El diputado de Juntos por el Cambio Luis Petri advirtió este sábado que la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou intentará recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que eventualmente anule su condena y así poder volver a ser funcionario.
Petri recordó que unos meses la comisión bicameral de implementación del Código Procesal Penal –que maneja el kirchnerismo- adelantó la puesta en vigencia algunos artículos de ese código que permitirían “la revisión de las sentencias eventualmente por la Corte Interamericana”.
El legislador afirmó en declaraciones al programa Dato sobre Dato de radio Milenium que la defensa del ex ministro de Economía lo intentaría “a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expresado que la Corte Interamericana no puede transformarse en un Tribunal de Apelación”.
Boudou quedó el viernes con libertad condicional luego la reducción de su condena en once meses y en un polémico trámite judicial.
El viernes la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de Boudou, Graciana Peñafort, adelantó que pedirá la nulidad de la condena a 5 años y 10 meses de prisión pero no dijo cómo.
“Cando una persona es condenada por corrupción, además de la pena de prisión, también se establece la inhabilitación perpetua para acceder al ejercicio de cargos públicos”, recordó Petri.
Petri subrayó que “ir a la Corte interamericana sería un verdadero escándalo judicial, pero es muy probable que se plantee teniendo en cuenta los antecedentes, esperemos que se rechace.”
“En esta Argentina de hoy sería escandaloso que una persona que fue condenada con sentencia firme, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, logre la revisión de la sentencia e foros internacionales”, reiteró.
Recordó que la compra ilegal de Ciccone por parte de Boudou y su socio Nuñez Carmona estuvo rodeada de escándalos. Comenzó cuando en el 2013 la entonces presidenta hizo renunciar el procurador general de la Nación, “Bebe” Righi por haber permitido el allanamiento del departamento del ex presidente.
Luego “Boudou recibió una condena excesivamente corta, que esa condena quedó firme y pese a quedar firme él estaba cumpliendo prisión domiciliaria, concedida por el juez Daniel Obligado, inexplicablemente porque debía estar cumpliendo condena de prisión efectiva”.
Además, se valió de la ley estímulos educativos “para obtener una rebaja de condena haciendo una estafa a la ley de ejecución de la pena porque esos estímulos están previstos para que las personas sin oficios puedan reinsertarse socialmente una vez que recuperan la libertad”.
“Nada tiene que ver con lo que hizo Boudou que en definitiva utilizó este recurso haciendo cursos de electricidad o de organización de eventos para obtener una reducción de la condena de hasta 11 meses”, recalcó el legislador mendocino.
Para Petri “se trata claramente de un condenado vip que tuvo privilegios, que estuvo por encima de la ley y que a partir de estos beneficios logró una rebaja significativa de la pena, lo cual nos hace suponer que se trató de un indulto encubierto a partir de la utilización de beneficios procesales o beneficios en la ley de ejecución de la pena.”
Denunció que “desde que asumió este Gobierno, sin lugar a dudas el principal objetivo que han tenido es el de colonizar la justicia y eventualmente hacerla dependiente del poder político”, nombrado jueces como Alejo Ramos Padilla.
“Además, lo hacen explícitamente a través de proyectos de reforma judicial o la ley de ministerio público, que para nosotros es la ley que marca una bisagra porque si en definitiva logran sancionarla, inmediatamente se adueñan del Ministerio Público y a partir de allí obtienen la clausura de cada una de las causas que los tienen como protagonistas por los hechos de corrupción”, advirtió.
Pero además “hay una reforma silenciosa y hay una avanzada silenciosa que viene ocurriendo sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público y tiene que ver con la designación de jueces y fiscales, con pedidos de jubilación, con la salida de la Oficina Anticorrupción como querellante en todas de las causas como corrupción…”
Finalmente, Petri afirmó que “hay todo un plan sistemático de la vicepresidenta para obtener los sobreseimientos a partir del control de Cámaras que son cruciales o bien indultos de hecho, porque valiéndose de recursos y beneficios procesales, aún obteniendo condenas, no pasan un sólo día privados de la libertad.”
Fuente Clarin
