Buenos Aires-23 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- En una decisión de extrema gravedad institucional, el gobierno de Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, bajo el argumento de una medida “preventiva” vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal. La orden fue transmitida a primera hora a los cronistas que cubren de manera habitual la sede del poder y marcó un nuevo salto en la ofensiva del oficialismo contra la prensa, en un contexto de tensión creciente con medios y periodistas críticos.
La explicación que dejaron trascender fuentes oficiales fue tan breve como inquietante: se decidió quitar las huellas dactilares de los periodistas acreditados “de manera preventiva por el espionaje ilegal”. Según la reconstrucción publicada este jueves, el Gobierno dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones vigentes y condicionó la continuidad del ingreso a que avance y se esclarezca la causa abierta tras la difusión de imágenes tomadas dentro de la sede gubernamental. Hasta el momento de esas publicaciones no se había difundido un comunicado formal con mayores precisiones jurídicas o administrativas sobre el alcance completo de la medida.
El episodio no apareció de la nada. Ya el 6 de abril, la administración de Milei había restringido el acceso a periodistas de varios medios, a los que vinculó con una presunta campaña rusa de desinformación contra el Gobierno. Aquella vez, la medida había sido presentada también como “preventiva” y afectó a cronistas acreditados de medios como Ámbito Financiero, C5N, A24, El Destape, Tiempo Argentino y La Patriada, entre otros, según la cobertura periodística y la posterior reconstrucción de observatorios de libertad de expresión. Lo de este jueves, sin embargo, fue un paso más allá: ya no se trató de un recorte selectivo, sino del cierre total a la prensa acreditada.
La justificación inmediata del nuevo endurecimiento fue la denuncia presentada por la Casa Militar contra dos periodistas de TN, después de que el canal emitiera imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada en el programa de Luciana Geuna. La presentación penal recayó por sorteo en el juzgado federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y alcanzó a Geuna y a Ignacio Salerno, el periodista acreditado por el canal, cuya acreditación quedó suspendida al menos en forma momentánea, de acuerdo con la información publicada este jueves. A partir de ese expediente, el Ejecutivo resolvió directamente correr a todos los acreditados de la sede gubernamental.
El trasfondo político vuelve el episodio todavía más delicado. En mayo de 2025, el Gobierno ya había endurecido de manera formal el régimen de acreditaciones para la prensa en la Casa Rosada mediante la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios, que fijó nuevas condiciones, controles y criterios de admisión para el trabajo periodístico dentro de la sede oficial. Aquella reforma había sido leída como un intento de disciplinamiento. Lo de ahora parece ir bastante más lejos: directamente dejar sin presencia física a los periodistas acreditados en el corazón del poder político.
La medida además se inscribe en una secuencia más amplia de hostilidad oficial hacia la prensa. En marzo de 2025, el propio vocero Manuel Adorni había impulsado cambios polémicos para las conferencias en la Casa Rosada, entre ellos un eventual “botón muteador”, nuevas reglas de comportamiento y criterios más restrictivos para la acreditación. Más tarde, en febrero de 2026, la administración sumó una oficina específica para responder y “desenmascarar” supuestas operaciones mediáticas, en otro movimiento que fue interpretado como parte de una escalada contra el periodismo crítico.
En términos institucionales, el cuadro es serio. El Gobierno argumenta razones de seguridad y de investigación judicial. Pero el resultado concreto es que la prensa profesional quedó fuera de la sede donde se toman decisiones centrales del Poder Ejecutivo, en un país donde el acceso periodístico a la Casa Rosada fue históricamente parte básica del funcionamiento democrático. El mensaje político también es nítido: frente a coberturas incómodas o material sensible, la reacción oficial ya no pasa sólo por la descalificación verbal o la selección de interlocutores, sino por el bloqueo directo del acceso.
La decisión de este jueves, así, no debería leerse como un episodio administrativo menor ni como una simple disputa entre el Gobierno y algunos periodistas. Lo que quedó expuesto es algo más profundo: una voluntad cada vez más abierta de controlar quién entra, quién pregunta y quién puede mirar de cerca al poder. Y cuando una administración decide que la respuesta a un supuesto caso de espionaje es cerrar la Casa Rosada a la prensa acreditada, lo que entra en discusión ya no es sólo una cobertura periodística. Lo que empieza a ponerse en juego es la calidad misma de la vida pública.
Fuentes consultadas: cobertura periodística del 23 de abril de 2026 sobre la prohibición de ingreso a la prensa acreditada en la Casa Rosada, el retiro preventivo de huellas dactilares y la denuncia por presunto espionaje ilegal; antecedentes del 6 de abril de 2026 sobre restricciones previas a cronistas acreditados; presentación judicial de la Casa Militar contra periodistas de TN; Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios sobre acreditaciones periodísticas; y reportes sobre medidas previas del Gobierno hacia la prensa en la sede oficial.
