Lo confirmaron fuentes cercanas a Macri y tramita en el juzgado de Capuchetti
La custodia del expresidente Mauricio Macri radicó una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py luego de que el expresidente recibiera amenazas de muerte en su contra. Así lo confirmaron fuentes cercanas al exmandatario. Los mensajes, algunos de ellos a través de redes sociales, fueron suficientes para que los encargados de la seguridad de Macri fueran a los tribunales.
La presentación fue realizada el 1° de septiembre, el mismo día en que fue atacada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por esa razón, la denuncia recayó en el el juzgado federal N° 15 , a cargo de la jueza María Alejandra Capuchetti, quien investiga por estas horas el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. No obstante, la denuncia trascendió este jueves.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/5MI7XLRBTBDGNPWS7MJMP65WYE.jpeg)
El equipo de seguridad de Macri puso en conocimiento de la Justicia la amenaza de un usuario de Twitter, publicada a fines de agosto. “¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?”, escribió el usuario @Luisanfer2442. La cuenta ya se encuentra cancelada.
La Dirección General de Seguridad Presidencial y Protección del Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, a cargo de la custodia de Macri, detectó la amenaza y decidió realizar una presentación ante la División de Delitos Constitucionales de la Policía Federal.
Según el escrito, la presentación se realizó a las 16, varias horas antes que Cristina Kirchner fuera atacada por Fernando Sabag Montiel mientras llegaba a su domicilio en el barrio de Recoleta.
Al tomar conocimiento de la amenaza contra Macri, desde el Juzgado de Capuchetti procedieron al inicio de actuaciones sumariales, se ordenó la elaboración de un “informe de la cuenta amenazante”, y se dispuso el análisis y disposición de nuevas medidas.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/76LR5IPH6JBRPIHEOBGYL2TXC4.jpeg)
La cuenta @Luisanfer2442, ya bloqueada, pertenecía al usuario identificado como Luis Fernández, que indicaba como lugar de residencia la ciudad de Las Heras, en Santa Cruz. Además, se consignaba como fecha de nacimiento el 10 de septiembre de 1972.
En el perfil de Twitter de Fernández se podía leer “Las islas Malvinas son argentinas. Jamás entregar un centímetro de nuestro suelo. Por Malvinas, siempre”. Al momento de lanzar la amenaza, registraba 48 seguidores y seguía a 358 cuentas.
En la red social circulan capturas de imágenes de antiguos tweets del mismo usuarios en los que habría lanzado amenazas también contra el fiscal Diego Luciani, el funcionario judicial que pidió 12 años de condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Replanteo
Tras el ataque a Cristina Kirchner, el Gobierno comenzó a rever el sistema de custodia que alcanza al Presidente, ministros, y expresidentes, que se encuentra a cargo e la Policía Federal, tal como publicó LA NACION. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tiene a su cargo la coordinación de esas custodias.
“Cosas como las que pasaron el jueves te obligan a volver a poner bajo análisis todo”, afirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad en contacto con la división especial de la Policía Federal encargada de las custodias del Presidente, la vice, los ministros y hasta miembros del Poder Judicial. Las custodias se reforzaron en el caso de varios ministros, confirmaron altas fuentes del Gobierno que evitaron dar nombres propios.
A fines de 2020, el Gobierno había mantenido un conflicto con Macri respecto de su custodia. Desde el entorno del exmandatario habían denunciado la reducción de personal y de recursos. De hecho, fue la exministra de Seguridad Patricia Bullrich quien salió a cuestionar a la gestión de Alberto Fernández por ese hecho.
En aquel momento, Bullrich había expuesto “llamativos desmanejos” en la custodia de Macri luego que le retuvieran la camioneta Toyota SW4 blindada que usaba para trasladarse. Además, la titular de Pro expuso que hubo una sanción para los efectivos que no respaldaron esa decisión. Desde el Gobierno se minimizó entonces el hecho y se limitó a responder que solo se había cambiado un vehículo.
Fuente La Nación
