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El cuestionamiento a una pieza clave del caso y su posible ligazón con un homicidio, planteos de inconstitucionalidad, aval al pedido de penas y hasta la acusación de realizar un “show mediático”. Todo esto tuvo la primera jornada de alegatos dedicada a las defensas en el juicio por el caso Bobinas Blancas, que desarrolla el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.
Al cabo de cuatro horas, expusieron los abogados que asisten a los seis acusados que ya admitieron su participación en el negocio del narcotráfico. Pese a esa confesión, oída en la primera audiencia, todos los representantes legales tuvieron alguna objeción para las peticiones realizadas por el fiscal Gabriel González Da Silva.
La más audaz partió del defensor oficial Gabriel Jarque que asiste al mexicano Gilberto Acevedo Villanueva (33), para quien la fiscalía pidió 14 años de cárcel. Solicitó a los jueces que, antes de analizar las pruebas y testimonios del caso, definan la validez legal de la nota enviada por la DEA a la Policía Federal Argentina (PFA), que abrió la investigación.
Tiene fecha del 13 de marzo de 2017 y está dirigida por un representante de la agencia antinarcóticos norteamericana al Superintendente de Drogas Peligrosas de la PFA, comisario general Juan José Valdivia. Con el objetivo de “compartir información” advierte sobre “actividades de exportación de estupefacientes a Barcelona, España”, a través del puerto de Campana y “bajo la cobertura del envío de bobinas de láminas de acero”.
La misiva apunta a un “grupo aún no identificado, con conexiones desde México, donde se estaría financiando la operación”. Contiene “datos puntuales con especificaciones de empresas, vehículos, nombres y apellidos, números telefónicos y detalles de presuntas maniobras ilícitas”, resaltó Jarque en su alegato.
Destacó que tal nivel de “precisión y detalle” denotaría una investigación previa no acreditada en el expediente. “No es posible corroborar si esos datos provienen de escuchas telefónicas, tareas de vigilancia y otras labores o de la participación de un agente encubierto o un arrepentido”, agregó el defensor.
En esa línea, deslizó un argumento inquietante. “Hemos escuchado en estas audiencias, una hipótesis según la cual (Rodrigo) Naged Ramírez pudo haber sido el informante de la DEA, lo que derivó en el anoticiamiento a autoridades argentinas y en su posterior homicidio”, dijo Jarque. En 2018, cuando cumplía arresto domiciliario, Ramirez fue ultimado junto a su hijo en un departamento de la Capital Federal, hecho por el cual está siendo juzgada su abogada.
“Ese supuesto no hace más que confirmar el desconocimiento sobre el origen de la información que dio inicio al trámite de la causa”, apuntó el defensor oficial sobre la hipótesis citada por el fiscal. Destacó que según los estándares que define el propio Ministerio Público para la recepción de información sobre actividades ilícitas, su emisor debería ser un fiscal y no la DEA.
Por las condiciones en que se aportó esa nota “no puede ser considerado un elemento idóneo para iniciar la investigación”, argumentó Jarque, que pidió a los jueces actúen de oficio y determinen su exclusión del caso. Podría derivar en invalidar todo lo actuado, desde el inicio de la causa en la justicia federal de Campana.
Para ese caso, pidió el sobreseimiento e inmediata liberación de Acevedo Vargas. Si su postura no fuera compartida por el Tribunal, planteó que el mexicano sea condenado por partícipe necesario en el delito de tráfico de estupefacientes, como requería la elevación a juicio.
Jarque dijo que el fiscal, tras el debate, amplió indebidamente la acusación más allá de lo que el mexicano admitió. “Se intercalan cuestiones probadas con otras presentadas como probadas pero que quedaron como hipótesis”, opinó el defensor oficial.
Por el contrario, el abogado que asiste a los otros dos mexicanos de la banda admitió tanto la calificación de coautores como la pena solicitada por González Da Silva para ambos. Gustavo Rodríguez dijo que Max Rodríguez Córdova (48) y Jesús Madrigal Vargas (33) “expresaron conformidad” sobre la solicitud de 15 y 14 años de cárcel, respectivamente.
En el mismo sentido se expidió Carlos Mira, defensor de Amilcar Martino (61), para quien el fiscal pidió 6 años de cárcel como partícipe necesario. Igual pena solicitó para Marcelo Rafael Cuello (47), cuya abogada, Gisella Malvestitti, admitió su culpabilidad, pero exhibió argumentos para que el Tribunal evalúe una morigeración de la sanción.
Todos los defensores coincidieron en objetar las multas y decomisos de bienes y activos pedidos por el fiscal y la querella de la AFIP, para los acusados. Siguieron los argumentos de inconstitucionalidad planteados por el defensor oficial ante el Tribunal, José Guillermo Pazos Crocitto, que asiste a Darío Cuello (33), para quien el fiscal solicitó 5 años de cárcel como partícipe necesario.
Consideró “exorbitantes y de imposible cumplimiento” las peticiones de González Da Silva y los abogados Mariano Hongay y Daniel González, del organismo recaudador. Particularmente, se manifestó en contra de la conversión de la multa impaga en días de prisión, como pidió la fiscalía.
Pazos Crocitto se despachó además contra actitudes “personalistas”, “invasión de funciones” y citas “a espaldas de toda objetividad” por parte de González Da Silva. Luego de señalarlo por “confundir para llegar agua a su molino” le devolvió algunas alusiones a tiras televisivas como “Chespirito“, “Narcos” o la serie sobre Maradona, que desplegó el fiscal, en su extenso alegato.
“Me permito recordarle entonces el Padrino Uno cuando dice ‘acá no hay nada personal y todo es cuestión de negocios’. Esto es lo mismo, traspolado a la función, no estamos aquí para insertar subjetivismos emocionales en la causa que nos separen de la objetividad procesal sino que solo tenemos que representar los intereses que nos ocupan”, disparó el defensor.
“A diferencia del ‘Robo del Siglo‘, no creo que vayan a hacer una película de esta causa. No van a tener personajes. Hemos vivido un show”, opinó Pazos Crocitto sobre otra llamativa cita del fiscal. Fue cuando aludió a la historia del uruguayo Vitette Sellanes, uno de los cerebros del atraco a la sucursal del banco Río en Acasusso, que evoca aquel filme.
Lo hizo para expresar su rechazo a la ley que les permitiría a los mexicanos, si son hallados culpables, volver a su país, tras cumplir un año más de la eventual condena. “Mientras, un argentino se tiene que pasar todos los años en prisión. Es irracional y una burla que me hace acordar al ‘Robo del Siglo’”, dijo el fiscal.
Luego recordó que ese beneficio le permitió a Vitette retornar a Uruguay. “Se armó una joyería, algo vinculado al delito, no apareció todo el dinero, viaja por todo el mundo, tiene un tema musical propio, escribió un libro con prólogo de Víctor Hugo Morales que lo realza porque atenta contra el capitalismo y tiene una película. Beneficios inconcebibles para un ciudadano argentino”, opinó.
Los alegatos continuarán el 11 de junio con la exposición de los abogados que asisten a Emmanuel García (41). Está acusado de lavar activos originados por la banda de narcotraficantes. Mientras el fiscal pidió 8 años de prisión, la querella de la AFIP elevó a 9 la solicitud, además de una fuerte multa.
Bahía Blanca. Corresponsal.
GL
Fuente Clarin
