Buenos Aires, 17 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La presión judicial sobre la cúpula de la AFA sumó este viernes un capítulo de alto voltaje. Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos, en una investigación que apunta a una supuesta estructura montada para desviar fondos de la entidad madre del fútbol argentino hacia empresas vinculadas al tesorero y a su entorno más cercano. Sin embargo, el golpe no terminó de consumarse: horas después se conoció que la Justicia de Tucumán rechazó por ahora el pedido de arresto e indagatoria, a la espera de que se resuelva una recusación pendiente y se reincorpore el juez titular de la causa. La embestida existe, el dictamen es severo, pero la definición judicial sobre las detenciones quedó momentáneamente en pausa.
El material aportado por el usuario ya marcaba el núcleo del expediente: el fiscal Pedro Simón sostuvo en un dictamen de 181 carillas que Tapia y Toviggino habrían utilizado sociedades ligadas al segundo como “fachada” para ejecutar maniobras ilícitas con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. Según esa acusación, la trama involucró además a familiares, allegados y titulares formales de bienes presuntamente usados como pantalla, entre ellos los nombres vinculados a la quinta de Pilar que desde hace meses aparece en el radar judicial. La fiscalía pidió detener a 24 personas, dejó afuera de esa medida sólo a dos hijos de Toviggino por su edad y reclamó, además, la inhibición general de bienes, allanamientos, peritajes y otras medidas de prueba.
Lo más delicado del nuevo expediente es la dimensión económica que la fiscalía le atribuye a la maniobra. De acuerdo con la acusación, la AFA transfirió $3.633.013.825,80 a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS, firmas que habrían estado integradas por personas de confianza del tesorero y de su núcleo íntimo. Para el fiscal, esas empresas emitían facturas a favor de la AFA por servicios que no se habrían prestado realmente y, después, realizaban facturación cruzada entre sí para dificultar el rastreo del dinero. El cuadro que dibuja la acusación no habla de desorden administrativo ni de meras irregularidades contables: habla de una presunta estructura estable, organizada y prolongada en el tiempo para sacar fondos de la entidad y luego reintroducirlos bajo una apariencia legal.
En el centro de esa arquitectura vuelve a aparecer Pablo Toviggino, a quien la fiscalía describe como “jefe” de la asociación ilícita, mientras que a Tapia le atribuye haber convalidado o permitido la salida de fondos en su calidad de presidente de la entidad. La hipótesis incluye la adquisición de bienes a nombre de sociedades pero para uso y goce exclusivo de los acusados, en una operatoria que buscaría disimular el origen real del patrimonio. Allí entra otra vez la pista santiagueña, con unas 35 propiedades atribuidas por la pesquisa a sociedades ligadas a Toviggino y su entorno, y también la ya famosa casaquinta de Villa Rosa, en Pilar, valuada en torno a los 17 millones de dólares y asociada en otras actuaciones a Luciano Pantano y Ana Conte, señalados como presuntos testaferros.
La nueva ofensiva no cae en terreno virgen. Hace apenas dos semanas, el juez en lo penal económico Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino y otros dirigentes en una causa distinta por presunta retención indebida de aportes por unos 19.300 millones de pesos, les fijó embargos por $350 millones y les impuso restricciones para salir del país. Y este mismo viernes, en una señal de que el frente judicial no afloja, la AFA consiguió reemplazar ese embargo por un seguro de caución, una salida menos gravosa pero que no altera la gravedad procesal del expediente. A eso se suma otra investigación radicada en Campana, donde el juez Adrián González Charvay quedó a cargo del caso TourProdEnter, la firma que manejaba negocios comerciales de la entidad en el exterior y que está bajo sospecha por un posible desvío de más de 300 millones de dólares.
También el nombre de Malte SRL volvió a quedar bajo la lupa. ARCA había informado en marzo que esa firma, vinculada al entorno de Toviggino, presentaba irregularidades financieras y estructurales severas, al punto de ser considerada una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”. Ese antecedente es relevante porque conecta la nueva acusación penal con observaciones previas del organismo recaudador sobre una empresa que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que, según los reportes oficiales citados por la prensa, carecía de sustento económico real para explicar sus movimientos. La sensación que deja el expediente es la de un cerco que no se construye de un solo golpe, sino por acumulación de causas, informes y cruces documentales que van tocando distintos flancos del mismo esquema.
En paralelo, el fútbol argentino sigue atrapado en una pulseada de poder donde el éxito deportivo de la selección convive con una crisis institucional cada vez más áspera. La conducción de la AFA sostiene desde hace meses que existe una avanzada política del gobierno de Javier Milei contra la entidad y contra el modelo de asociaciones civiles, mientras desde el oficialismo y desde sectores judiciales se empujan causas que ya dejaron allanamientos, procesamientos, embargos, restricciones migratorias e investigaciones por lavado y desvío de fondos. En este escenario, el pedido del fiscal de Santiago del Estero no es un episodio aislado: es otro eslabón de una cadena que aprieta sobre el binomio Tapia-Toviggino y que, aun con el freno procesal conocido hoy en Tucumán, sigue proyectando una sombra pesada sobre la cúpula del fútbol argentino a semanas del Mundial 2026.
