Buenos Aires-23 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno sumó un nuevo foco de desgaste político y patrimonial después de que salieran a la luz registros en Estados Unidos que vinculan al secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, con al menos cinco propiedades en Florida que no habrían sido declaradas ante las autoridades argentinas, mientras otras tres unidades fueron mencionadas en una revelación televisiva, lo que elevaría a ocho el total de inmuebles bajo sospecha. El episodio vuelve a colocar bajo la lupa a un funcionario de peso del equipo económico y reabre una discusión que ya no se agota en un caso individual: la distancia entre el discurso anticasta del oficialismo y los papeles que empiezan a emerger alrededor de algunos de sus cuadros más sensibles.
De acuerdo con la información aportada, Frugoni figura vinculado a parte de esas propiedades a través de dos sociedades de responsabilidad limitada creadas en Delaware, una de las jurisdicciones más opacas de Estados Unidos para este tipo de estructuras. Se trata de Genova LLC y Waki LLC, que habrían sido utilizadas como vehículos para adquirir y administrar departamentos en Florida con valores que oscilan entre los US$140.000 y los US$310.000. El cuadro se vuelve todavía más incómodo porque no se trata de un funcionario menor ni lateral: Frugoni es uno de los hombres con mayor responsabilidad sobre infraestructura y transporte dentro del Ministerio que conduce Luis Caputo, en un área donde pasan obras, concesiones y decisiones de fuerte impacto económico.
El eslabón más comprometedor, sin embargo, aparece a nombre propio. Según surge del material remitido, uno de los inmuebles del condado de Palm Beach, concretamente el apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en Delray Beach, figura directamente a nombre de Carlos Frugoni, quien lo habría adquirido el 1 de julio de 2021 por US$215.000. La valuación fiscal para 2025 asciende a US$230.000, aunque en portales inmobiliarios la tasación rondaría los US$310.500. La propiedad, de tres ambientes y dos baños, aparece además con un beneficio fiscal especialmente llamativo: una exención que en la legislación del estado de Florida suele concederse a quienes declaran esa unidad como residencia principal permanente. Y ahí es donde el asunto adquiere un tono todavía más espeso, porque Frugoni reside y trabaja en la Argentina como funcionario público nacional.
Como si eso no bastara, uno de los domicilios postales asociados a otra de las propiedades remite a una dirección consignada en Benavídez que coincide con la sede del club Newman, una referencia que suma rareza documental al cuadro general. El detalle puede parecer lateral, pero en este tipo de expedientes las direcciones, las sociedades, los beneficiarios finales y los movimientos registrales suelen ser justamente las piezas que permiten reconstruir el verdadero esquema patrimonial. En este caso, lo que aparece es una combinación demasiado sensible: bienes en el exterior, sociedades en jurisdicciones opacas, inconsistencias documentales y ausencia de esos activos en las declaraciones exigidas por la normativa argentina.
El problema se agrava todavía más cuando se lo conecta con otros casos que ya empezaron a rodear al oficialismo. El propio material incorporado ubica a Frugoni dentro de una secuencia más amplia de funcionarios observados por sus bienes en el exterior, y menciona en particular al actual titular de la ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, señalado además como colaborador asociado del ex espía Horacio Antonio Stiuso. Según lo remitido, Vázquez habría adquirido cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade, valuadas en conjunto en más de US$2 millones, mediante un entramado de sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Ese expediente, a diferencia de la revelación sobre Frugoni, ya tiene derivación penal concreta.
En el caso de Vázquez, la investigación judicial quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán, bajo sospechas por presunta omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos. La sola mención de ese antecedente cambia el contexto en el que hoy impacta el caso Frugoni. Porque ya no se trata de una revelación aislada ni de una anomalía administrativa que pueda minimizarse con una explicación técnica. Lo que empieza a dibujarse es un patrón incómodo: funcionarios de primera línea, patrimonios opacos, sociedades en el exterior y lentos expedientes judiciales que erosionan el relato de pureza ética con el que Javier Milei llegó al poder prometiendo barrer con los privilegios de la vieja política.
Desde el punto de vista normativo, la situación es delicada. La legislación de ética pública obliga a todos los funcionarios a presentar declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Oficina Anticorrupción, incluyendo la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, así como sus participaciones societarias. La omisión de esos activos no es un detalle burocrático: puede derivar en una causa por omisión maliciosa, con penas de prisión e inhabilitación especial. Por eso, si se confirmara que los inmuebles y las sociedades vinculadas a Frugoni no fueron informados en tiempo y forma, el caso podría escalar rápidamente desde el plano político al judicial.
Para la Casa Rosada, el daño ya empezó aunque todavía no exista una imputación formal. Cada nuevo caso de bienes no declarados, sociedades opacas o patrimonios difíciles de explicar perfora un poco más el blindaje moral que el oficialismo intentó construir frente a la sociedad. Y cuando a eso se le suma el antecedente de Andrés Vázquez y su relación con Stiuso y la estrecha relacion de éste con el juez Martinez de Giorgi,quien lleva la causa, la escena deja de ser la de una simple irregularidad patrimonial. Pasa a parecerse mucho más a una cadena de episodios y connivencias que vuelven a poner en discusión a la justicia y si el Gobierno realmente vino a terminar con la casta o si, en algunos despachos, apenas cambió de nombres.
