Buenos Aires, 16 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de una tormenta judicial y política luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsara una denuncia penal por una presunta estructura de corrupción, coimas y lavado de dinero que habría operado alrededor de convenios con universidades públicas, municipios y empresas privadas proveedoras de radares. La presentación, que quedó en manos de la jueza María Servini, pone bajo la lupa al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y al empresario Leandro Camani, a quienes la denuncia ubica dentro de un esquema que, según la hipótesis fiscal, habría servido para eludir licitaciones y desviar millones de pesos detrás de la recaudación vial.
El núcleo de la acusación es especialmente sensible porque no se trata sólo de presuntas irregularidades administrativas, sino de una maniobra que, siempre según el dictamen, habría utilizado a universidades como pantalla institucional para evitar concursos públicos y facilitar contrataciones directas. En ese entramado aparecen mencionadas las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., vinculadas a Camani, junto con el secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Diego Kampel, señalado como facilitador institucional de los convenios. La lógica que describen las actuaciones es simple y al mismo tiempo grave: apoyarse en la cobertura universitaria para darle forma legal a un circuito que, por detrás, habría estado dominado por privados y por la discrecionalidad política.
La causa, además, llega en un contexto ya contaminado por antecedentes explosivos. El actual ministro Marinucci asumió en el área a fines de 2024, luego de la salida de Jorge D’Onofrio, quien dejó el cargo en medio de otro escándalo vinculado justamente a las fotomultas y a sospechas de coimas para bajar infracciones y manipular expedientes. Es decir, el ministerio ya venía herido por una trama previa y ahora vuelve a quedar salpicado por una denuncia que no apunta al pasado lejano, sino a un sistema que, según la fiscalía, siguió funcionando bajo nuevas coberturas y nuevos nombres. Esa continuidad es la que más preocupa políticamente, porque muestra que el problema no habría sido un episodio aislado, sino una posible matriz de recaudación montada sobre la fiscalización vial.
Lo que vuelve más delicado el expediente es el volumen económico en juego. Distintos reportes periodísticos sobre la denuncia indican que una porción muy alta de lo recaudado por las multas habría quedado en manos de intermediarios y privados, en lugar de regresar con transparencia al sistema público. Un artículo reciente incluso habló de un esquema donde hasta el 70% de la recaudación terminaba fuera del control directo del Estado, siempre bajo sospecha y en el marco de convenios cuestionados. Ese punto todavía deberá ser probado en sede judicial, pero sirve para entender por qué la causa escaló tan rápido: detrás de los radares no sólo habría control de tránsito, sino una caja multimillonaria en la que confluyen política, negocios y tercerizaciones opacas.
El expediente también reaviva una vieja discusión que varios municipios ya empezaron a reflejar en sus propios actos de gobierno. En San Isidro, por ejemplo, el sistema de fotomultas fue suspendido en 2025 por “presuntas inconsistencias” en la ejecución de convenios, una decisión oficial que muestra que las dudas sobre estos mecanismos no nacieron ahora ni son exclusivas de la pelea entre oficialismo y oposición. La novedad es que hoy ese malestar se transforma en una denuncia federal que ya no discute sólo fallas de procedimiento, sino la posible existencia de una estructura diseñada para pagar coimas, lavar fondos y sostener el negocio bajo apariencia institucional.
Para Marinucci, el problema es doble. En lo judicial, porque la denuncia lo expone a una investigación que recién empieza pero que ya tiene un fiscal activo, una jueza federal a cargo y una trama de nombres empresariales y universitarios que le da espesor. En lo político, porque su ministerio vuelve a quedar asociado al mismo universo de sospechas que terminó eyectando a su antecesor. Y para Camani, el golpe no es menor: la acusación lo coloca como una pieza central de un circuito que habría proveído la tecnología, armado los convenios y articulado el negocio con cobertura pública. El punto decisivo es que, si la investigación avanza y consigue documentar el recorrido del dinero, el caso podría dejar de ser un escándalo bonaerense para convertirse en una causa emblemática sobre cómo se usa la asociación entre municipios, universidades y privados para armar cajas paralelas.
En definitiva, lo que hoy empieza a discutir la Justicia Federal no es sólo quién instaló radares o quién firmó convenios. Lo que está bajo sospecha es el corazón de un sistema que, bajo la excusa del orden vial, pudo haber funcionado como un mecanismo de recaudación discrecional y de favores cruzados. Si la denuncia de Marijuan prospera, el caso puede sacudir a municipios, a universidades, a empresarios y al propio Ministerio de Transporte bonaerense. Y en una provincia donde las fotomultas hace años son sinónimo de polémica, la idea de que detrás del radar hubiera también una caja de coimas y lavado puede terminar siendo mucho más corrosiva que cualquier exceso de velocidad.
