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El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua sacó del juego político al opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), tras retirarle su personalidad jurídica por supuestas “violaciones” a las leyes vigentes.
En una resolución firmada por los magistrados del CSE, en su mayoría afines al gobernante Frente Sandinista, el tribunal aceptó una petición del colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para que le fuera suspendida su licencia legal.
Según María Haydeé Osuna, representante del PLC, CxL cometió “constantes violaciones a la Ley Electoral” debido a que “incumplió obligaciones” y a que su presidenta, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragüense).
Días atrás, el presidente Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron proclamados este lunes como candidatos para buscar un cuarto mandato sucesivo en las elecciones del 7 de noviembre.
El congreso del gobernante Frente Sandinista (FSLN) ratificó a la pareja presidencial con el voto unánime de 2.932 asambleístas, anunció uno de sus dirigentes Gustavo Porras.
Ortega, un exguerrillero de 75 años que gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas, aspira asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
“Aquí estamos para continuar la lucha contra la pobreza”, había dicho Murillo.
La Unión Europea (UE) ya había sancionado con restricciones migratorias y financieras a Murillo, a su hijo Juan Carlos y a otros seis funcionarios del gobierno por su responsabilidad en las “graves violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua.
La medida se suma a otras tomadas por Estados Unidos y Canadá contra funcionarios del gobierno de Ortega, en protesta por la represión que mantiene contra sus opositores desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Esa persecución incluye la detención de decenas de referentes opositores, muchos de los cuáles ya habían anunciado su intención de participar en las elecciones.
Polémica por la posición argentina
Argentina había decidido abstenerse de condenar los abusos en el país centroameriano ante la OEA, lo que provocó fuertes críticas de organismos de Derechos Humanos -entre ellos Human Rights Watch y la agrupación IDEA, que reúne a ex mandatarios de Estados Americanos.
Esta última remarcó que “los gobiernos democráticos mal pueden permanecer indiferentes” ante la situación que allí se atraviesa. Además, había pedido “desplegar acciones más efectivas” para que “cesen las persecuciones y judicialización” de quienes no adhieren a la administración de Ortega.
El Gobierno de Alberto Fernández buscó matizar ese impacto negativo con el llamado a consultas del embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich. Aunque luego evitó firmar una declaración de la ONU en Ginebra en la que 59 países pidieron la liberación de presos y a elecciones libres en el país conducido por Ortega.
Semanas atrás, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, cuestionó el accionar del presidente Fernández y se preguntó “por qué no tiene la valentía de hacer lo que piensa”.
“Sos Presidente, animate”, le reclamó la ex ministra de Seguridad de la Nación a Fernández, al analizar su postura sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
LM
Fuente Clarin
