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Al menos 16 jueces intervinieron en el caso Ciccone, que derivó en la condena por corrupción contra Amado Boudou y que en diciembre pasado fue confirmada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia. Aún bajo arresto domiciliario, el ex vicepresidente denunció al Estado nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “tenerme aún preso” y sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri persiguió a ex funcionarios kirchneristas y a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, con causas judiciales.
“Junto con quien fue Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de su gabinete de ministros, fui objeto de una campaña de persecución judicial, sigo aún preso. El Estado argentino es responsable”, indicó Amado Boudou en el escrito de 22 páginas que presentó ante la Corte Interamericana y al que accedió Clarín.
De esa manera, bajo la representación de sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort (quien además es asesora en el Congreso que preside Cristina Kirchner), Boudou acudió al sistema interamericano de protección de Derechos Humanos por el caso que lo condujo a prisión en agosto de 2018, tras haber sido condenado por cohecho y negociaciones incompatibles por la compra de la imprenta Ciccone.
En el expediente, que instruyeron el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, se determinó que el circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Alejandro Vandenbroele, Boudou, José María Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos. También se encargaron trabajos partidarios: la calcográfica imprimió boletas para el Frente para la Victoria.
El caso Ciccone investigó la maniobra a través de la cual, según el juez Lijo, el ex vice -a través de terceros- “buscó quedarse con la imprenta privada más grande de la Argentina y la única con capacidad para imprimir billetes”.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) confirmó las acusaciones en el juicio oral, al sostener que el ex vice, junto a Núñez Carmona “habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Vandenbroele”, luego condenado como presunto testaferro de Boudou.
El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”.
Frente a la estructura volcada en las acusaciones del caso, y cuya sentencia condenatoria obtuvo firmeza por parte de la Corte Suprema el 3 de diciembre pasado, en un fallo firmado por unanimidad, Amado Boudou acudió a la Corte regional. Sobre él pesa una pena de cinco años y diez meses de prisión, sin embargo el mismo juez Daniel Obligado -que lo benefició en plena pandemia con el arresto domiciliario- luego le redujo el cumplimiento de los plazos en diez meses por la ley de estímulo educativo.
En la presentación ante la Corte Interamericana, el ex vicepresidente planteó que la gestión de Mauricio Macri “llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del Gobierno Nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política”.
Se hizo referencia en el escrito a la causa judicial donde se investiga a Mauricio Macri y a ex integrantes de su gobierno por presunto espionaje ilegal. Aduciendo -pese a la cantidad de instancias judiciales que confirmaron el fallo en su contra- que el caso Ciccone responde a una “persecución política”, Boudou señaló: que “el objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”, en relación a las prisiones ordenadas. Se refirió a las “cloacas por las que tiraron a nuestra democracia”. Y que “se impone así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”.
Entonces, se reiteró la teoría impuesta por Cristina Kirchner cuando declaró en el juicio por presunta corrupción en la obra pública que se realiza en su contra. La vice dijo que las causas judiciales respondían al lawfare, es decir, a una persecución política para desprestigiar a ex integrantes de su gabinete, y de la cual participó el poder judicial.
Hizo también referencias a la sospechas que denunció el oficialismo respecto a Alejandro Vandenbroele quien se convirtió en imputado colaborador en una causa conexa a Ciccone. En su oportunidad, se publicó información confidencial de su legajo donde se habló de una transferencia de dinero que utilizó para la adquisición de un hotel.
Ante esa situación, Boudou consideró que el expediente en su contra, fue utilizado como “hechos de campaña con un profuso tratamiento mediático en primera plana”. Dijo que Vandenbroele, fue “premiado económicamente” por su confesión y que “con ese dinero el ‘arrepentido’ instaló un hotel, entre otros beneficios que obtuvo y le fueron concedidos en su negociación que se mantuvo oculta con los funcionarios de Gobierno”.
Boudou, que recibió otra condena por la transferencia de un vehículo con documentos apócrifos y que fue sobreseído en el caso por la adquisición de autos de alta gama cuando estaba frente al Ministerio de Economía, sostuvo en su presentación que fue “sometido a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución. Fui arbitrariamente detenido, humillado ante los medios de comunicación y espiado ilegalmente incluso junto con mis abogados y escuchadas ilegalmente nuestras conversaciones, con afectación al ejercicio de mi defensa”.
Fuente Clarin
