La Justicia de Salta homologó el beneficio de la probation a la que accedieron 16 concejales de distintos distritos de la provincia por cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 que el Gobierno Nacional dispuso para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías como ayuda para afrontar la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus.
La decisión fue confirmada por la jueza de Revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Mariana Catalano, que dejó firme 16 acuerdos de suspensión de juicio a prueba, en una audiencia de control de acusación seguida contra 25 exfuncionarios públicos acusados de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario.
La audiencia que se realizó este jueves fue continuidad del trámite judicial que se inició el 5 de julio pasado, cuando las defensas de los 25 imputados plantearon el sobreseimiento por distintos motivos. La jueza no hizo lugar al requerimiento y otorgó, en ese momento, un cuarto intermedio para que las partes evalúen alguna salida alternativa.
Fue así que el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, arribó a una serie de acuerdos con los imputados, que incluye donaciones que serán destinadas a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios.
Los acuerdos prevén sumas promedios de entre 10 y 20 mil pesos y, en algunos casos de 60.000, alcanzando un total estimado de 320 mil pesos, que los acusados aportarán en concepto de donaciones.
Las donaciones incluyen mercadería, pañales e insumos médicos y bienes destinados a escuelas públicas. En ese sentido, por ejemplo, un hospital, consultado sobre las necesidades, solicitó el aporte de pilas doble y triple “A” para los distintos dispositivos sanitarios con los que cuentan, según consignó el diario El Tribuno.
Además, la fiscalía exigió que los imputados hagan tareas comunitarias, requisito que algunos de los concejales intentaron evadir. Pero, la jueza no sólo avaló el pedido del fiscal sino que dispuso un total de 1.636 horas de trabajo comunitario para los 16 imputados, que deberán cumplir en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.
Asimismo, los acuerdos autoinhabilitó a los acusados para participar como candidatos en dos procesos electorales. “Además, para que sea accesible este acuerdo se autoinhabilitaron por dos procesos electorales, es decir ellos plantearon que no pueden ser candidatos en dos procesos electorales para que se suspenda su causa respecto de ello, haciendo la aclaración de que el primer periodo sería el de este año y el del año siguiente”, explicó el fiscal Toranzos, en diálogo con Nuevo Diario.
En esta causa son 53 los funcionarios investigados, quienes fueron divididos por audiencia. En este primer grupo, entre los 25, hubo casos que cobraron una cuota y otros dos, los que solicitaron y se aprobó el IFE y aquellos que pidieron la asistencia, indicó Toranzos.
Este caso salió a la luz en julio de 2020 cuando se conoció la nómina de estos concejales salteños que figuraban en el registro de trámites de ANSeS para el cobro del IFE.
GRB
Fuente Clarin
