Con una cuenta bancaria bajo investigación, un grupo de ex funcionarios que aceptaron tareas comunitarias y donaciones de 320.000 pesos por haber cobrado el IFE de forma irregular, el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, sumó otra línea de investigación en un caso que conmociona a la provincia: la supuesta compra con fondos del PAMI local de un lote de pavas eléctricas “que se habrían distribuido en plena campaña electoral”.
El escándalo estalló cuando 53 concejales municipales fueron denunciados por defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda económica que el Gobierno nacional brindó en medio de la pandemia por el Covid-19. 25 ex funcionarios terminaron imputados en el marco de este expediente.
El fiscal Ricardo Toranzos organizó la investigación en al menos tres grupos: aquellos que habían solicitado el IFE , trámite que fue aprobado, y terminaron cobrando la cuota; quienes había solicitado dicho beneficio y sólo llegaron a la instancia de la aprobación sin percibir los fondos comprometidos; y, finalmente, aquellos que lo requirieron pero fueron rechazados por el sistema.
Con diversos grados de responsabilidad, la fiscalía formalizó la investigación por los tres grupos en distintas audiencias, ya que se consideró que el número de imputados era importante. Resultó que en el tercer grupo se contabilizaron cerca de veinte concejales.
Los abogados defensores pidieron el sobreseimiento la semana pasada, durante una audiencia de ese grupo que habían requerido el IFE pero el sistema se los rechazó. La defensa había considerado que su conducta era “atípica”, a lo que juez hizo lugar.
Sin embargo, el fiscal Toranzos apeló esa medida y finalmente este martes el Tribunal de Revisión revocó el fallo del juez de garantía, sosteniendo que la “solicitud de un funcionario público del IFE, en un contexto de emergencia, tenía relevancia penal, máxime que ese pedido implicaba un carácter de declaración jurada, por lo que omitir que era un trabajador en relación de dependencia constituía un ardid suficiente para hacer incurrir en error al Estado“. Así, volvieron a ser parte de la investigación.
A ese escenario se sumaron los acuerdos a los que arribó la fiscalía, aplicando la suspensión de juicio a prueba con tareas comunitarias y también donaciones económicas. Fueron en total 16 los ex funcionarios que firmaron dicho acuerdo “tanto por casos consumados, en los cuales los concejales imputados solicitaron y cobraron el IFE, como también hechos en los cuales pidieron el beneficio pero no lo percibieron, ya sea porque fueron rechazados o simplemente no alcanzaron a cobrarlo”, señalaron desde la fiscalía.
Con sumas de 10 a 20 mil pesos promedio, y en algunos casos de 60.000, se arribó a un total estimado de 320 mil pesos, “que los acusados aportaran en concepto de donaciones a entidades de bien público, entre ellas hospitales, comedores y centros de salud de distintos municipios”. Las donaciones van desde mercadería, pañales e insumos médicos y bienes destinados a escuelas públicas.
Al margen de estos aportes, la fiscalía solicitó la realización de tareas comunitarias, requisito que algunos imputados intentaron evitar. Se reunieron un total de 1.636 horas de trabajo comunitario por parte de los 16 imputados, quienes cumplirán dicha colaboración en hospitales, centros de salud, comedores comunitarios y en las oficinas municipales.
Se sigue investigando a otro gran grupo de ex funcionarios que cobraron el IFE. Pero la fiscalía sumó otra línea de investigación: se le informó que la Aduana había liberado a favor del PAMI un lote de pavas eléctricas. La primera explicación que se recibió fue que eran para ser distribuidas entre los afiliados.
Sin embargo, el fiscal Toranzo observó que muchos de esos electrodomésticos estaban siendo entregados en plena campaña electoral por un grupo de concejales del Frente de Todos, vinculados a La Cámpora. Bajo la lupa quedó Fernando Ruarte, de la agrupación que a nivel nacional dirige Máximo Kirchner.
Por ese motivo, se pidió que se informe desde el PAMI cuándo se compraron las pavas eléctricas, bajo qué justificativo. Asimismo, el organismo debe informar a la fiscalía sobre los fondos aplicados a dichas adquisiciones y la justificación de los mismos. Pero sobre todo, se pidió un listado de las personas que recibieron las pavas eléctricas, “para saber si efectivamente fueron entregadas a los afiliados o se usaron para hacer campaña”.
Al escándalo se sumó la cuenta bancaria que Toranzos detectó y donde estima se derivaba parte de los salarios (20%) que presuntamente La Cámpora le requería a los trabajadores. Según los testimonios, este mecanismo se implementó con la intervención de un camporista ubicado al frente de la UDAI de la ANSES, Marcos Vera investigado también por el cobro irregular de IFE.
Como contó Clarín, la fiscalía detectó una cuenta bancaria respecto de la cual requirió ahora el levantamiento del secreto bancario, algo que se concedió hace pocos días. En consecuencia, se requirió a la entidad financiera que envíe todos los movimientos de fondos.
La denuncia que se escuchó en el juicio fue la siguiente: “debíamos entregar el 20% de sus ingresos salariales a La Cámpora, retención que estaba a cargo de Marcos Vera, exdirector de la ANSES en Salta (también sospechado por el cobro del IFE) y de Verónica Molina, actual titular del PAMI Salta”.
Con el expediente en curso, y tras una serie de medidas ordenadas por el fiscal que derivaron en el secuestro de una importante cantidad de documentación, la causa busca desentrañar si ese dinero era requerido forzosamente y adónde se enviaba, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Para la justicia federal salteña, la cuestión subyacente es que entregar dinero a una agrupación no se encuadraría en un delito, porque podría constituir una donación: “la política no admite donaciones anónimas, y aquí no se advierte registro alguno en los partidos, mucho menos en las agrupaciones”, indicaron.
Fuente Clarin
