Los aumentos en las naftas de YPF: lo que le faltaba al gran lío de los precios

Se sabe que en el reparto de cargas, la inflación golpea sobre todo a los sectores de bajos o muy bajos recursos, más expuestos que el resto a los cimbronazos económicos y con escasas posibilidades de defender sus ingresos. Y ese problema llamado índice de precios que ha prácticamente desaparecido en el mundo, aquí sigue siendo un problemón a la altura del 40,7% anual que marcó febrero contra, para el caso, el 4,5% que preocupa a Brasil, el 2,9 de Chile o el 2,5% de Paraguay. Esto es, andamos cerca de 10 a 20 veces por encima de los registros que muestra el vecindario.

Cosas semejantes aunque poco difundidas, diferencias difíciles de explicar o que se explican en las distorsiones y el zafarrancho que gobierna el sistema de precios argentino, resuenan al interior de la estadística del Indec. Tienen la desventaja de la cantidad de números y del riesgo de fatigar la paciencia, pero no hay mejor manera de medir la o las inflaciones y de evaluar sus efectos que a través de los números.

Un caso de este tipo o varios casos en uno aparece en el Noreste, la región que integran Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones, y donde se juntan una pobreza del 42,8%, que es la más alta del país, y un índice de precios que también es el más alto del país: 46,1%, que supera a la media nacional del 40,7% y al 38,3% del AMBA, que componen la Ciudad Autónoma y los 24 partidos del Conurbano bonaerense. Notoriamente, pobreza e inflación al tope, una mezcla horrible en el mismo espacio.

Si se quiere, peores todavía son algunos datos que siguen, como el que revela que en los últimos doce meses el costo de los alimentos subió allí un impresionante 52,5%, casi 13 puntos porcentuales más que en el AMBA. O la diferencia de 11 puntos que hubo en los aumentos de la electricidad y el gas o los 19 que le tocaron al transporte público de pasajeros.

Dos explicaciones posibles, aunque ninguna de ambas licua las diferencias ni cambia mucho el panorama, hablan del peso de los fletes, en un caso, y del congelamiento de las tarifas y los subsidios, en el otro. Pero sucede que en el mismo Noreste la educación y la salud resultan más caras que en cualquier región del país y, encima, en 2019 encabezó el ranking nacional de inflación con el 53,6% y, con nada menos que un 58,9%, también el que mide el encarecimiento de los alimentos.

Está claro que aquí no hay situaciones envidiables sino otras que oscilan entre malas y muy malas, tal cual pasa con el 37,1% que la inflación anotó en la Patagonia y que, aún con ese registro, fue el índice más bajo del país. Luego tenemos todo arriba del 40%, en el resto de las regiones: desde la Pampeana y Cuyo al Noroeste.

De ese mundo dislocado también son las diferencias que van de 23 a 45 y hasta a 94 pesos en el precio de productos tan esenciales como la carne picada, el pan y el aceite. Si se prefiere, 21 pesos para los huevos y 66 en el detergente.

En cualquier caso, ya es obvio que el dato clave, nacional y común a las regiones en que fue dividido el país, es la escalada fuera de control y continua que lleva el precio de los alimentos, con picos anuales que trepan al 108% en frutas, al 68% en la carne y al 67% en las verduras. O sea, incrementos que no distinguen ni colores ni preferencias.

Apuntalado por los alimentos precisamente, en los últimos doce meses el precio de los bienes le sacó 22 puntos porcentuales de ventaja al costo de los servicios, o 38 si se agrega el gap de 2019. Nada de números solamente, sino una brecha que algunos analistas asimilan a una bomba de tiempo con la mecha apagada.

Ocurre que en este punto ancla una de las explicaciones que se le da al fenómeno argentino. Esto es, la llamada inercia inflacionaria o la recurrente existencia de precios rezagados que, tarde o temprano, se acercarán o empatarán a los adelantados. Para que se entienda mejor, por el lado de los servicios la estadística nacional del Indec habla de un insignificante 1,3% anual en electricidad y gas y de un muy delgado 16% en el transporte.

Y aunque el costo de los alimentos mandará en los planteos sindicales y manda en las urgencias del Gobierno, el atraso de las tarifas y la enorme carga de los subsidios, hoy a las alturas de unos US$ 8.000 millones, representan una luz amarilla que viró al naranja. Y un agujero que hasta nuevo aviso debe mantenerse bien tapado.

Otra variable potente que genera un clima parecido asoma en el siempre cantado remedio de pisar el dólar, cosa relativamente sencilla si se trata del dólar oficial y un poco arriesgada si hablamos de los dólares paralelos. Dice un consultor financiero: “Hoy todo luce calmo, bajo control, pero atado con piolines. Las reservas verdaderamente disponibles no dan para enfrentar una presión cambiaria fuerte, estamos contando las monedas para pagarle un vencimiento al FMI y el Gobierno es una caja de sorpresas impredecible hasta para los propios ministros. A veces hay paralelas que pueden tocarse”.

Ahí, en medio de parches, de precios desbocados y con una inflación que corre al 3% mensual largo, justo ahí, YPF acaba de descolgarse con un saque del 18% que arrastra al resto de las compañías. Injustificable si no fuese por la situación financiera de la petrolera y ciertamente injustificable cuando las ventas de combustibles vienen en picada: han caído entre 7% y 8% sólo en enero, y arriba del 18% durante los últimos doce meses.

En la serie de tres saltos que completa el 18% hay un detalle que es bastante más que un detalle: arranca ahora y termina en mayo, o sea, cuando el Gobierno empezará a mover todas sus piezas con la proa puesta en las elecciones. Aumentará controles y presiones para encajar la inflación dentro de la zona del 1% mensual, reforzará el cepo y la dieta cambiaria y meterá ciertas mejoras en los ingresos por decreto, de modo de darle oxígeno con aire electoral a algunos sectores.

Para la economía, los analistas proyectan un repunte del 6-7%, pero como habrá un arrastre estadístico del 4% que viene de fines del 2020 la mejora real-real, dicen, andará en los alrededores de un magro 2%.

Hasta aquí, como se ve, una máquina que marcha a los empujones, sin que se sepa bien quien la maneja y, visiblemente, sin plan y sin otra hoja de ruta que la que apunta a salir bien parado de las elecciones. Después se verá.

Claro que en ese después están el Fondo Monetario y un programa económico que el FMI juzgue sostenible, para recién entonces sacarle de encima a la Argentina los US$ 45.000 millones que deberíamos pagarle entre 2022 y 2023. No será gratis, por supuesto.

LGP

Fuente Clarin