Por Daniel Romero
Mar del Plata-23 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El avance de capitales chinos sobre empresas pesqueras argentinas volvió a encender luces rojas en Mar del Plata, donde el problema ya no se limita a una discusión comercial, sino que empieza a tocar una fibra mucho más sensible: quién controla los buques, los permisos, las cuotas de captura, las plantas, las exportaciones y, en definitiva, una parte estratégica del recurso pesquero nacional.
La preocupación crece porque distintas firmas vinculadas a inversores chinos aparecen asociadas a operaciones sobre compañías con base o actividad en el puerto marplatense, en un contexto donde la flota del gigante asiático también es señalada por su fuerte presencia en la Milla 201, el área lindera a la Zona Económica Exclusiva Argentina, donde se concentra una presión pesquera gigantesca sobre recursos migratorios como el calamar illex.
En los últimos años se mencionaron empresas como Fénix Internacional, Pesquera 20 de Noviembre, Ardapez, Altamare, Argamar, Chiarpesca y Cheng I, entre otras, dentro de un mapa que exige revisión seria de beneficiarios finales, antecedentes societarios, trazabilidad, cumplimiento laboral, permisos, cupos y vínculos con grupos extranjeros. El caso de Zhejiang Ocean Family aparece entre los más sensibles por los señalamientos internacionales sobre pesca ilegal, abusos laborales y falta de transparencia en cadenas de suministro.
El punto central es institucional: en la Argentina, los recursos vivos del mar son administrados bajo el Régimen Federal de Pesca, regulado por la Ley 24.922. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Economía, a través de sus áreas pesqueras competentes. Pero el órgano clave para la política pesquera nacional es el Consejo Federal Pesquero, que fija lineamientos, decide criterios de administración, interviene en permisos, cuotas y capturas máximas, y debe aprobar transferencias definitivas de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).
Esto significa que la compra de una empresa pesquera no debería ser vista apenas como una operación privada entre accionistas. Cuando esa empresa tiene buques con permisos vigentes o cuotas asignadas, lo que cambia de manos no es sólo una sociedad comercial: también puede quedar bajo nuevo control la capacidad de explotar recursos del Mar Argentino. Allí es donde el Estado debe mirar con lupa. El cambio de titularidad de buques con permisos de pesca vigentes debe tramitarse ante la autoridad pesquera, y cuando hay cuotas transferibles, la aprobación corresponde al Consejo Federal Pesquero. Y aquí cabe preguntarse como es posible que tantas empresas pesqueras pasen a manos chinas tan rapidamente, la pesca es una cuestión estratégica y al parecer, las autoridades no lo ven así.
La verificación, por lo tanto, no puede agotarse en una simple inscripción societaria. Deben intervenir las áreas técnicas de la autoridad pesquera nacional, el Consejo Federal Pesquero, los organismos de fiscalización, la Prefectura Naval Argentina en materia de control marítimo, y, cuando corresponda, organismos como ARCA, la UIF y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, especialmente si hay concentración económica, sociedades extranjeras, estructuras opacas o sospechas de triangulación.
El avance chino sobre la pesca argentina se vuelve todavía más delicado porque ocurre en paralelo a una presión externa sin precedentes sobre el Atlántico Sur. Informes de organizaciones internacionales advirtieron que la flota china concentra la mayor parte del esfuerzo pesquero en la Milla 201, con incrementos fuertes entre 2019 y 2024. Ese fenómeno no sólo amenaza la sustentabilidad del calamar, sino que también golpea de manera indirecta al trabajo argentino, a la industria nacional y a la capacidad del país de defender su soberanía económica sobre recursos migratorios.
Para Mar del Plata, el tema es directo. El puerto, las plantas, los obreros, los buques fresqueros y congeladores, las exportaciones y las familias que viven de la pesca dependen de que el Estado controle de verdad quién opera, con qué antecedentes, bajo qué capitales y con qué compromisos productivos. Si esos controles fallan, la Argentina corre el riesgo de legalizar por la puerta societaria lo que denuncia en la frontera marítima: la pérdida de control efectivo sobre sus recursos.
La pesca no es sólo una actividad económica. Es empleo, divisas, soberanía alimentaria, defensa marítima y presencia argentina en el Atlántico Sur. Por eso, el avance de empresas chinas sobre firmas locales exige una revisión completa de permisos, cuotas, beneficiarios finales y antecedentes internacionales. El país no puede darse el lujo de mirar para otro lado mientras actores extranjeros concentran captura, procesamiento y exportación de un recurso estratégico. Algo huele mal…
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