Buenos Aires, 4 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra esta semana en una etapa sensible, con la declaración de dos testigos considerados importantes para reconstruir el origen de fondos, gastos patrimoniales y operaciones inmobiliarias que quedaron bajo la lupa de la Justicia.
El lunes está previsto que declare Matías Tabar, contratista vinculado a las refacciones de la propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, una vivienda asociada al entorno familiar del funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita buscará determinar cuánto dinero se pagó por las obras, de qué manera se abonaron y si esos montos guardan relación con los ingresos declarados por Adorni.
El miércoles será el turno de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que aparece mencionada en la operación por el departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito. Según la investigación, Miano habría tenido participación como nexo en esa compraventa junto a Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra jubilada señalada en el expediente.
El caso se volvió más delicado luego de que se conocieran gastos superiores a los 9 millones de pesos en un viaje familiar corto a Bariloche, realizado cuando el funcionario percibía ingresos sensiblemente menores a esa cifra. También se investigan otros viajes de características similares, tanto dentro como fuera del país, mientras la Justicia procura establecer si fueron solventados con fondos propios o si existen inconsistencias patrimoniales.
Adorni niega haber cometido delito alguno. Durante su exposición del 29 de abril ante el Congreso de la Nación, sostuvo que su patrimonio está declarado conforme a la Ley de Ética Pública y que sus viajes familiares fueron de “índole personal” y pagados con recursos privados. Desde el Gobierno remarcan, además, que no existen pagos estatales registrados por traslados personales del funcionario.
La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanzará ahora sobre el análisis de ingresos, egresos, propiedades, pagos en efectivo, préstamos y viajes. El objetivo será determinar si las cifras bajo investigación pueden justificarse con los ingresos formales del jefe de Gabinete desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
En paralelo, el frente político también se recalentó. El diputado nacional Rodolfo Tailhade pidió explicaciones por el presunto uso de autos oficiales y custodia por parte de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, para actividades personales. El funcionario respondió que denunciará al legislador por presunto espionaje ilegal.
Pese al avance judicial, el Gobierno Nacional mantiene su respaldo público al jefe de Gabinete. En la Casa Rosada destacan su rol en la comunicación oficial y en la coordinación interna de la administración de Javier Milei, mientras se espera que retome las conferencias de prensa diarias con la reapertura de la sala de periodistas acreditados.
El expediente continuará durante mayo con nuevas medidas de prueba. La clave estará en determinar si los gastos, propiedades, reformas y viajes atribuidos a Adorni encuentran respaldo documental suficiente o si, por el contrario, profundizan las sospechas sobre un crecimiento patrimonial difícil de explicar.
