Madrid, 28 de abril-Total News Agency-TNA- El Congreso de los Diputados derogó este martes el decreto ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que permitía prorrogar por dos años determinados contratos de alquiler y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, en una nueva derrota parlamentaria para el Ejecutivo español.
La norma cayó con 177 votos en contra, 166 a favor y cinco abstenciones, gracias a la mayoría formada por PP, Vox y Junts, mientras que el PNV optó por abstenerse. El resultado dejó sin efecto una medida que había sido defendida por Sumar como herramienta para contener la crisis habitacional, pero que la oposición cuestionó por considerar que agravaba la inseguridad jurídica y castigaba a los propietarios.
El decreto permitía extender por dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, además de establecer un tope del 2% para las actualizaciones anuales de la renta. La iniciativa había sido presentada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, como una medida de protección para los inquilinos frente al fuerte aumento de precios.
Sin embargo, el rechazo de Junts terminó siendo decisivo. El partido catalán argumentó que el decreto “criminalizaba” a los propietarios y reclamó otro tipo de medidas, entre ellas incentivos fiscales y mayor seguridad para quienes ponen viviendas en alquiler. Esa postura coincidió con el voto negativo de PP y Vox, que vienen cuestionando la política intervencionista del Gobierno en el mercado inmobiliario.
La caída del decreto también abrió un escenario de incertidumbre para los inquilinos que ya habían solicitado la prórroga durante el período en que la norma estuvo vigente. Distintas asociaciones y juristas advierten que podría abrirse una discusión legal sobre la validez de esas solicitudes, mientras que el Gobierno sostiene que buscará nuevas alternativas para sostener la protección habitacional.
El episodio vuelve a mostrar la fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, obligado a negociar cada iniciativa con aliados de intereses contradictorios. En este caso, la izquierda presionó para profundizar la intervención estatal sobre los alquileres, pero Junts se alineó con la oposición de centroderecha y derecha, dejando al oficialismo sin los votos necesarios.
Para el bloque opositor, la votación marca un límite político al avance de medidas que, según sus dirigentes, desalientan la oferta de viviendas, generan desconfianza entre propietarios y terminan agravando el problema que dicen resolver. El argumento central es que congelar o limitar precios por decreto no aumenta la cantidad de inmuebles disponibles, sino que empuja a muchos dueños a retirar propiedades del mercado.
El Gobierno, en cambio, intentó presentar el revés como un golpe contra millones de inquilinos. Yolanda Díaz y dirigentes de Sumar reclamaron mantener la presión social y anticiparon que insistirán con nuevas fórmulas legislativas. Pero la votación dejó una señal clara: la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez vuelve a mostrar grietas profundas cuando se trata de vivienda, propiedad privada y reglas de mercado.
