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Fundación Pensar, Fundación Além y el instituto Hannah Aredent publicaron un crudo manifiesto sobre el avance del gobierno sobre la justicia en aras de lograr la impunidad de CFK y demás imputados en causas de corrupción.
El lunes 1º de marzo, el presidente Alberto Fernández inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. En su discurso, retomó la agenda de embates a la Justicia: “el Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano. (…) Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad1”, dijo el jefe de Estado. Asimismo, pidió al Congreso que asuma el control sobre el Poder Judicial2, y apruebe los proyectos de reforma judicial y Ministerio Público que se encuentran en la Cámara de Diputados3. De este modo, el oficialismo lograría designar cientos de nuevos jueces, cambiar al Procurador General de la Nación e intervenir el Ministerio Público Fiscal, afectando seriamente la independencia judicial y división de poderes.
El proyecto de reforma del Ministerio Público que el Presidente pidió aprobar ya obtuvo media sanción el 27 de noviembre de 2020 en el Senado, donde el Gobierno cuenta con amplia mayoría. Resulta de suma importancia pedir a los diputados nacionales que no aprueben este proyecto, reiterando cuáles son los puntos absolutamente inaceptables.
En particular, el proyecto: elimina la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, debilita al Procurador General y condiciona a los fiscales, quienes podrán ser rápidamente removidos por un Tribunal de Enjuiciamiento que cuenta con mayoría oficialista.
Es menester recordar que el Ministerio Público Fiscal es el responsable de investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado. El Ministerio Público de la
Defensa, por su parte, garantiza la defensa en juicio de los imputados y las víctimas de delitos.
Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público
En primer lugar, el proyecto amplía las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. En efecto, la Comisión pasaría a cogobernar con el Ministerio Público. Esto configura una injerencia indebida de un poder del Estado sobre otro y es inconstitucional, dado que se contradice con el artículo 120 de la Constitución Nacional que define al Ministerio Público como “un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”.
Además, dentro de la ampliación de funciones de la Comisión Bicameral, se destaca la posibilidad de elegir al Procurador General interino en caso de vacancia. Es decir, si se aprobara la ley, la Comisión al día siguiente podría desplazar al Procurador General interino, Eduardo Casal, y designar a otro afín al oficialismo.
El Procurador General tiene una gran importancia estratégica, no solo porque es el jefe de los fiscales que investigan y persiguen los delitos, sino también porque en los casos de corrupción es quien interviene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo la acusación frente a los recursos que se presentan.
En este sentido, la Comisión está siendo utilizada para atacar al Procurador General interino, inmiscuirse en la gestión del Ministerio Público Fiscal, e incluso ha intentado cuestionar investigaciones de fiscales en causas judiciales y procesos disciplinarios, atribuciones que son competencia exclusiva y excluyente del Procurador y los fiscales.
1- Discurso del Presidente Alberto Fernández en la apertura del 139° período de sesiones ordinarias del Congreso.
2-“Pido al Congreso que asuma el control cruzado en la administración de la Justicia”, dijo el Presidente en su discurso a las 13.27 hs.
3-“Envié hace un año el proyecto de ley que reformula el sistema federal. El Senado le dio media sanción, espero que se trate en Diputados”, pidió el Presidente en su discurso a las 13.31 hs
Debilitamiento del Procurador General
En segundo lugar, el proyecto debilita la figura del Procurador General, puesto que elimina la mayoría necesaria para su designación (dos tercios de la totalidad de los senadores presentes), y reduce el plazo de duración de su mandato.
Por el contrario, el sistema de designación actual asegura la selección de un candidato independiente con idoneidad técnica y moral. También le otorga mayor consenso y legitimación democrática para cumplir la relevante función de llevar a cabo la política criminal del Estado y representar los intereses generales de la sociedad. Todo ello no puede quedar librado a una mayoría política circunstancial. Debe ser fruto de un amplio consenso.
Si este proyecto de reforma hubiese estado vigente en el 2012, el kirchnerismo podría haber aprobado el pliego de Daniel Reposo4, candidato a la Procuración General de la Nación. En ese caso, Reposo hubiese reemplazado a Esteban Righi, quien renunció luego de haber sido presionado por no impedir la investigación a Boudou en el caso Ciccone.
Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales
En tercer lugar, el aspecto más peligroso de todo el proyecto es aquel que modifica la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales. Esta reforma le garantizaría una mayoría al oficialismo en el organismo facultado para suspender y remover a los fiscales.
El Tribunal se integra con siete miembros: un representante del Poder Ejecutivo Nacional, tres representantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, un representante del Consejo Interuniversitario, un abogado de la matrícula y un fiscal. Sus decisiones se toman por mayoría simple, y en caso de empate define el Presidente, que es un representante del oficialismo en la Comisión Bicameral.
Si se aprueba este proyecto, el kirchnerismo estará en condiciones de remover a cualquier fiscal que lo incomode con sus investigaciones. Así fue el intento frustrado de destituir al fiscal Campagnoli por haber investigado en el caso que finalmente terminó con la condena de Lázaro Baez, entre otros.
Conclusión
Con el discurso de apertura de sesiones del Presidente en el Congreso y las expresiones de la Vicepresidenta en la audiencia en Tribunales, queda claro que la presión sobre la Justicia en búsqueda de tribunales que dicten decisiones en favor de sus intereses personales, es una prioridad para el Gobierno.
A su vez, hay que tener en cuenta que en paralelo se está impulsando, con apuro, la aplicación del sistema acusatorio en todo el país. Esto le dará mayor poder a los fiscales sobre las investigaciones federales.
Si se aprueba el proyecto de reforma, esto implicará un debilitamiento del Ministerio Público Fiscal, que pasará a ser un anexo del oficialismo, quien avanza sobre un poder que debe ser independiente y tener autonomía funcional. Del mismo modo, el Procurador General dependerá de una Comisión Bicameral del Congreso y los fiscales estarán condicionados en su labor por la posibilidad de ser removidos.
4- El candidato propuesto carecía de idoneidad y antecedentes para el cargo; y además se vio inmerso en un escándalo
por el currículum vitae que presentó en su audiencia pública
