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El plante de la fiscal María de la O Silva contra la orden de la número dos de García Ortiz de inadmitir la querella del novio de Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por revelación de secretos aterriza este miércoles en la Junta de Fiscales de Sala, órgano que asiste al fiscal general en materia doctrinal y técnica y que comenzó su reunión pasadas las nueve y media de la mañana. Aunque está integrado actualmente por 37 miembros de la carrera de primera categoría, fuentes de la Fiscalía informaron de que participan en el cónclave 32, porque cuatro han excusado sus asistencia (entre ellos el fiscal-jefe Anticorrupción, Alejandro), y el otro ausente es el propio fiscal general, quien en su momento ya se abstuvo en esta causa. Después de tres horas, la reunión se ha suspendido para que los fiscales puedan acudir al acto de despedida de su compañero José Luis Bueren, que se jubila. El cónclave se retomará a las tres de la tarde.
Son ellos quienes tendrán que dirimir el conflicto que llevó a la fiscal de la Provincial de Madrid a utilizar la vía del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para manifestar su oposición con la teniente fiscal del Supremo. Y previsiblemente lo harán divididos entre quienes respaldan en criterio de la fiscal Silva, quien antes de decidir sobre la admisión quiere que se practiquen unas diligencias mínimas tendentes a dar con la autoría de la filtración; y quienes apoyan a la número dos de García Ortiz, a María Ángeles Sánchez Conde, para quien esas diligencias (que consisten en conocer todas las comunicaciones y correos que se intercambiaron la Fiscalía Provincial y la General) ni siquiera deben practicarse. Este segundo grupo mantiene que no hay tal delito de revelación (porque los datos publicados sobre González ya se conocían por los medios) y que acceder al intercambio de correos entre la Fiscalía Provincial y la General del Estado no sólo permitiría a la defensa acceder comunicaciones internas relativas a su caso, sino que sentaría un precedente de cara a casos futuros.
Al difundir esos correos la Fiscalía Provincial de Madrid quería desmentir las informaciones que previamente habían apuntado en medios que fue el Ministerio Público la que ofreció a González un trato de conformidad, cuando la realidad es que fue el novio de Ayuso el que propuso esa conformidad asumiendo en un correo electrónico la comisión de dos delitos fiscales, una pena de prisión de ocho meses y el pago 525.000 euros. Para ello relató de forma cronológica las comunicaciones intercambiadas entre la defensa y el fiscal del caso.
Fuentes de la Junta de Fiscales señalaron a ABC que esa investigación inicial es necesaria ante la posible comisión de delitos previstos en los artículos 197 del Código Penal (revelación de secretos ajenos conocidos por razón del cargo o relaciones laborales). Algunos fiscales aluden también al artículo 542, que castiga con inhabilitación a la autoridad o funcionario público que impida a otra persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.
Entre la documentación que tienen sobre la mesa los fiscales que acuden este miércoles al cónclave de la cúpula fiscal está el documento sobre el que giró el desmentido de la Fiscalía sobre quién propuso ese acuerdo de conformidad. Fue la defensa de González Amador quien aceptó la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública.
En el escrito dirigido al fiscal Julián Salto, la defensa explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad». «Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito. Además, la defensa de González plantea «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses».
La gestión de la filtración apunta directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien la semana pasada asumió la responsabilidad última en un asunto que supone una polémica en su currículo después de la desviación de poder por la que le condenó el Supremo hace unos meses o episodios como el protagonizado por su número dos en el caso Tsunami. Es de esperar que los miembros de la Junta asociados a la Unión Progresista de Fiscales respalden el criterio de la teniente fiscal. No en vano muchos de ellos han sido ascendidos a primera categoría desde el inicio del mandato de Dolores Delgado en la Fiscalía General pese a que la UPF apenas representa a dos centenares de afiliados de los 2.500 fiscales que integran la carrera. En este momento, y sin contar con el fiscal general, de los 37 miembros de la Junta de Fiscales de Sala 16 son de la UPF, 9 de la mayoritaria Asociación de Fiscales y 12 no asociados.
Fuente ABC
