La titular del INADI, Victoria Donda, fue denunciada hoy por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, luego de que se conociera el caso de Arminda, la empleada doméstica a la que le ofreció un plan social y un contrato en el organismo que preside, para compensarla por no haberle pagado los aportes patronales.
«Puede inferirse que los ofrecimientos en cuestión tuvieron que ver, como lo ha sostenido el letrado de la trabajadora en medios periodísticos en que las irregularidades registrales impedían a su clienta el acceso al beneficio jubilatorio y al cumplimiento por parte de la funcionaria denunciada de otras obligaciones de índole laboral», señala el texto al que PeriodismoyPunto tuvo acceso.
La presentación fue realizada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, y recayó en el juzgado federal N° 6 de Comodoro Py, que desde octubre pasado es subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Asimismo, los denunciantes plantearon que «independientemente de las irregularidades registrales – o no – que haya presentado la relación laboral que unía a Donda y a Oxa (Arminda), consideramos que de los chats publicados y de las propias declaraciones de la nombrada y su letrado, surgen indicios de conductas penalmente relevantes que ameritan la instrucción de las presentes».
Por ello, solicitaron que se cite a declarar a la ex diputada y a su ahora ex empleada. Como así también que se libre oficio a INADI a los fines de que informen todos los contratos vigentes en el organismo, y se secuestren los aparatos móviles telefónicos en poder de Donda «ante la posibilidad de que
se eliminen los registros» y para «realizar el peritaje sobre los mismos y determinar si la nombrada utilizó su influencia como funcionaria pública para otorgar beneficios estatales a personas de su cercanía».
Esta no fue la única presentación realizada por Magioncalda y Fazio en contra de Donda. Según pudo saber este portal, también la denunciaron ante la Oficina Anticorrupción por «inhabilidad moral» y solicitaron que dicho organismo recomiende su apartamiento del INADI.
Fuente Periodismo y Punto
