“En un irregular y clandestino remate judicial”, señala una nota de prensa del diario, “se adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello Rondón”, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el presidente Nicolás Maduro.
La decisión estuvo a “cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del contralor general, Elvis Amoroso Hidrobo, el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, añade el texto.
La decisión se produce luego del embargo anunciado en mayo de 2021 para cubrir los 13 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, le ordenó al diario pagar a Cabello en una demanda por difamación, introducida en 2015.
“Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de ‘robo judicial’, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales causados, en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación”, indica El Nacional.
Cabello tomó acciones legales en contra del medio tras la reproducción de un reporte del periódico español ABC que lo vinculaba con narcotráfico.
Después de presentar la querella, el poderoso dirigente chavista lanzó varias amenazas al medio fundado hace ocho décadas y prometió convertirlo en una universidad o emplear sus terrenos para la construcción de viviendas populares.
“Yo no quiero plata para mí”, dijo Cabello en una de sus declaraciones sobre el caso.
La justicia venezolana consideró que el vicepresidente del PSUV fue “víctima” de un “daño moral gravísimo”. Demandas similares fueron desestimadas a la vez en España y Estados Unidos contra medios de comunicación de esos países.
Más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada al poder de Maduro, denuncia la ONG Espacio Público.
Fuente Ambito
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