Por qué Bruselas quiere multas más pequeñas contra los países que incumplan las reglas fiscales

La Comisión Europea ha hecho pública esta semana su propuesta para una reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea que son consideradas demasiado complejas y difíciles de implementar. Aunque todavía tiene que negociarse con el Parlamento Europeo y con el Consejo, donde encontrará importantes oposiciones, la idea de la Comisión es que los países tengan que cumplir con planes de reducción de deuda pública a cuatro años más adaptados a sus características y necesidades, pero manteniendo los dos pilares fundamentales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: que el déficit se encuentre por debajo del 3% y que la deuda pública se dirija por debajo del umbral del 60% del PIB.

La decisión de modificar las reglas es una admisión de que no cumplía con las necesidades actuales, a pesar de que fueron una de las protagonistas de la era de la austeridad de la pasada década a la que en Bruselas se le ha ido dando la espalda durante los últimos tres o cuatro años. Ahora, y aunque Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha explicado que “no culparía a las normas por las tragedias que hemos tenido en la década anterior”, las críticas a puerta cerrada son muy duras. Las reglas actuales “no son realistas” y aplicarlas de forma literal “dañaría el crecimiento”, admite una fuente comunitaria.

Pero, además de todo ello, la propuesta de la Comisión Europea incluye un elemento curioso, pero sobre el que hay más o menos consenso entre académicos y expertos. Al presentar las principales medidas, Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo, recordaba que las reglas no se han respetado habitualmente, y que, tarde o temprano, uno u otro Estado miembro las incumplía. Para evitarlo, para hacer que las nuevas normas se respeten más, la idea de la Comisión Europea es sencilla: hacer que las multas sean más pequeñas.

¿Para qué multas pequeñas?

La vez que más cerca se ha estado de aplicar multas contra un Estado miembro fue, precisamente, en el caso de España y Portugal en 2016. Entonces se estuvo cerca, pero la Comisión Europea acabó apostando por anular una sanción de más de 2.000 millones de euros contra el país en el último momento y en una situación muy tensa en la que se llegó a barajar la posibilidad de una multa simbólica. La realidad es que se ponderaron riesgos y en el Ejecutivo comunitario, y también en Alemania, se llegó a la conclusión de que sería un error político tras el fuerte ajuste que llevaba asumiendo España.

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Aquella experiencia demostró que las sanciones, en principio del 0,2%, pero que pueden llegar hasta el 0,5% del PIB, son tan duras que, políticamente, las hacen tóxicas. Una fuente comunitaria explicaba muy bien estos días por qué: “Tenemos multas muy grandes y en el pasado se ha comparado con una bomba nuclear. Y la cuestión es que no quieres usar una bomba nuclear, por muchas buenas razones”.

A efectos prácticos las multas eran tan exigentes que aplicarlas era una decisión que se tenía que ponderar demasiado políticamente y que las hacía inútiles. Ahora la Comisión Europea trata de solucionarlo con dos cambios fundamentales. Por un lado, hacerlas más pequeñas, aunque no ha especificado cuánto se reduciría respecto a los actuales niveles, y por otro hacer que su aplicación sea más automática y, por lo tanto, menos política, de manera que la imposición de una sanción no requiera una discusión abierta y desestabilizadora en el colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario, como ocurrió en 2016 en el caso de España y Portugal.

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En un paper de 2018 para el think tank económico Bruegel los economistas Zsolt Darvas, Philippe Martin y Xavier Ragot ya mostraban su oposición a multas tan grandes. “Las multas cuantiosas no son creíbles, ya que no persiguen un propósito económico aparte de la sanción, y podrían exacerbar una posición fiscal ya frágil. Esto crea un problema de consistencia en el tiempo: ex ante, todos están de acuerdo en que las sanciones creíbles son importantes para hacer cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero, una vez que se viola, imponer una sanción podría hacer más daño político y económico que bien”, explicaban entonces.

Y daban otro argumento a favor de hacerlas más automáticas y menos políticas: la propuesta de sanción que hace la Comisión tiene que ser aprobada por el Consejo, y en él podían aparecer “coaliciones” que, de hecho, favorecieran el incumplimiento. Ministros de Finanzas de países que ven que pueden encontrarse en una situación similar al que ha incumplido las normas pueden tener incentivos para votar en contra de las sanciones, creándose así coaliciones que dañan la credibilidad de todo el sistema, aunque es cierto que estas medidas se adoptan por una mayoría cualificada inversa, es decir, que las sanciones quedan aprobadas salvo que una gran mayoría se muestre en contra.

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Además, la propuesta incluye otro tipo de sanciones. Por un lado, abre la puerta a que se puedan frenar pagos del presupuesto de la Unión Europea a un Estado miembro que incumpla de forma repetida las reglas, replicando así el mecanismo de condicionalidad que se ha estrenado recientemente a la hora de garantizar el buen uso del presupuesto comunitario. Por otro lado, plantea la idea de sanciones “reputacionales”. Así, el ministro de Finanzas de un país que no cumpla con las reglas tendría que someterse a un proceso que sea más o menos dañino a nivel reputacional, como, por ejemplo, señalan desde el Ejecutivo comunitario, tener que explicar ante el Parlamento Europeo cómo piensa reconducir la situación.

Estas modificaciones se suman al hecho de que la propuesta de la Comisión Europea tenga como elemento central que los propios gobiernos nacionales sean los que diseñen, junto al Ejecutivo comunitario, de qué manera quieren cumplir con el plan a cuatro años de reducción de la deuda. Aplicar sanciones contra un país que ha incumplido un plan que él mismo ha ayudado a diseñar y ha aceptado es, políticamente, mucho más sencillo para Bruselas.

La Comisión Europea ha hecho pública esta semana su propuesta para una reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea que son consideradas demasiado complejas y difíciles de implementar. Aunque todavía tiene que negociarse con el Parlamento Europeo y con el Consejo, donde encontrará importantes oposiciones, la idea de la Comisión es que los países tengan que cumplir con planes de reducción de deuda pública a cuatro años más adaptados a sus características y necesidades, pero manteniendo los dos pilares fundamentales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: que el déficit se encuentre por debajo del 3% y que la deuda pública se dirija por debajo del umbral del 60% del PIB.