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Los presidentes de la asociaciones de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, y de fiscales, Carlos Rívolo, advirtieron este miércoles sobre los “peligros” que implicaría la eventual sanción de la ley de reforma del ministerio público fiscal sobre la autonomía de los fiscales.
Tagle, Rívolo y la abogada Marta Nercellas expusieron durante una videoconferencia organizada por la Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina (REJIA) sobre ese proyecto que el Frente de Todos intentará que se apruebe dentro de dos semanas en la cámara de Diputados.
En una videoconferencia de la que participaron más de cien periodistas y abogados, Gallo Tagle negó que haya llegado a consensos en la reunión que tuvo hace tres semanas atrás con el ministro de Justicia, Martín Soria. “Nosotros no dimos ningún aval a los cambios”, resaltó.
Dijo que el proyecto votado por el Senado -a pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner- con los cambios que introdujo Soria busca “domesticar y disciplinar a los fiscales” frente al gobierno de turno.
Gallo Tagle criticó los cambios en el jury de enjuiciamiento de fiscales que introduce el proyecto para darle mayoría al gobierno de turno y poner suspenderlos sin mayorías especiales. También a las nuevas atribuciones que le da a la comisión bicameral de seguimiento y control del ministerio público fiscal que hoy preside el senador K Claudio Doñate.
Por su parte, Rívolo opinó que si se unen los principales cambios del proyecto “se desarticula la independencia y autonomía” del ministerio público fiscal que le dio la reforma constitucional de 1994 y su capacidad de investigar casos de corrupción del gobierno de turno.
Recordó que la mayoría de los expositores en la cámara de Diputados rechazaron los cambios e incluso cuatro miembros de la llamada comisión Beraldi que convocó el presidente Alberto Fernández le recomendaron no cambiar los dos tercios de votos para nombrar al Procurador General de la Nación a Jefes de los fiscales.
Subrayó que el rol de Eduardo Casal, como interino, “es legítimo y legal” y no hay un reemplazante por la falta de consensos en la política.
Recordó que la actual ley estipula que el procurador debe informar al Congreso de su plan criminal pero ahora, si se aprueba el proyecto, deberá dar “explicaciones” a esa comisión bicameral, incluso de investigaciones hechas por sus subordinados. “La Procuración, que es un cuarto poder, quedará a la par de una comisión parlamentaria” destacó.
Rívolo se opuso a darle al procurador un mandato de cinco años más otro de cinco. “Así el futuro procurador debería estar en campaña a los cuatro años de su primer mandato para ser reelecto y eso no es bueno”. Es mejor, dijo un solo período de, por ejemplo, 7 años como en la Ciudad de Buenos Aires.
También criticó el régimen de vacancia que permite que la bicameral nombre un suplente “180 días, más 180 días, más 180 días” y así estaría dos años antes de nombrar al más antiguo.
Rechazó por cuestiones de jerarquía y experiencia que el procurador provisorio pueda ser un fiscal con solo 5 años de antigüedad. Y se preguntó por qué, en cambio, a la jefa de la defensora oficial de la Nación, que también integra el ministerio público, se le da un mandato de 10 años.
El presidente de la asociación de fiscales reiteró que los fiscales deben rendir cuentas de sus actos ante el jury en su composición actual. Pero dijo que ahora le quieren aplicar las reglas éticas de los llamados principios para jueces de Bangalore cuando los fiscales ya tienen el llamado código de La Habana. Y, además, deberían dar explicaciones ante esa comisión bicameral y no ante el jury de enjuiciamiento.
También rechazó que los fiscales no puedan pedir ayuda a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Puso como ejemplo, que haría un fiscal si ocurre un tercer atentado terrorista internacional como los de la embajada de Israel (1992) o de la AMIA (1994) para pedir asistencia sobre grupos terroristas internacionales. Los servicios inteligencia de las fuerzas de seguridad federal están especializados en el crimen organizado y la AFI, en terrorismo internacional.
Si se aprueba el proyecto, “quedará un ministerio público fiscal extremadamente débil” para investigar al poder político o económico, tanto a nivel nacional como en las provincias, concluyó Rívolo.
REJIA, la organizadora de la videoconferencia, está integrada por Cadal (presidida por Sybil Rhodes), Contadores Forenses (Alfredo Popritkin), Directorio Legislativo (María Baron), Fores (Alfredo Vítolo), Jubi jueces (Luis Herrero), Profesores Republicanos (Guillermo Mizraji), el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires (Alberto Garay), Justa Causa (Luis Cevasco), Asociación Civil Río de La Plata (Alberto Cohan), Instituto Altos Estudios de Derecho de Mendoza (Arlington Roberto Uliarte) y Será Justicia (Raúl Aguirre Saravia y María Eugenia Talerico).
Fuente Clarin
