El fiscal de juicio Diego Velasco avaló el rol de Santiago Altman como interventor judicial de Hotesur, la empresa hotelera de los Kirchner, pese a las objeciones de la defensa de la vicepresidenta y del Gobierno. Altman había descubrieron una serie de irregularidades en el manejo de Hotesur hasta que en el 2017 fuera intervenida por la Justicia.
En junio pasado, el titular de la IGJ Ricardo Nissen impuso una multa de 400.000 pesos a Altman por el supuesto “incumplimientos de presentaciones de estados contables desde 2017 a junio pasado, período en que la empresa estuvo intervenida por la Justicia”. Lo hizo en sintonía con la estrategia de la defensa de la vicepresidenta.
Sin embargo, el fiscal recordó el lunes pasado que antes de la intervención de Altman, Hotesur “sufría una acefalía del órgano de administración de la sociedad, tenía una ausencia de libros contables y societarios de la empresa y había falta de colaboración de las autoridades de la firma con los veedores judiciales”.
En un dictamen, Velasco destacó “las insistentes acciones realizadas por el interventor a efectos de recuperar cánones caídos y no reclamados por parte de la administración anterior, lo que motivo un conflicto con Idea S.A.”
Idea S.A. era manejada por Lázaro Báez para “alquilar” los hoteles de los Kirchner. Luego se logró “un acuerdo en relación a parte del reclamo y proponiendo una solución para el resto (arbitraje) que nunca fue resuelto por el tribunal oral federal 5”, dijo el fiscal en un dictamen al que accedió Clarín.
El fiscal recordó “los agravios formulados en forma constante por la defensa, que incluso motivaron una inusitada sanción personal en contra del ex interventor emitida por la IGJ” que dirige Ricardo Nissen, el ex apoderado de los Kirchner en el caso Hotesur.
Sin embargo, destacó que “ha sido clara la falta de colaboración de esa defensa (la de los Kirchner) en la administración ya que, conforme se desprende de los extensos informes presentados, la misma solo tenía interés en el cuidado de los bienes que se administraba”.
“Todo ello se ve ratificado en que luego de ordenada la desintervención judicial la parte (defensa) ha normalizado la situación social que tanto el interventor reclamaba”, destacó el fiscal.
Entonces, el fiscal Velasco pidió al TOF 5 se dé por concluida y se fijen honorarios para Altman, que tiene a Marta Nercellas como abogada. Altman desde 2017 se hizo cargo de la administración de Hotesur SA.
En abril pasado, el TOF 5 dispuso levantar las intervenciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, propiedad ambas de la familia Kirchner, luego de más de tres años de intervención. Los Sauces es la inmobiliaria de los Kirchner, mientras Hotesur administra hoteles como el Alto Calafate y Las Dunas.
La medida, que alcanzó también al “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner” que administra la herencia de la ex presidente, fue dispuesta por los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, mientras su colega Adriana Palliotti votó en disidencia.
En el fallo se ordenó además la designación de veedores informantes -no interventores- en las sociedades para que controlen su manejo hasta que termine el juicio abierto por sospechas de lavado de 80 millones de pesos.
Ese dinero lo pagó Lázaro Báez en concepto de “alquiler”. Báez, a su vez, recibió contratos de obra pública por 3 mil millones de dólares durante los gobiernos de los Kirchner. La Justicia sospecha que Báez pagaban los alquileres con los sobreprecios provenientes de los contratos de obra pública.
Fuente Clarin
