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Si el Gobierno deroga la ley que impide a los etarras descontarse en España sus penas en Francia por distintos delitos lo hará a costa de la abundante y contundente jurisprudencia al respecto de todos los tribunales españoles y hasta europeos. Esa ley de 2014 se aprobó durante el Gobierno de Mariano Rajoy para impedir que los etarras se aprovecharan de una decisión marco de la Unión Europea (UE) que abre la puerta, aunque no obliga, a que los condenados en un país comunitario se puedan descontar las penas que han cumplido en otro Estado miembro. Pero, en todo caso, respetando y sin contradecir las normas de cada país, por lo que muchos de ellos, como España, aplicaron importantes limitaciones para que esa decisión europea no se convirtiera en un coladero para todos los afectados. Tanto es así que los etarras se apresuraron a solicitar que se les aplicara esa medida para reducir considerablemente el tiempo de cárcel que les quedaba y sigue quedando en nuestro país. Pero todos los tribunales de España primero y de la propia UE después les cerraron el paso con resoluciones que representan una jurisprudencia demoledora a favor de esa ley española que este Gobierno tiene en su punto de mira, como fuentes del propio Ejecutivo ya han reconocido a ABC. La primera en avalar esa norma fue la Audiencia Nacional, encargada de juzgar los delitos de terrorismo, al rechazar que pudieran acogerse a esa vía de escape los etarras con condenas o delitos en España anteriores al 15 de agosto de 2010, fecha límite para trasponer esa decisión europea a las legislaciones nacionales. Los etarras recurrieron entonces al Tribunal Supremo, que avaló la mencionada ley desde el principio en sucesivas sentencias de 2014 y 2015. El asuntó llegó al Tribunal Constitucional, que en 2016 la volvió a ratificar. Pero, como los etarras y su entorno no reconocen legitimidad a los tribunales españoles, lo intentaron entonces con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La Comisión Europea ya había dicho en 2014 que esa decisión debía aplicarse de acuerdo con la legislación de cada país. Y eso mismo es lo que volvió a decir tres veces seguidas el TEDH en 2018, cuando rechazó otros tantos recursos de etarras contra esta ley española. Así, cuando Pedro Sánchez y el PSOE llegaron al Gobierno en 2018 gracias a Bildu y PNV, entre otros, esa norma ya estaba ratificada hasta por cuatro tribunales distintos y la propia UE: la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional en España, además de la Comisión Europea y el TEDH. Pocas leyes gozan de un aval judicial e institucional tan unánime e impecable. Tras fracasar en todos sus intentos judiciales, los etarras apuntaron a la única vía que les queda: la política. Una opción que, además, se les presenta pintiparada con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno justo en 2018 y más aún tras sumarse Podemos en 2020. Los etarras y su brazo político, Bildu, saben que no encontrarán un Gobierno más inclinado a aceptar sus exigencias. Y por eso le apremian para que liquide las leyes que, como esta, impiden a decenas de etarras librarse de la cárcel mucho antes de lo previsto por la Justicia española.
Fuente ABC
