Buenos Aires, 15 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- Una denuncia interna de alto voltaje volvió a sacudir a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y abrió un frente delicado para el Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Alejandra Monteoliva. Un efectivo de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) de Ezeiza dejó asentada una presentación formal en la que describe presuntas presiones laborales, hostigamiento fuera de servicio, tareas ajenas a la función policial, pedidos irregulares y un clima de intimidación que involucra a la jefa Silvia Miers y al capellán mayor Rubén Bonacina, informó RealPolitik. La denuncia, según la documentación periodística difundida este miércoles, ya fue judicializada en la UFIJ N° 4 descentralizada de Ezeiza bajo el expediente PP-07-01-003590-26/00.
El punto más grave del planteo es que no se habla de un roce interno aislado ni de una diferencia de mando común en una fuerza federal, sino de una mecánica presuntamente reiterada de abuso de autoridad y desvío de funciones. Según la presentación, al agente se le habrían exigido trabajos de edición de videos, armado de piezas gráficas y elaboración de material audiovisual para la Capellanía Mayor, tanto durante la jornada de servicio como en períodos de franco. También denunció llamados insistentes fuera de horario, presión para estar disponible “24/7”, episodios humillantes de exposición pública ante la jefatura y hasta expresiones de tono religioso vinculadas con eventuales consecuencias espirituales si no cumplía órdenes. La gravedad institucional del caso radica en que la PSA no fue creada para esas tareas, sino para resguardar la seguridad interior en el ámbito aeroportuario, con funciones específicamente delimitadas por la Ley 26.102 y por el régimen profesional aprobado por el Decreto 1190/09.
La denuncia, además, avanza sobre hechos que podrían tener consecuencias administrativas y judiciales si se corroboran. Entre los puntos mencionados figuran el uso de equipamiento personal en el domicilio para tareas oficiales, el pedido de lavar vehículos oficiales en una casa particular y hasta solicitudes para consignar asistencia completa en partes mensuales aun cuando, según el denunciante, la superior no habría registrado presencia efectiva. Es decir, ya no se trata sólo de hostigamiento o presión laboral: también aparecen conductas que, de comprobarse, podrían configurar un desvío directo de recursos y procedimientos estatales. El relato suma otro dato sensible dentro de la propia estructura: Silvia Miers sería hermana de Analía Miers, jefa de turno del Grupo 3, lo que agrava la percepción de concentración de poder y falta de controles en la unidad señalada.
Otro tramo especialmente inquietante del caso pasa por la respuesta que habría recibido el agente cuando intentó buscar contención o activar canales internos. De acuerdo con la denuncia, desde el gabinete psicológico del organismo le habrían ofrecido sólo una licencia breve “hasta que se calmen las cosas”, mientras que desde la defensoría interna le habrían advertido que se trataba de funcionarios con “poder político” y que, si no estaba conforme, debía renunciar. También sostuvo que le sugirieron no acudir a la prensa. Si esta secuencia fuera cierta, el caso dejaría de ser sólo una denuncia de maltrato para transformarse en un problema más profundo: la sospecha de un encubrimiento interno o, al menos, de una estructura que desalienta la denuncia en vez de proteger al denunciante.
El capítulo político del escándalo tiene un nombre que en la PSA ya genera ruido desde hace tiempo: Carlos Alberto Tonelli Banfi. Total News Agency ya había advertido sobre su peso interno y sobre los cuestionamientos que arrastra su perfil dentro del organismo. Tonelli Banfi fue designado como director general de Seguridad Aeroportuaria Compleja a partir del 1 de enero de 2024 y luego su continuidad quedó ratificada en la estructura publicada oficialmente en 2025. Su lugar no es menor: se trata de una posición central dentro del dispositivo de investigaciones complejas de la fuerza. Al mismo tiempo, medios nacionales ya habían señalado su paso por áreas sensibles de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, incluso en la órbita de terrorismo y eventos especiales, y su nombre apareció mencionado en publicaciones vinculadas a expedientes de espionaje ilegal del macrismo. En paralelo, dentro de la fuerza y en ámbitos cercanos a la seguridad federal, crecen desde hace meses los reproches por la situación del área antidrogas, que distintas fuentes describen como paralizada o desarticulada.
La denuncia conocida ahora refuerza ese cuadro de descomposición interna. Porque mientras la PSA exhibe públicamente actos, congresos y ceremonias institucionales en los que participan tanto Tonelli Banfi como el capellán Bonacina, puertas adentro aparece un efectivo afirmando que era obligado a resolver tareas no operativas para la Capellanía y a permanecer disponible en forma permanente aun fuera del horario laboral. El contraste es fuerte: de un lado, una fuerza que en el discurso oficial se presenta como modernizada, profesional y enfocada en delitos complejos; del otro, un expediente que habla de videos, gráficos, presiones, asistencia presuntamente falseada y vehículos oficiales lavados en domicilios particulares.
Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial pública de la PSA ni del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el contenido concreto de la denuncia. Y ese silencio, en un contexto de semejante sensibilidad, no ayuda. Si lo denunciado es falso, la conducción debería aclararlo con rapidez. Si hay una parte cierta, el problema es todavía más grave: significaría que en una fuerza federal estratégica, encargada nada menos que de la seguridad aeroportuaria y del combate a delitos complejos, se consolidaron prácticas impropias, aprietes internos y un esquema de poder que operaría al margen del espíritu profesional que exige la ley. La causa recién empieza, pero el daño político ya está hecho. Y en la PSA, donde los antecedentes y los nombres pesan, nadie puede hacerse ahora el distraído.
