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Diputados de Bolivia y Chile denuncian que Evo Morales está detrás del envío de armas y municiones letales a Perú.
En medio de las violentas manifestaciones en el territorio peruano, los funcionarios calificaron al expresidente boliviano como el responsable de un presunto ingreso de armamento ilegal al país.
Evo Morales creará una coordinadora en Buenos Aires para consolidar sus operaciones en América Latina
Cuando el Perú vive una virtual guerra civil, de la que el gobierno de Lima responsabiliza al cocalero boliviano y expresidente Evo Morales, éste anuncia que el 23 de enero creará en Buenos Aires una “coordinadora” de sus intereses en la región.
Morales no ha mencionado quiénes asistirán a la reunión en la capital argentina, pero en La Paz sus colaboradores aseguran que han sido convocados movimientos de cocaleros de Perú, Ecuador y Colombia, además de otras organizaciones que no quieren mencionar de otros países.
El anuncio fue hecho por Morales como una señal de que sus relaciones con el presidente Luis Arce están muy afectadas, ya que no fue invitado a los festejos de la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), que serán el 22 de enero.
Dijo que ese día estará en Buenos Aires, con sus amigos peronistas, y al día siguiente tendrá el gusto de crear el instrumento regional que le permita consolidar un ámbito mayor para sus operaciones y de los “pueblos plurinacionales de América Latina”.
Por el momento el cocalero opera en medio de la parálisis de la economía formal boliviana, con las fronteras cerradas por las protestas en Bolivia y Perú, protestas que, sin embargo, no perjudican al narcotráfico, un negocio que usa una enorme flotilla de avionetas.
Las actividades económicas de Santa Cruz están frenadas por la protesta de sus habitantes ante la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, lo que afecta a todo el resto del país por la falta de los alimentos que allí se producen.
Cuando Morales era solamente dirigente sindical de los productores de coca de Chapare solía frenar la salida de productos de Santa Cruz mediante el bloqueo de la carretera que atraviesa su zona. Ya en la presidencia de la república, logró lo mismo con más facilidad, prohibiendo legalmente algunas exportaciones de Santa Cruz.
Esta vez, el conflicto peruano afecta a la ciudad de La Paz, y su satélite, El Alto, con fuertes conexiones comerciales, ahora frenadas por el virtual cierre de la frontera. Se calcula que cada día el perjuicio equivale a 5,8 millones de dólares.
Paralizada media Bolivia y paralizado medio Perú, se da por descontado que, en cambio, el sulfato de cocaína (“pasta base”) que se produce en la región peruana de VRAEM sigue llegando en avionetas a las fábricas de clorhidrato de cocaína instaladas en Bolivia, para su inmediata exportación incluso a mercados de ultramar. El viernes pasado, la policía capturó una carga de 700 kilos de cocaína en Chapare, muy cerca de donde estaba Morales.
El Ministerio de Defensa de Bolivia reconoció en noviembre pasado que los trece radares comprados en 2017 están sin uso hasta ahora debido a que la Fuerza Aérea Boliviana no podría detener a las avionetas del narcotráfico que fueran avistadas y que usan más de un millar de pistas clandestinas.
En Perú, a su vez, la Fuerza Aérea recibió la orden del presidente Castillo de no seguir bombardeando las pistas clandestinas que usa el narcotráfico, porque las plantaciones ilegales de coca del VRAEM fueron legalizadas por su gobierno.
Por razones obvias, Morales dice no tener contacto con quienes transforman la coca ni con quienes la transportan y comercializan, pero las seis federaciones de cocaleros de Chapare que controla en persona son las que producen la materia prima para ese gigantesco negocio.
Por ahora, antes de hacer el anuncio de su viaje a Buenos Aires se dio tiempo para presidir una reunión de su partido que decidió reponer la orden por la cual todos los empleados públicos del gobierno central (unos 530.000) hagan un aporte mensual al MAS.
Y también dispuso que ningún militante del MAS pueda ser despedido de la administración pública, por ningún motivo.
Estas órdenes quizá impidan que Arce pueda llegar a reducir la planilla de los empleados públicos, de urgente necesidad ahora que el déficit fiscal equivale a 8% del PIB, como en los últimos 9 años consecutivos, lo que es observado por el FMI.
Lo que quizá tenga que hacer Arce sea modificar el tipo de cambio, congelado desde 2013, porque frena las exportaciones e impulsa las importaciones, lo que liberaría la inflación, que por el momento está reprimida, según el expresidente del Banco Central, Juan Antonio Morales.
Y es probable que deba aumentar el precio de los combustibles, ahora que las exportaciones de gas natural hacia Argentina tienen fecha de expiración, que es el próximo año.
La parálisis actual de la economía pone en figurillas al presidente que fue ministro de economía cuando se tomaron las medidas que causaron esta crisis, porque frenaron las inversiones petroleras.
