Comodoro Py-23 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que golpea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agregó en las últimas horas un nuevo capítulo incómodo: la Justicia confirmó que el funcionario pagó US$8.874 en efectivo por su hospedaje junto a su familia en dos complejos de lujo de Aruba, durante un viaje realizado entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025. El dato no llega aislado. Se suma a los US$5.800 ya acreditados por los pasajes del mismo periplo, también abonados cash, y a una cadena de deudas, hipotecas y pagos por fuera de escritura que empiezan a dibujar un cuadro patrimonial cada vez más pesado para el hombre fuerte de la Casa Rosada.
Según la información incorporada al expediente que tramita en el juzgado de Ariel Lijo con impulso del fiscal Gerardo Pollicita, Adorni, su pareja Bettina Angeletti y sus hijos se alojaron primero en el Embassy Suites by Hilton Aruba Beach entre el 29 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025, y luego en el Divi Dutch Village Resort hasta el 9 de enero. La suma total de ambas estadías fue de US$8.874, abonados en efectivo ante la agencia de viajes que intervino en la organización del viaje. La cifra, por sí sola, ya es significativa. Pero toma otra dimensión al encadenarse con el resto de los gastos y obligaciones que la Justicia viene reconstruyendo para medir si el nivel de vida del funcionario guarda relación real con sus ingresos declarados.
El viaje a Aruba ya había quedado bajo la lupa días atrás, cuando se confirmó que los pasajes del grupo familiar costaron unos US$5.800 y también fueron pagados en efectivo. En aquel tramo surgió además una rectificación relevante de LATAM: primero había informado que el funcionario había viajado en clase Business, pero luego corrigió la presentación judicial y precisó que lo hizo en Premium Economy, una categoría intermedia. Ese ajuste no alivió el problema de fondo. Lo que sigue pesando en el expediente es la modalidad de pago y el volumen del gasto. Entre boletos y alojamiento, el viaje caribeño ya representa al menos US$14.674 en efectivo.
El frente de Aruba, sin embargo, se vuelve todavía más explosivo porque coincide con otras revelaciones que vienen complicando la defensa patrimonial de Adorni. Esta misma semana declaró Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figuran como vendedoras del departamento que el funcionario compró en Caballito, y sostuvo bajo juramento que la operación contempló US$65.000 por fuera de la escritura formal. Ese pago extra, según su testimonio, correspondía a las refacciones del inmueble y había quedado acordado de manera paralela, por fuera de los papeles que cerraron la compraventa en US$230.000. La declaración, por sí sola, ya fue un golpe severo para el jefe de Gabinete, porque incorporó al expediente una deuda no documentada y reforzó el vínculo de confianza personal entre Adorni y Feijoo, algo que el funcionario había evitado exhibir al comienzo del caso.
A eso se suma la situación de las hipotecas. Según el material aportado y la información ya conocida de la causa, Adorni mantiene una primera deuda hipotecaria de US$70.000 con vencimiento en noviembre, además del saldo principal surgido de la operación de Caballito, donde las jubiladas sólo cobraron US$30.000 y aceptaron postergar el resto del pago con una hipoteca que también vence este año. Si a esa trama se le agregan los US$65.000 mencionados por Feijoo, el funcionario acumularía obligaciones por US$335.000 entre deudas documentadas y pagos paralelos, en un contexto donde la fiscalía busca determinar si la evolución de su patrimonio, sus gastos y su nivel de consumo pueden ser justificados con ingresos legales y verificables.
La causa ya había entrado en una etapa más profunda cuando el juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni y de Angeletti, además de requerir información a agencias de turismo, aerolíneas y empresas vinculadas a operaciones patrimoniales del entorno del funcionario. Lo que busca Pollicita no es un dato aislado, sino una reconstrucción integral: compras inmobiliarias, refacciones, viajes, hipotecas, consumos en el exterior y origen de los fondos. Visto así, el viaje a Aruba deja de ser una anécdota de vacaciones y pasa a convertirse en otra pieza dentro de un rompecabezas más amplio, donde cada gasto en efectivo refuerza la sensación de opacidad que rodea al expediente.
El problema político para la Casa Rosada es tan evidente como corrosivo. Mientras el Gobierno intenta sostener una narrativa de austeridad, transparencia y lucha contra los privilegios de la vieja política, la causa Adorni no deja de sumar cifras, viajes de lujo, operaciones inmobiliarias enrarecidas y deudas difíciles de explicar. El dato nuevo de Aruba no define por sí solo una responsabilidad penal, pero sí agrava una percepción ya instalada: la de un funcionario que exhibe un nivel de gastos muy por encima de lo que debería poder sostener sin una justificación patrimonial sólida. Y cuando esa brecha se agranda en un expediente judicial, el problema deja de ser comunicacional. Empieza a oler a algo bastante más serio.
