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Fueron víctimas de un “cuento del tío” por el bono de 10.000 pesos que entregaba el Gobierno en el inicio de la pandemia. Les vaciaron las cuentas, tomaron créditos a su nombre y a pesar que la Justicia desbarató a la banda de estafadores, los bancos les siguieron cobrando a sus clientes los intereses de los préstamos solicitados por los delincuentes.
Ahora la Justicia de San Isidro les pidió a tres entidades que dejen de cobrarles el recargo a 14 personas, que en total fueron defraudadas por más de dos millones y medio de pesos. Los estafadores habían caído en noviembre del año pasado.
Los delincuentes llamaban a las víctimas desde la cárcel de Bouwer, en Córdoba, con una nueva versión del “cuento del tío” adaptado a la cuarentena obligatoria por el coronavirus.
Como parte del engaño, les decían que eran beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que para cobrarlo necesitaban datos personales. Con esa información, la banda ingresaba a las cuentas, las vaciaba y pedía créditos.
La banda operaba desde la cárcel de Bouwer y fue desbaratada en noviembre.
Una investigación realizada por el fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, derivó en 44 allanamientos, casi todos en Córdoba. Durante los operativos se detuvo a 19 personas, pero algunas de ellas ya estaban presas en el penal de Bouwer, donde habían montado un call center para hacer los llamados.
A la banda, conocida como la del “falso IFE”, le adjudicaron un total de 70 estafas por más de 18 millones de pesos. Pero a pesar de que los delincuentes fueron imputados y las víctimas notificaron a sus bancos sobre la formación de una causa judicial, a 14 personas les seguían reclamando los intereses de las deudas contraídas por los estafadores.
Por eso, el juez de Garantías N° 7 de San Isidro, Walter Saettone, ordenó a tres bancos que dejaran de percibir el recargo.
Los oficios fueron enviados a los bancos Provincia, Santander y Galicia, según informaron fuentes judiciales a Télam.
La investigación demandó seis meses y se calcula que la banda operaba desde que en marzo de 2020 se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno Nacional por el coronavirus.
El modus operandi de los estafadores consistía en hacerse pasar por empleados de la Anses o algún ministerio y decirles a las víctimas que habían sido beneficiadas con el pago del IFE.
Las víctimas eran conducidas al cajero automático para robarles sus claves personales. Foto Juano Tesone
Como parte del “cuento del tío” le decían a las víctimas que para cobrar la plata tenían que ir a un cajero automático y seguir una serie de instrucciones. Por lo general les pedían que no cortaran la llamada o les decían que lo iban a volver a llamar en diez minutos.
Cuando la persona estaba frente al cajero, la conducían hacia la opción de claves y le hacían generar una nueva para el homebanking, bajo la excusa de que así iba a poder “habilitar” el cobro. Después le pedían el número de blanqueo de clave que había entregado el sistema. De esa manera, los estafadores generaban una nueva contraseña antes que la víctima regresara a su casa, le vaciaban la cuenta y hasta pedían préstamos preadjudicados.
Pese a que la banda fue desbaratada hace ya siete meses y que todas las víctimas notificaron a sus bancos la existencia de esta causa, el fiscal Ferrari advirtió que éstas tenían un problema con los bancos.
“Las entidades les siguen cobrando las cuotas de los préstamos que los estafadores sacaron por ellos y no tienen forma de afrontar esos gastos porque ya les vaciaron las cuentas”, explicó una fuente judicial.
Por ello, Ferrari le envió un escrito al juez en el que solicitó que las entidades bancarias cesen en el cobro de los préstamos y explica la situación al señalar: “Esta acusación pública ha percibido en innumerable cantidad de casos al dialogar con las víctimas la desazón de los damnificados al constatar que, efectivamente, fueron estafados perdiendo lo poco o mucho que habían logrado cobijar en sus cuentas propias confiando en el sistema bancario y lo que nunca recuperarían ya que los reclamos administrativos no han llegado ni llegan a buen puerto”.
“Debe valorarse que fueron las entidades bancarias las que otorgaron dichos créditos, sin cuanto menos, verificar la titularidad de las cuentas”, recalcó el fiscal.
El juez Saettone le dio la razón al fiscal y remitió oficios a los tres bancos mencionados por Ferrari en 14 estafas puntuales ocurridas entre abril y junio de 2020 y que tuvieron como víctimas a personas a quienes les sacaron créditos por sumas que van desde los 18.400 a los 560.000 pesos, y cuyos montos sumados superan los 2.600.000 pesos.
“En virtud de lo expuesto, entiendo procedente la medida cautelar que solicita el Sr. Fiscal, por lo que he de ordenar el cese del cobro de las cuotas correspondientes a los créditos gestionados de manera fraudulenta”, sostuvo Saettone en el fallo.
EMJ
Fuente Clarin
