Argentina
España
USA
Israel
Por Hugo Alconada Mon
Lázaro Báez acumula problemas. El presunto testaferro de la familia Kirchner recibió ahora malas noticias desde Chaco. Allí, 3300 kilómetros al norte de Río Gallegos, la Cámara Federal de Resistencia confirmó su procesamiento por presunta evasión agravada por el uso de documentos falsos y por el monto involucrado.
Báez cosechó el nuevo traspié –que por extensión complica a la familia Kirchner en los tribunales– junto a varios de sus colaboradores. Entre ellos, el entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y su contador Claudio Bustos, cuya sombra también se cernió sobre lo ocurrido en Bahía Blanca, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llegó a cerrar su Regional en esa ciudad durante la gestión de Ricardo Echegaray para proteger a Austral Construcciones.
La Cámara Federal de Resistencia también procesó al socio de Báez y exsenador justicialista chaqueño, Fabio Biancalani, como presunto coautor de tres hechos de evasión agravada, como así también al abogado Jorge Chueco, quien intentó fugarse y luego suicidarse cuando la Justicia ordenó su captura en la pesquisa por la llamada “ruta del dinero K”.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani también deberán afrontar ahora embargos por $52 millones contra cada uno, monto que debería alcanzar para cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido de Ganancias e IVA a través del uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco deberá sobrellevar un monto menor: $3 millones.
Para Báez y sus lugartenientes en Austral Construcciones –Mendoza y Bustos– lo ocurrido en Chaco es apenas uno de los tres vértices judiciales que afrontan por su presunta evasión tributaria a gran escala que desarrollaron durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Los tres arrastran, también, problemas en Buenos Aires y Bahía Blanca.
En Buenos Aires, el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, ya los procesó a los tres en marzo de 2018 por la presunta evasión a través de Austral Construcciones de al menos $70 millones, decisión que confirmó la Cámara de Apelaciones apenas tres meses después.
En Bahía Blanca, en tanto, el juez federal Walter López da Silva los procesó como integrantes de una asociación ilícita fiscal que destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones y con embargos por $120 millones.
A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires y en Chaco, sin embargo, la Cámara Federal de Bahía Blanca no definió aún si confirma o revoca los procesamientos dispuestos en primera instancia en diciembre de 2019. Es decir, hace un año y miedo.
En Chaco, la investigación judicial comenzó a partir de una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la empresa “Sucesores de Adelmo Biancalani”, constructora de Báez en la que el exsenador Fabio Biancalani permanece como accionista minoritario.
Ya en sede judicial, en tanto, el juez federal subrogante, Enrique Bosch, procesó a Báez y los restantes acusados en septiembre pasado. Concluyó que existían pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante– con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
Ocho meses después, la Cámara Federal con asiento en Resistencia confirmó esos procesamientos. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias.
Bahía Blanca, bastión decisivo
En Bahía Blanca, en tanto, la investigación contra Báez se dividió en dos tramos. El primero permanece en la Cámara Federal a la espera de una definición, en tanto que el segundo tramo, centrado en los posibles delitos cometidos dentro de la AFIP para encubrir lo ocurrido en aquella ciudad, quedó en manos del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y se encuentra en sus pasos iniciales.
Según consideró probado el juez López da Silva, Báez evadió impuestos junto a varios conocidos empresarios y profesionales bahienses. Entre ellos, Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y el contador Rogelio Alberto Chanquía, quienes también quedaron procesados y afrontan embargos por $70 millones cada uno.
Los abogados de esos empresarios, sin embargo, confían en revocar los procesamientos en la Cámara Federal, donde concentran todos sus esfuerzos, recorriendo algunos de los despachos principales de esa instancia durante los últimos meses, repetidas veces, según reconstruyó LA NACION.
El interés y las presiones sobre esa Cámara Federal exceden, sin embargo, al interés de los abogados locales. El desenlace de esa investigación por presunta evasión resulta determinante para el futuro judicial de Báez e, incluso, de Cristina Kirchner, quien afronta un juicio oral, acusada de liderar una presunta asociación ilícita.
Para el Tribunal Oral que ya condenó por lavado de activos a Báez (12 años de prisión), Mendoza (6 años) y Bustos (4 años y 6 meses), el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas provenientes de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, aludió repetidas veces a las evidencias que salen –o deberían salir– a la luz en Bahía Blanca, Chaco y Buenos Aires.
Fuente La Nación
