“Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones”, aseguró Bolaños, que consideró de “enorme gravedad” estas intervenciones “ilícitas y externas”, aunque no aclaró si podría haber un Estado detrás de la maniobra.
¿Injerencia?
“Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial”, indicó. “En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias y por eso tenemos la seguridad de que es una intervención que es externa”, “, agregó.
El Gobierno presentó una denuncia ayer mismo ante la Audiencia Nacional, que es la instancia judicial encargada de los casos de relevancia nacional o internacional, como los de terrorismo.
En cuanto infecta un teléfono, Pegasus permite acceder a los datos, servicios de mensajería o activar remotamente las cámaras y micrófonos.
NSO asegura que este programa, cuya exportación requiere de la autorización de las autoridades israelíes, solo se vende a Estados para ayudarlos a luchar contra el terrorismo y la criminalidad. Pegasus y NSO son, sin embargo, objeto de graves acusaciones desde que un consorcio de medios revelara el año pasado que se había usado para espiar a centenares de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos o empresarios en varios países.
Según la ONG Amnistía Internacional, este software podría haberse utilizado para piratear hasta 50.000 teléfonos móviles en el mundo.
Bolaños indicó que habían sido detectadas “dos intrusiones” en el celular de Sánchez en mayo de 2021 y una en el de Robles, en junio de 2021. En ambos casos, las intervenciones permitieron extraer “determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles”, añadió el ministro, sin dar más detalles.
Información
Según el diario El País, los hackers extrajeron 2,6 gigas del teléfono del jefe del Gobierno en la primera incursión y 130 megabites en la segunda, además de nueve megas del de Robles, pero aún se ignora qué tipo de información se sustrajo y su sensibilidad. En los dos casos se trata de sus teléfonos oficiales, facilitados por el Estado.
Estas últimas revelaciones llegan en plena agitación política en España, donde el Gobierno socialista lleva días de fuerte tensión con los independentistas catalanes, que acusan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de haberlos espiado a través del mencionado software.
El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista -en su mayoría catalana- que habrían tenido sus teléfonos móviles atacados o infectados entre 2017 y 2020 con el programa israelí.
Sin aclarar si los servicios secretos del Estado habían espiado o no, Sánchez anunció la semana pasada que el CNI abriría una investigación interna y se comprometió a “rendir cuentas”.
Para los independentistas catalanes, sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue insuficiente y ayer volvieron a exigir medidas contundentes.
Quejas
“Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya”, reiteró ayer el presidente del Gobierno regional catalán, Pere Aragonès, en su cuenta de Twitter. “La doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo, todo vale”, agregó.
Esta crisis tiene una dimensión muy seria para el Gobierno de izquierda de Sánchez, que necesita el apoyo en el Parlamento de la formación de Aragonès para mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, a final de 2023.
“Lo que está claro es que el Gobierno español es el único responsable de este caso de espionaje, sea por acción o por omisión”, criticó la portavoz del ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, que volvió a reclamar que se tomen medidas cuánto antes. “Se necesita ya una comisión de investigación y hay que llegar hasta el final”, pidió.
Fuente Ambito