal en el que todavía podía impedir definitivamente la caducidad, Vialidad volvió a quedarse quieta.
Esa es la parte del expediente que requiere una explicación oficial.
Quién estaba a cargo de controlar la causa, qué funcionarios fueron informados, cuándo conocieron el vencimiento, qué instrucciones recibieron los abogados del Estado, por qué no se realizó una actuación impulsoria entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025 y si se abrió algún sumario administrativo para determinar responsabilidades son preguntas que hasta ahora no obtuvieron una respuesta pública satisfactoria.
Tampoco se conoce que el Gobierno haya anunciado una investigación interna destinada a establecer por qué una demanda de semejante trascendencia quedó expuesta a la caducidad.
La Corte Suprema todavía puede modificar el desenlace. Si acepta la queja de Vialidad y considera incorrecto el cómputo realizado por los tribunales inferiores, la demanda podría recuperar posibilidades procesales y los honorarios quedarían sujetos al nuevo resultado. Mientras tanto, los abogados no han cobrado las sumas reguladas.
Pero aun una eventual victoria posterior ante la Corte no debería clausurar la investigación administrativa.
El problema ya quedó expuesto: durante el gobierno de Alberto Fernández el Estado dejó paralizar una demanda contra Cristina Kirchner y, después de la llegada de Milei, nadie consiguió impedir a tiempo que aquella inacción se transformara en una derrota judicial.
En el primer caso resulta inevitable observar los intereses políticos en juego. En el segundo no existe todavía una explicación convincente. Quizás haya sido negligencia, desconocimiento o una burocracia estatal que continuó funcionando por inercia pese al cambio de gobierno. También corresponde investigar si hubo influencias políticas capaces de preservar desde las sombras la situación heredada. Lo que no puede hacerse es convertir una pregunta legítima en una acusación sin pruebas ni aceptar, al mismo tiempo, que el Estado pueda perder millones por inacción sin identificar quién permitió que ocurriera.
La definición de la Corte resolverá si los contribuyentes finalmente deben afrontar la factura de casi US$10 millones. Pero la cuestión política permanecerá incluso después del fallo: un expediente creado para recuperar dinero de la corrupción sobrevivió a cambios de jueces, conflictos de competencia, una condena penal y dos gobiernos, y terminó cayendo no por la solidez de las defensas sobre el fondo, sino porque durante años quienes tenían la obligación de proteger el patrimonio estatal permitieron que el reloj siguiera corriendo.
Fuentes consultadas: Corte Suprema de Justicia de la Nación; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III; Dirección Nacional de Vialidad; Sistema Argentino de Información Jurídica; La Nación; Infobae; Noticias Argentinas; documentación judicial del expediente “Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños”; antecedentes de la demanda promovida durante la gestión de Javier Iguacel.
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