Buenos Aires-25 de Abril de 2026-Total News Agency-TNA- La Justicia Federal avanzó con uno de los capítulos más sensibles de la Causa Vialidad: el decomiso de los bienes vinculados a la ex presidente Cristina Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, en un intento por recuperar cerca de $685.000 millones considerados producto del fraude contra el Estado.
La decisión, ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, habilita la ejecución de un vasto entramado patrimonial compuesto por 111 inmuebles, en lo que se configura como una de las mayores acciones de recuperación de activos en la historia judicial argentina .
El detalle de los bienes revela la magnitud del esquema. De ese total, 84 propiedades corresponden a Lázaro Báez, mientras que 19 están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo activos clave como el complejo hotelero Los Sauces, y una propiedad directa de Cristina Kirchner, ubicada en El Calafate, con más de 6.000 metros cuadrados.
Entre los inmuebles más relevantes figura el terreno situado en la Avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino, incorporado al patrimonio familiar en 2007. También aparecen diez unidades funcionales en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, transferidas ese mismo año a los hijos de la ex presidente.
El inventario continúa con una vivienda en 25 de Mayo al 200, adquirida en 2010, y otra propiedad en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, incorporada en 2006. A esto se suman numerosos terrenos en la zona de El Calafate, muchos de ellos adquiridos entre 2007 y 2008, donde se desarrollaron emprendimientos vinculados al negocio hotelero y turístico.
Uno de los puntos más significativos del expediente es el lote donde se construyó el complejo Hotel Los Sauces, que ya había sido objeto de investigación en otras causas judiciales. También se incluyen parcelas de gran extensión, como terrenos de 44.106 metros cuadrados y 87.046 metros cuadrados, lo que refuerza la dimensión del patrimonio bajo análisis.
En el caso de Lázaro Báez, la lista incluye activos emblemáticos como la denominada Chacra 39 de Río Gallegos, un predio de alto valor simbólico donde el empresario mantenía encuentros con el fallecido expresidente Néstor Kirchner. Este terreno cuenta con instalaciones como quinchos, biblioteca y subsuelo, donde incluso se exhibía una bodega de vinos en medio del escándalo por la llamada “ruta del dinero K”.
Además, el decomiso alcanza propiedades vinculadas a empresas clave del esquema, como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, firmas que concentraron la obra pública en Santa Cruz durante los años investigados.
El fallo también deja en claro que, si los bienes actuales no alcanzan para cubrir el monto total, la Justicia podrá avanzar sobre el patrimonio de otros condenados, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad como Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
Uno de los puntos clave de la resolución es el criterio adoptado por los jueces: no se exige una trazabilidad exacta del dinero ilícito hacia cada bien, sino una “vinculación económica razonable”. Este enfoque permitió incluir propiedades transferidas a terceros, como los hijos de la ex presidente, bajo el argumento de que el decomiso no es una sanción personal, sino una medida destinada a recomponer el patrimonio del Estado.
La defensa de Cristina Kirchner intentó excluir varios de estos activos, incluyendo departamentos y terrenos en Santa Cruz, pero los planteos fueron rechazados en todas las instancias.
Con este avance, la causa entra en una fase decisiva: la ejecución efectiva de los bienes. Más allá de las apelaciones pendientes, el proceso marca un hito en la lucha judicial contra la corrupción y deja al descubierto la dimensión patrimonial de uno de los casos más emblemáticos del poder político argentino en las últimas décadas.
