Por Guido Carelli Lynch
Después de la multitudinaria movilización de hace una semana del Frente de Unidad Piquetera en todo el país, que tuvo su epicentro frente al ministerio de Desarrollo Social y fue en los hechos una de las protestas más convocantes contra la administración de Alberto Fernández, el Gobierno logró desactivar el acampe programado de las organizaciones sociales opositoras previsto para los próximos días. El Ejecutivo gana tiempo y logra aplacar la protesta social con más alimentos para los comedores y promesas de actualizaciones de ingresos.
Las organizaciones empujan reclamos y exigen desde marzo en que se declare personal estratégico y se vacune a los trabajadores de los comedores populares de todas las provincias. Apuntan contra Axel Kicillof y reclaman un aumento de los planes sociales, a tono con la nueva pauta salarial autorizada por la Casa Rosada.
Daniel Arroyo fue el encargado de ponerle el moño a las negociaciones del Ejecutivo con los movimientos sociales opositores el jueves por la tarde. “Fue una buena reunión de trabajo y avanzamos con las líneas de Potenciar Trabajo y asistencia alimentaria. Continuamos trabajando y con diálogo permanente”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social al culminar el encuentro.
Fue en realidad la culminación de una serie de reuniones previas que encabezaron desde el miércoles y durante todo el jueves otros dos funcionarios que estuvieron presentes con Arroyo, en el encuentro: el director de ayudas urgentes Pablo Pais y el secretario de Economía Social Emilio Pérsico.
Según los referentes de las organizaciones, Pérsico, líder del Movimiento Evita, comunicó a las organizaciones opositoras -que lo acusan de discriminarlos con el alta de planes- que el Potenciar Trabajo seguirá ampliándose, aunque de manera acotada. Se trata del plan de empleo que administra y que cobran más de un millón de trabajadores de la economía popular (buena parte de ellos nucleados en los movimientos sociales oficialistas y opositores) y que el Ejecutivo duplicó en sus 18 meses de gestión. En la secretaría de Economía Social explican que las ampliaciones seguirán extendiéndose pero solo para ramas específicas del programa vinculadas al empleo verde, deporte y oficios para pymes, con las que Estado cubre la mitad del salario de los trabajadores y las pequeñas empresas el restante.
Emilio Persico y Daniel Arroyo, encargados de contener a las organizaciones de izquierda. Foto: Marcelo Carroll.
Los referentes del Frente piquetero exigieron a Arroyo la necesidad de multiplicar los bonos extraordinarios como el que recibieron este mes para compensar la inflación. La mayor preocupación de las organizaciones tiene que ver con que el salario social complementario ($12.204) que cobran está atado -es la mitad- al salario mínimo vital y móvil, que este año tuvo una paritaria del 35 por ciento en 7 (siete) tramos. El ministro explicó que el Consejo que preside el ministro de Trabajo Claudio Moroni volvería a reunirse en septiembre; desde el Polo Obrero dicen que es una eternidad. “El Presidente tiene la potestad de convocarlo. A todos los bonos se los come la inflación”, insistió Silvia Saravia de Barrios de Pie-Libres del Sur.
Las movimientos de izquierda reclaman ayudas económicas -desde el IFE a una apertura mayor del Potenciar– que están fuera del alcance presupuestario del ministerio, según les transmitió Arroyo.
Los dirigentes del Frente de Unidad Piquetero insistieron con el pedido para que el Gobierno interceda ante los gobernadores para que las provincias incluyan de manera inmediata a los trabajadores de los comedores, en su mayoría mujeres. Por edad y comorbilidades, miles de las 70 mil trabajadores de los comedores -en su mayoría mujeres- ya recibieron al menos una dosis. Apuntan específicamente contra el gobernador bonaerense. Arroyo les prometió que hablaría con Carla Vizzotti para que el Consejo Federal de Salud (que reúne a los ministros de las 24 jurisdicciones) instruya a los mandatarios provinciales en ese sentido. En el Movimiento Evita, que conduce Pérsico, hubo malestar -silenciado ahora en pos de la campaña y la unidad- por la reticencia de Kicillof. La Ciudad, San Juan y Corrientes son las provincias que más avanzaron en ese sentido.
No todas fueron pálidas, las organizaciones valoraron que el ministerio regularizó la entrega de alimentos y aumentó la cantidad y la calidad de los productos para los comedores. No obstante, exigen por faltantes esenciales como aceite y arroz. Para subsanar la falta de aceite, Arroyo relató que estudian comprar de manera directa a la Federación Agraria. “Lo comprometido será verificado en el curso de los días venideros”, dijeron desde el Polo Obrero, que anticipó que podría haber más medidas de fuerza.
El ministro explicó a los representantes de los movimientos que Jefatura de Gabinete trabaja ahora en un nuevo marco regulatorio para compras estatales con el que se podrían acelerarse las compras de alimentos. Es por el final del programa Precios Máximos, que servía como marco de referencia para las compras del ministerio. El Gobierno había fijado ese criterio tras la polémica por compras con sobreprecios de alimentos de Desarrollo Social que terminó con la salida de 14 funcionarios en abril de 2020.
Fuente Clarin
