Pero hay algo que indignó aún más a los tenedores de deuda. La información ya semioficial que desde el organismo se le permitirá al país renegociar la consecutividad de las metas comprometidas para todo el año (sin modificarlas, pero si flexibilizarlas a lo largo de los meses del 2022), provocó un alboroto máximo entre los inversores en deuda local que aún mantienen sus posiciones a la espera de algún tipo de azul en su rentabilidad que nunca llega. La proyección que hacen los fondos de inversión, es que cuando esto se confirme luego de la reunión clave del board del FMI del próximo 24, cuando se trate el caso argentino, el gobierno nacional abandonará cualquier tipo de exigencia para obligarse a cumplir con las metas fiscales, cambiarias y monetarias. Luego, ya no habría necesidad (creen los privados), de sostener responsabilidades sobre los ingresos y gastos, ya que una eventual caída del acuerdo se demoraría para bien entrado el 2023. Según la interpretación de los bonistas, este peligro era la única restricción seria que tenían este año Fernández y Guzmán para sostener cierta prudencia en el manejo de los números de recaudación y gastos. Y que, hacia delante, ya no habrá incentivos (ni temores a castigos) para que el frente fiscal y financiero se ordene.
Para los tenedores de deuda argentina reestructurada en 2020, la consecuencia directa de todo este razonamiento es simple y negativa: sin que el FMI acelere el ajuste (por el contrario, que lo retrase) los bonos en su posesión continuarán navegando en valores de default; con cotizaciones de mercado por debajo de la tabla de supervivencia del 30% nominal. Sólo teniendo en cuenta que el Valor Presente Neto del canje fue de 54,8%, que cualquier bono normal de un país medianamente prolijo debería estar cotizando por arriba del 70%, que a dos meses y 10 días de cumplirse dos años el riesgo país se estabiliza en un nivel de 2000 puntos básicos; se entiende la tragedia financiera que viven los fondos de inversión.
Muchos de ellos están analizando seriamente pasar a la acción. Su posición es un clásico. Saben que la única manera de influir sobre los funcionarios locales, no es a través de la acción directa (nunca funcionó con la actual gestión), sino desde el FMI y sus misiones trimestrales. En consecuencia, planean presionar sobre los embajadores de los países que manejan el board del FMI para que interfieran entre Goldfjan y sus planes sobre Argentina.
Los bonistas creen que el Fondo no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio. Consideran que el FMI cometió un error de raíz al cerrar el acuerdo: el no exigirle al Gobierno que firme un acuerdo que incluya estrictas reformas estructurales, lo que provoca un severo peligro de incumplimiento. En concreto, a los tenedores de la deuda argentina, los que la mantuvieron desde el canje o los nuevos inversores, no les gusta el acuerdo que el país firmó con el Fondo, pero por flojo en materia de exigencias. Lo contrario, curiosamente, a lo que políticamente se le cuestiona en Argentina a Martín Guzmán.
Fuente Ambito
